El Síndic de Greuges investiga el impacto social de cerrar oficinas bancarias

BarcelonaEl Síndic de Greuges, equivalente catalán al defensor del pueblo, ha anunciado este viernes que investigará de oficio el impacto que puede tener el cierre de oficinas bancarias presenciales para la población vulnerable. En un comunicado, el Síndic de Greuges ha señalado que los servicios financieros son "de interés general" y, por lo tanto, la administración tiene que garantizar el acceso a todas las personas, con un mínimo de calidad y un precio asequible. Según los datos aportados por el organismo, el 12% de la población tiene problemas para acceder a estos servicios, ya sea por la distancia física respecto a las oficinas o por la incomprensión de los sistemas (por ejemplo, las personas mayores pueden tener más dificultades para usar la banca online).

Por eso, el Síndic se ha dirigido al Banco de España y a las cuatro entidades bancarias principales que operan en Catalunya (CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Banco Santander) para pedirles más información sobre los planes de reestructuración de la red comercial que tienen en marcha. En sus preguntas, el órgano los interroga sobre la regulación de la apertura y el cierre de sucursales, cuántas sucursales han suprimido en los últimos dos años, cuáles de las oficinas físicas se han sustituido por oficinas móviles o personal de apoyo, y cuál es el medio de pago más común por parte de los clientes.

Un freno para la gente mayor

Por otro lado, la institución, dirigida todavía por Rafael Ribó, ha expresado que tiene constancia de los problemas que sufre la gente mayor para realizar gestiones financieras y disponer de efectivo, hecho que "a menudo requiere trasladarse a otras localidades con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero". De hecho, a principios de diciembre del 2021, ya abrió una actuación para conocer los motivos que han llevado a las entidades a reducir progresivamente su red de atención personal.

La ley del Síndic lo habilita para supervisar la actividad de las empresas privadas que gestionan o llevan a cabo servicios públicos y, en consecuencia, la actividad bancaria en casos considerados esenciales, como es el caso de la atención a las personas vulnerables. Entidades como la asociación de consumidores Adicae y el Sindicat d'Estalvi de Catalunya han puesto de relieve en varias ocasiones que el problema de acceso de la gente mayor a los servicios financieros se ha agudizado con el cierre de oficinas, una situación que se evidenció, por ejemplo, con la fusión del BBVA y CatalunyaCaixa.