El PP tiene ya el caso Cerdán. Ciertamente, había caso. Pero lo que quiere es el caso Sánchez: caza mayor. El cerco sobre el presidente español sigue estrechándose. Los populares han aparcado momentáneamente las divergencias internas, Ayuso se ha tomado un respiro en su pulso poco enterrado con Feijóo y ahora se trata de exprimir al máximo la caída en los infiernos de la corrupción de quien hasta hace cuatro días era secretario de organización del PSOE. Este lunes el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instado por el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón –reservado e independiente, con una trayectoria profesional sólida–, ha ordenado prisión sin fianza para Santos Cerdán, un extremo al que no se había llegado con los otros dos miembros del terceto presuntamente arrebatado el ex ministro José Luis Ábalos y Koldo García, para los que sólo se han dictado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Con Cerdán no ha habido miramientos y ya está en prisión de Soto del Real. Investigado por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, se le sitúa como líder de la trama y se le encarcela por el peligro que pueda destruir pruebas. Él, en cambio, habla de "persecución política". En realidad, no son dos versiones incompatibles. En cualquier caso, al abogado del acusado, Benet Salellas, se le da un trabajo complicado: quizás esta vez la UCO de la Guardia Civil no va tan desencaminada. Los audios hablan por sí solos: Salellas les cuestiona; el juez les da por buenos y los considera incriminatorios: "La imprecisa y genérica impugnación de la autenticidad de las grabaciones, por legítima que resulte, carece de una consistencia mínima", dice.
El PSOE y Sánchez han marcado una distancia absoluta e inmediata con Cerdán, pero no las tienen todas. Desde el partido y el gobierno nadie se atreve a decir mucho por si sale más basura de debajo de la alfombra política. También la mayoría de socios parlamentarios de Sánchez mantiene un prudente silencio. Mientras, el PP y Vox, eufóricos, se frotan las manos.
Ésta es la cuestión: ver si la trama llegará al PSOE como organización, lo que resultaría políticamente letal para la supervivencia de Sánchez. De hecho, el juez cree que, teniendo en cuenta las cantidades de las adjudicaciones públicas con las que trabajaban los investigados, podría haber más dinero defraudado –comisiones a cambio de obra pública– y más implicados y beneficiarios, sean personas físicas u organizaciones. Y este último concepto, genérico, apuntaría a la posible implicación del Partido Socialista.
La atmósfera en Madrid está muy cargada. El corazón mediático es ensordecedor. Sánchez es un especialista en resistir y salir vivo redoblando la apuesta. Veremos si puede, esta vez. No lo tiene fácil. Le fallaron en poco tiempo dos colaboradores de su círculo más cercano, secretarios de organización del partido. Las partidas judicial y política están muy abiertas.
