El fin de los peajes dejará sin trabajo a 408 trabajadores en Catalunya
El personal de mantenimiento es el único que continuará a partir del 1 de septiembre después del ERE
El 31 de agosto será el último día que se pagarán los peajes de la AP-7 entre Salou y la Jonquera; en la AP-2, la autopista que une la AP-7 con Zaragoza pasando por Lleida, y en el tramo norte de la C-32 entre Montgat y Palafolls y la C-33, entre Barcelona y Montmeló. Lo que de cara al usuario parece una buena noticia no lo es para los trabajadores. Según ha podido saber el ARA, el levantamiento de barreras supondrá la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) por extinción por parte de Abertis, que finaliza estas concesiones, para 408 trabajadores, la mayoría de los cuales se dedican al cobro de peajes.
El gobierno español, propietario de la AP-7 y la AP-2, y la Generalitat, titular de la C-32 y la C-33, solo subrogarían la plantilla que se dedica al mantenimiento, formada por 231 personas, tal como ya hizo el ejecutivo central con el fin del peaje de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4. En aquel momento, idéntico al que se vivirá ahora, 136 empleados perdieron el trabajo. Consultados por este diario, portavoces de Abertis se limitan a decir que todavía se está negociando la cifra y mantienen que serán alrededor de 400 trabajadores los afectados por el ERE.
Si se desglosan las cifras, en la AP-7 y la AP-2 trabajan actualmente 525 personas de la filial de Abertis, Acesa, de las cuales 190 se dedican al mantenimiento. En cuanto a la C-32 y C-33 Invicat, que también es filial de Abertis, tiene una plantilla de 114 personas, de las cuales 41 también hacen tareas de conservación de la vía.
Tanto el gobierno español como la Generalitat, que a partir del 1 de septiembre se tendrán que encargar tanto de la conservación como de la explotación de estas vías, han empezado ya a mover hilos pero a ritmos muy diferentes. El ejecutivo central, después de hacer el requerimiento de toda la documentación de la AP-7 y AP-2 a Acesa, aprobó el 30 de marzo sacar a concurso cinco contratos de mantenimiento valorados en 655 millones de euros (541 millones más IVA) por los diferentes tramos de estas autopistas. Los contratos tendrán una duración de dos años prorrogables a tres más. A estos concursos se tiene que añadir que el ejecutivo también sacó a licitación un contrato de 19 millones para gestionar el centro de operaciones de estas autopistas. En cuanto a la Generalitat, solo ha pedido la información a Invicat sobre la C-32 y C-33 pero todavía no ha hecho ningún tipo de licitación a pesar de que quedan poco más de cuatro meses para que se acaben las concesiones de los peajes.
Las mismas indemnizaciones que los de Tarragona
Las negociaciones por ERE de extinción, que por ley se tienen que hacer obligatoriamente, se abrirán a principios de julio. Si no hay sorpresas estos trabajadores recibirán las mismas indemnizaciones que los de la filial de Abertis, Aumar, que tenía la concesión de la AP-7 hasta Tarragona, y que son las máximas que recoge la ley. Se trata de 45 días por año trabajado con un tope de 42 meses de los trabajadores previos al 2012 y de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses para los ejercicios trabajados a partir de aquel año. El acuerdo también recogía otras medidas complementarias como un convenio especial para los afectados con 55 o más años o un seguro médico durante un año.
El tramo de la AP-7 entre Salou y Alicante levantó las barreras de peaje el 1 de enero del 2020. Más de un año después todavía no está resuelto cuál tiene que ser el futuro de las vías de alta capacidad. Desde el gobierno español no se ha aclarado si se impondrá un modelo de pago por uso, como podría ser una viñeta. Esta es precisamente la opción que siempre ha defendido la Generalitat porque permitiría recaudar fondo para hacer el mantenimiento de las vías y, a la vez, para garantizar nuevas inversiones.
El fin de las cuatro concesiones llega en uno de los peores momentos que atraviesa Abertis, que por primera vez cerró el 2020 con unos resultados negativos por la caída de tránsito debido al confinamiento. Concretamente las pérdidas fueron de 392 millones de euros, una cifra que está muy lejos de los 352 millones de beneficios que tuvo en 2019. La empresa, participada por la italiana Atlantis y la constructora española ACS –propiedad de Florentino Pérez–, ingresó el año pasado 4.054 millones, un 18% menos que en 2019.
Para compensar la caída de tránsito Abertis pidió alargar las concesiones pero el ministro de Fomento , José Luis Ábalos, ha dejado claro en varias ocasiones que los peajes se acaban el 31 de agosto.
