Las rentas de hasta 38.000 euros podrán acogerse a las ayudas para hipotecados

MadridEl gobierno español y la banca mueven ficha para que más personas hipotecadas puedan aprovechar las medidas desplegadas para afrontar las subidas de tipos de interés. El ministerio de Economía ha planteado ampliar el umbral de renta de las familias que pueden acogerse al código de buenas prácticas extraordinario —paquete de medidas para aliviar el coste de la hipoteca— aprobado a finales de 2022 y que estará en vigor todo este 2024.

En concreto, este umbral se incrementará hasta los 38.000 euros brutos anuales, según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en rueda de prensa este lunes al mediodía. Hasta ahora, el umbral de renta mínimo para acogerse a este código de buenas prácticas era de 29.400 euros. De hecho, el acuerdo entre PSOE y Sumar para reeditar el gobierno de coalición ya recogía ampliarlo a 37.800 euros.

Ante la crisis energética y de precios y la consiguiente subida de los tipos de interés, la principal preocupación no ha sido tanto la pérdida sobrevenida de recursos por parte de las familias, como ocurrió en la anterior crisis de 2008, como el hecho de que aumenten los costes hipotecarios abruptamente. Es decir, que crezca la tasa de esfuerzo de una familia por hacer frente al préstamo. En concreto, el aumento de los tipos de interés ha disparado al Euribor, el indicador de referencia para las hipotecas. Pese a que esta semana ha registrado una caída por debajo del 3,7%, en los últimos meses ha estado por encima del 4% y ha registrado la senda de crecimiento más alta de los últimos 20 años.

De entrada, ampliar el umbral era una opción que no aplaudían ni al Banco de España ni a las entidades financieras, que pedían "más tiempo" para evaluar el impacto de las medidas hasta ahora desplegadas: un código de buenas prácticas excepcional, y un refuerzo del código de buenas prácticas tradicional. De hecho, el sector puede decidir si se acoge o no al código de buenas prácticas y hasta que se adhiera a él no está obligado a ofrecerlo a sus clientes. "No consideramos necesario incrementar el umbral", ha dicho la directora general de la Asociación Española de Banca, María Abascal, quien, sin embargo, ha asegurado que "el sector estará a la altura".

55.000 solicitudes

A finales de 2022, el gobierno español había estimado que había "un millón" de potenciales hipotecados que podrían acogerse a la serie de medidas aprobadas. Ahora, con esta actualización del código de buenas prácticas extraordinario, Calviño ha apuntado que unas "100.000 familias" podrían ampararse de forma adicional. Según los últimos datos del Banco de España, las entidades financieras han recibido un total de 55.000 solicitudes por acogerse a alguno de los dos códigos de buenas prácticas. Sin embargo, de todas las solicitudes presentadas, las aceptadas caen en picado, al menos hasta el mes de junio, cuando las entidades sólo aceptaron 4.200 peticiones de clientes para acogerse al código de buenas prácticas extraordinario o al código de buenas prácticas tradicional.

"No estamos detectando un riesgo de carácter macroeconómico sobre la estabilidad financiera derivada del ámbito hipotecario, pero está claro que los niveles de renta de 38.000 euros son los que se están viendo más afectados y tienen más hipotecas a tipo variable ", ha defendido Calviño.

¿Cómo se benefician las familias?

Ampliar ese umbral abre la puerta para que más familias puedan acogerse a una serie de medidas que recoge el código de buenas prácticas. Así, las entidades tendrán que ofrecer la posibilidad de una congelación de la cuota mensual durante 12 meses, con un tipo de interés menor sobre el principal prorrogado y el alargamiento de hasta 7 años del plazo del préstamo. Estas medidas se complementan con la eliminación de las comisiones por amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable, así como la gratuidad de los gastos y comisiones por conversión del crédito de tipo variable a fijo o mixto durante todo 2024.

Más inclusión financiera

Sin embargo, el gobierno español y la banca también han acordado ampliar las medidas desplegadas desde el año pasado para fortalecer la inclusión financiera y la atención personalizada de los clientes. Como propuesta estrella, el ministerio de Economía ha decidido eliminar las comisiones por la retirada de efectivo para aquellos colectivos de mayores, mayores de 65 años, y de las personas con algún grado de discapacidad reconocido.