¿Se puede acabar con la judicialización de la política?
El lawfare, que aquí conocemos como judicialización de la política, ha acompañado el proceso independentista desde sus inicios. Mucha gente le ha sufrido y se podría decir que en buena parte ha logrado sus principales objetivos. Consiste en intentar ganar en los tribunales lo que no se puede ganar en la calle y en los Parlamentos. Es decir, al impedir que los poderes legislativo y ejecutivo puedan desempeñar sus funciones libremente penalizando cualquier modificación de las leyes existentes o, también, retorciendo el espíritu de la ley en función de las ideas políticas de un determinado grupo político, o de determinados profesionales de la justicia. El espectáculo vergonzoso de ver parlamentarios de Vox ejerciendo de acusación popular en el juicio del Proceso, por ejemplo, ejemplifica lo de lo que estamos hablando.
Hace años que varios gobiernos, a instancias de los expertos, los juristas y también los tribunales, han hecho propuestas para intentar, sin éxito, que partidos políticos, sindicatos y asociaciones afines no puedan, salvo en casos muy excepcionales, personarse en causas judiciales. Lo propuso en el 2013 el PP cuando era ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, por ejemplo, y acaba de hacerlo ahora el PSOE con una proposición de ley que, como era de esperar, ahora ha sido criticada fuertemente por el PP. La propuesta socialista, que aún debe pactar con todos los grupos de la investidura, tiene el objetivo claro, según ha explicado Patxi López, de "frenar la persecución y el acoso que la extrema derecha hace contra creadores, artistas y adversarios políticos utilizando mecanismos judiciales para obtener objetivos particulares".
Totalmente a favor de que se pare este acoso que entidades de extrema derecha con dudosa representatividad política y popular como Manos Limpias o Hazte Oír están haciendo a todo tipo de personalidades o entidades que no comulgan con su ideario. Hay que decir que lo hacen con la connivencia de algunos medios, que primero publican informaciones no contrastadas o falsedades y después publicitan y amplifican unas denuncias que muchas veces no llegan a nada, pero que en el proceso logran desgastar económica, anímica y mediáticamente a sus objetivos. Hasta ahora lo habían sufrido sobre todo en el entorno independentista y entre las izquierdas más militantes, con una estrategia en la que partidos como Vox, Ciutadans o el propio PP han tenido también un papel destacado. Les ha funcionado y, por eso, lo han aplicado en los últimos tiempos también en el PSOE, con los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.
Y aquí es donde está el problema o la duda. Habrá que estudiar muy a fondo esta propuesta legislativa porque, con el afán de solucionar rápidamente estos casos que tienen los socialistas, que hasta hace poco despreciaban las acusaciones de lawfare cuando afectaba a los demás, se pueden colar modificaciones a la ley que quizá deberían hacerse con más cuidado. La negociación con las demás formaciones que apoyan parlamentario al gobierno de Sánchez será clave para que esta propuesta, sin duda importante y necesaria en muchos puntos, no introduzca cambios que impidan, por ejemplo, que informaciones periodísticas de denuncia contrastadas puedan ser utilizadas judicialmente. Hacerlo todo por la boquilla grande no funciona, y sin alargar mucho las negociaciones ahora habrá que abrir un debate sensato y transparente que, realmente, mejore el funcionamiento de la justicia e impida que los tribunales sustituyen, como han hecho ahora, la legítima actuación política .
