El fin de los peajes acabará costando a la Generalitat 170 millones de euros durante los próximos cinco años

BarcelonaPara Jordi Puigneró, el 31 de agosto será “un día histórico”. El fin de la temporada de verano coincide este año con el adiós a una parte de los peajes catalanes: desde el próximo martes ya no habrá que pagar para circular por la AP-7, la AP-2, por el norte de la C-32 y por la C-33. Y parece, según el mensaje que lanza el vicepresident, que se trata de una despedida definitiva: “Si depende del gobierno de Catalunya, los peajes tal y como los hemos entendido hasta ahora no volverán”. Solo hay que saber cómo se tendrán que entender a partir de ahora. 

Lo que está claro es que de momento será la Generalitat la que se encargará de sostener las dos vías de alta capacidad que son responsabilidad suya: la C-32 y la C-33. Por eso el ejecutivo tendrá que invertir 7,5 millones de euros para quitar físicamente los peajes, unos 6 millones de euros anuales para mantener las vías y 15 millones más cada cuatro o cinco años por el mantenimiento extraordinario. Por ejemplo, para volverlas a asfaltar. Este dinero saldrá de los presupuestos de la Generalitat, una estrategia, a ojos de Puigneró, “absolutamente asumible y factible”.

Pero, además, el departamento de Territorio prevé una inversión de unos 120 millones de euros durante los próximos cinco años para adaptar estas carreteras y las de sus alrededores a la nueva movilidad de la zona. El secretario general de la conselleria, Ricard Font, afirma que sobre todo se prevé que gran parte de los vehículos que ahora van prioritariamente por la N-II pasen a utilizar la C-32. 

En el caso del tramo que va de Masnou a Premià, por ejemplo, calculan que la C-32 pasará a absorber el 87% del tránsito (respecto al 76% actual). La utilizará la misma proporción de vehículos para ir de Caldes de Estrac a Arenys, cuando ahora esta vía tiene una cuota del 66%. 

Mejorar, pues, la conectividad de la autopista que pasa a ser gratuita o pacificar la N-II requerirá inversiones por un valor de 120 millones de euros. Entre esto, las obras para levantar barreras y los mantenimientos anuales, el fin de los peajes supondrá un coste global para el Govern de unos 170 millones de euros durante los próximos cinco años. 

La incógnita del nuevo modelo

Con todo, la idea es que todo esto sea solo una solución temporal hasta que no se encuentre una nueva fórmula para que sean los conductores los que paguen las carreteras. Hasta ahora el sistema preferido de la Generalitat era la viñeta, una especie de tarifa plana que se pagaría para circular, pero ahora parece que el ejecutivo se inclina más por corresponder con Europa y hacer pagar a quien más utilice la infraestructura y quien más contamine utilizándola. 

“Sabemos qué quiere la Unión Europea, sabemos cuáles son los plazos que ha marcado (ha dado dos años al estado español a partir de enero para definir un nuevo modelo) y sabemos qué modelo quiere Catalunya, lo que no sabemos es qué modelo quiere el estado español”, razona el vicepresidente.

Una parte de la solución, para la Generalitat, es que el Estado le traspase las competencias para gestionar desde aquí las autopistas catalanas. De hecho, ya lo pidió Puigneró a la nueva ministra de Transportes española, Raquel Sánchez Jiménez, en la ”famosa” reunión en que se acordó la ampliación del aeropuerto. Según él, la ministra es sensible a la cuestión entre otras cosas porque es catalana, pero esto no le garantiza la vía libre del Estado.

Así, al Govern no le queda mucha más opción que esperar que el Estado mueva ficha. Ahora bien, sea cuál sea el modelo por el que se decante el gobierno español, dice el conseller, no lo podrá implementar de manera unilateral porque hay infraestructuras de titularidad catalana, lo que le obligará a discutirlo con la Generalitat. Y la Generalitat –asegura– no aceptará ningún modelo “en que los catalanes continúen pagando y los españoles no”. De hecho, una de las cosas que tiene claras el ejecutivo es que quiere un modelo homogéneo que transforme incluso los peajes que tienen vigencia hasta 2039 y que incluya también los peajes en sombra.