Promocionar el transporte público es lo que toca, pero la mayoría no es del Estado

Un ejemplo de cómo ha cambiado España en tres lustros: en 2008, el gobierno central regaló 400 euros a cada ciudadano que hacía la declaración de la renta. Eran años de superávit presupuestario y el Gobierno iba sobrado. Entre el anuncio y la entrega de este regalo hubo unas elecciones generales, que Zapatero ganó cómodamente. Aquello costó 5.700 millones. No muchas semanas después, empezaba una de las crisis más duras en décadas. Ahora, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez se gastará 540 millones, una décima parte, en la entrega de 200 euros a los hogares más humildes (aquellas donde la renta de sus integrantes no supera los 14.000 euros anuales) para combatir una inflación desbocada. El impacto de esta medida difícilmente será más que moderado.

De todas las medidas anunciadas por Sánchez, la más coherente es la de promocionar el transporte público recortando el precio de los billetes multiviaje al 50% (en el caso de los transportes titularidad del Estado) o un 30% (si los transportes son de titularidad autonómica o local). Esto tiene la trampa de que la mayor parte de los transportes públicos son autonómicos y locales: pienso en el metro de Barcelona y Madrid o en las Cercanías catalanas, que están transferidas a la Generalitat.

En números gordos: el año pasado en España se hicieron más de 2.000 millones de viajes en transporte urbano, que no gestiona el Estado. En cambio, en transporte interurbano (fuera en bus o ferrocarril) hubo 1.850 millones de viajeros, según el INE. Traducido: el Estado no es quien tiene más viajeros. De hecho, Sánchez solo reserva 221 millones para esta partida.

Sea como sea, la idea de promocionar el transporte público va en la buena dirección. La inflación lo tapa todo y quizás no siempre somos conscientes de que también estamos en medio de la peor crisis energética desde los años 70 y que, por lo tanto, no solo tienen que bajar los precios de la energía, sino que también tenemos que consumir menos. La idea de promocionar el transporte público, por lo tanto, está muy encaminada. Si tuviéramos un buen transporte público para entrar y salir de Barcelona, ya sería para nota.

El impuesto a las eléctricas, para más adelante

El Gobierno también ha optado por aplazar a enero el impuesto que grabe los beneficios caídos del cielo que ganan las eléctricas gracias al inaudito contexto que estamos viviendo. Hace meses que Sánchez prefirió intervenir el precio del gas, seguramente porque creía que sería rápido y que tendría un efecto más inmediato para hacer bajar el IPC. La alternativa (grabar a las eléctricas y destinar el dinero a rebajar el recibo de la luz) es la opción elegida por Italia y quizás era más efectiva, pero también más lenta. Y si algo sabemos del presidente español es que le gustan las jugadas rápidas y los golpes de efecto.