Laboral

"Pagar por trabajar": prolifera el fraude de los contratos de prácticas

Los sindicatos denuncian "la explotación" de trabajadores jóvenes titulados y las pérdidas para la Seguridad Social

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Un informe de la UGT denuncia que la Seguridad Social pierde 1.500 millones en cotizaciones por el fraude en los contratos de prácticas.

Madrid“Mira, ya te he encontrado una. Es justamente lo que te digo, pagas casi 300 euros por un curso, pero para poder estar seis meses contratado como becario, a media jornada y por 360 euros”. Carlos (nombre ficticio) es periodista y sociólogo y hace meses que busca trabajo. Envía currículums, pero también está inscrito en más de un portal donde minuto tras minuto se actualizan las ofertas, que revisa haciendo scroll a la pantalla del ordenador. Entre estos anuncios, asegura que “cada semana” encuentra muchos de similares al que explica al comienzo. “Apesta a trapicheo que alucinas, porque al final tienes a una persona trabajando a media jornada, pero con un contrato así te sale muy barato”, reflexiona.

En este caso, la oferta es de “becario técnico de investigación” para una consultoría, y las tareas, a priori, van desde el análisis de datos hasta la redacción de informes. La formación mínima requerida es de nivel universitario, pero también se tiene en cuenta haber hecho un máster. Al final del anuncio, en las “observaciones”, se detalla que “la persona seleccionada tendrá que inscribirse en un curso online universitario de 295 euros”. En función de la plataforma de búsqueda de trabajo que usa, Carlos encuentra ofertas “más o menos” similares. “En LinkedIn casi siempre te piden que estés matriculado previamente o estudiando algo para poder firmar un convenio de prácticas, pero no que lo tengas que hacer después”, apunta.

“Es un fraude en toda regla”, anticipa el responsable de juventud de la UGT, Eduardo Magaldi. Este asesor laboral explica que cuando jóvenes como Carlos se incorporan en puestos de trabajo así desarrollan tareas normales, con la diferencia que están contratados como becarios. Es decir, cobran menos (si cobran) y la empresa también cotiza menos por ellos. Desde el sindicato aseguran que esta fórmula de “pagar por trabajar” se está extendiendo. Según el informe de la UGT Fraude en prácticas no laborales, el objetivo es conseguir a estudiantes en prácticas a través de su matriculación en cursos, porque ya no cuentan como alumnos de grados, másteres o formación profesional.

“No solo es una cuestión de que la persona que busca trabajo no decide hacer el curso voluntariamente, sino que las prácticas que te ofrecen en un primer momento no están asociadas a ningún plan de estudios”, apunta el informe. Suelen ser cursos “de formación digital y de pésima calidad” y en muchos casos “son los mismos jóvenes los que tienen que acabar afrontando el gasto, que suele ser de unos 200 euros”, explica Magaldi. Desde la UGT denuncian que este “fraude en la formación y contratación” esconde una relación laboral y, por lo tanto, que también “hay un fraude a la Seguridad Social a través de las cotizaciones”. De hecho, por esta práctica en 2018 la Seguridad Social dejó de ingresar 1.500 millones de euros en cotizaciones, según se desprende del estudio del sindicato.

Traslado a los tribunales

Según el informe Falsos autónomos y falsos becarios: una aproximación institucional al caso español, hay hasta 12 tipo de contratos diferentes destinados a los jóvenes. Algunos, considerados “contratos de prácticas laborales”, son los que combinan trabajo y formación. Otros, en cambio, son “contratos de prácticas no laborales”, con los que el becario recibe formación pero no puede exigir la contrapartida propia de un trabajador. Por eso, los sindicatos hace tiempos que reclaman una regulación unificada, concreta y robusta, puesto que facilitaría los procesos de denuncia a los tribunales.

“Estudié ciencias políticas y un máster de estudios de género, después. En ningún momento hacíamos tareas de formación vinculada a los estudios como por ejemplo investigación, sino que era trabajo administrativo: coger el teléfono, atención desde la ventanilla, cosas así”, explica Victor Terrón. Es uno de los miembros de Becarixs UCM que ha trabajado en la Universidad para Gente Mayor de la Universidad Complutense de Madrid y que ha llevado a los tribunales esta situación. "Lo que denunciamos, una vez acabada la beca, es que lo que había entre nosotros y la universidad no era una relación formativa, sino laboral como con el resto de trabajadores, que podía darse en régimen de subalternidad”, defiende. El hecho de que nunca se llegue a formar a estos estudiantes y se les encarguen trabajos rutinarios también es un fraude en si mismo, destaca el informe.

España es el país de la Unión Europea con más jóvenes trabajadores pobres. Concretamente, en 2019 un 15,7% de este colectivo estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, según Eurostat. “Los jóvenes salen con un grado universitario o un máster y con las prácticas ya hechas, y lo único que se los ofrece son más prácticas, muchas veces sin remuneración”, denuncian los sindicatos.

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