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Una semana menos de espera: el balance del primer año de la ley de desburocratización empresarial

Los agentes sociales valoran bien la norma pero advierten que el trabajo no está hecho

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Carpetes con documentos

BarcelonaEra una demanda expresa de la consejera Àngels Chacón; la ley se aprobó bajo el mandato de su sucesor, Ramon Tremosa, y la implementación llegó con el actual titular de Empresa i Treball, Roger Torrent. Ha sido este julio cuando se ha cumplido un año del decreto que despliega las previsiones de la ley 18/2020 de facilitación de la actividad económica.

Trámites más ágiles, menos papeles, permisos y autorizaciones para que la relación entre la administración y las empresas sea más eficiente y un ahorro anual de 38 millones de euros para el conjunto. Este era el objetivo de una norma que ahora evalúa la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), pero ¿cuáles han sido sus efectos?

"La valoración es muy positiva: hemos conseguido mejorar el número de beneficiarios, tenemos un récord histórico. Durante este año hemos beneficiado a más gente y hemos conseguido reducir el tiempo de los expedientes pese al incremento del número", ha explicado al diario ARA la gerente de la OGE, Cristina Pruñonosa.

Más expedientes y menos tiempo

Según datos a los que ha tenido acceso el ARA, durante el 2022 la ley benefició a 578.658 empresas y autónomos, un 2,5% más de lo previsto, y a través de la ventanilla única empresarial se gestionaron 612.000 expedientes, un incremento del 17,3% respecto al año anterior. Este punto de referencia único para las empresas y emprendedores para relacionarse con la administración ha incorporado a su catálogo 42 trámites, hasta alcanzar los 722.

Con el decreto, según la Generalitat, se ha logrado que el tiempo de resolución de los más de 600.000 expedientes que se gestionan desde la ventanilla única empresarial pase de 22 a 15,9 días, un 27,7% menos. En los expedientes complejos –los que tienen relación con la seguridad, la salud y el medio ambiente–, la reducción del tiempo medio ha sido del 32%, pasando de 41 a 28 días. El ejemplo más destacado es la duración de los expedientes de fotovoltaicas, en relación con los trámites de autoconsumo, que son los más voluminosos. El trámite se alargaba hasta 40 días y ahora la media es de 16.

Ahorro de 44,4 millones de euros

Esta ley también ha superado las previsiones de ahorro realizadas antes de su aprobación. En un año, la norma ha permitido ahorrar 44,4 millones de euros, un 17% más de lo previsto.

La reducción de cargas derivadas de la estandarización del régimen de comunicación por actividades ha supuesto un ahorro de 32 millones, la tramitación electrónica obligada de los expedientes ha permitido reducir el gasto de 8,2 millones y la reutilización de los datos a partir de la tramitación unificada, unos 4,3 millones de euros, según datos de Empresa.

Este año, el Govern ha aprobado un acuerdo para ampliar el equipo de la OGE con 22 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 30,1% respecto a la plantilla actual, que es de 73 trabajadores, por lo que pasarán a ser 95 personas. Con las nuevas incorporaciones, la OGE podrá atender a 10.000 clientes al año de forma personalizada.

Las patronales ven puntos de mejora

"Es una buena propuesta y aspectos como el principio only once o el hecho de priorizar la comunicación por encima de la licencia son avances", explica el presidente de Cecot, Xavier Panés, al ARA. Aun así, el representante empresarial considera que a la hora de implementarla tienen lugar "varias casuísticas", sobre todo en función de la administración de cada municipio, que ralentizan su total despliegue y retrasan poder operar con el máximo de funcionalidades posible.

"Ni todos los ayuntamientos tienen procesos simplificados en el ámbito urbanístico, ni todos tienen el mismo nivel de implementación informática o digitalización; por tanto, se dan ritmos diferentes y esta ralentización no es imputable a la OGE", puntualiza Panés.

Para el asesor de la Cecot Jordi Artiga, un reto mayúsculo en el ámbito de urbanismo es que hay ayuntamientos que tardan entre 12 y 14 meses en conceder permisos de obras. "Es una casuística propia de cada municipio que requeriría una estandarización de determinados procedimientos y criterios para poder avanzar", ha añadido. Está previsto que antes de acabar el año los trámites de obra se incorporen a la ventanilla.

El director de empresa de Pimec, Carles Mas, sitúa como aspecto a mejorar las licencias de actividad vinculadas a temas urbanísticos y medioambientales, ya que por ahora la tramitación es secuencial, es decir, primero pasa por unos y después por otros: "Hasta que no acabe uno, no va el otro, y entonces uno te dice que sí, pero el otro quizás te ha dicho que no".

Para Mas, la desburocratización ha ido ganando importancia y la sitúa como una elemento tan importante en materia de competitividad empresarial como lo es tener una buena normativa o facilidades de infraestructuras.

Foment del Treball celebra el primer año en funcionamiento de la ley, pero advierte que todavía queda mucho trabajo por hacer: "La excesiva y pesada burocracia es una de las principales preocupaciones de las empresas, en especial de las pymes y los autónomos".

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