La Comunidad de Madrid y el dumping fiscal
Fue en una fecha tan lejana como el 2007 cuando el entonces conseller de Economia, Antoni Castells, puso sobre la mesa la necesidad de armonizar en todo el Estado algunos de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, especialmente el de sucesiones, para que no hubiera una carrera a la baja entre todos los territorios. Castells fue muy criticado entonces porque incurría en una aparente contradicción: un federalista partidario de la máxima soberanía fiscal para Catalunya reclamaba al Estado que pusiera un límite a esa soberanía. Sin embargo, el conseller señalaba que lo que no tenía sentido es que un impuesto cedido para que las autonomías pudieran financiarse mejor acabara convirtiéndose en un arma, a base de dejarlo prácticamente a cero, para robar bases fiscales, es decir, contribuyentes, a otros territorios. Esto es lo que se conoce como dumping fiscal, que a escala europea practican países como Irlanda y Luxemburgo, pero que dentro del estado español practica especialmente la Comunidad de Madrid.
La reflexión de Castells la suscribieron más tarde partidos independentistas como ERC, que pactó con el PSOE en 2020 que había que poner freno a este fenómeno (y nunca se ha sabido nada), y ahora vuelve a hacer bandera de ello el PSC, tal y como demuestra la entrevista a Salvador Illa publicada en el ARA este domingo, que ha provocado una reacción airada de Isabel Díaz Ayuso y en general de toda la prensa conservadora. El razonamiento de Castells era el siguiente: la carrera a la baja para eliminar el impuesto de sucesiones no tiene un efecto positivo para todos, sino que beneficia a unos territorios a costa de otros, y al final acaba repercutiendo en una menor recaudación fiscal. No hay, por lo tanto, un círculo virtuoso sino un círculo vicioso.
Porque el efecto negativo para los demás territorios incluso ha sido documentado. Un informe de 2021 de los académicos Clara Martínez, David Agrawal y Dirk Foremny concluyó que, como mínimo, 6.000 fortunas se trasladaron a Madrid entre 2011 y 2015 por este motivo. O sea, esto significa que el resto de comunidades habían perdido lo que cada año declaraban estos contribuyentes en concepto de IRPF y otros impuestos. Y, como consecuencia, un contribuyente por ejemplo valenciano se encontraba con peores servicios públicos porque su gobierno había perdido cientos de millones que podrían haber ido a la sanidad o a la educación. Además, las haciendas autonómicas se dedican ahora a investigar si estos traslados son reales o ficticios para intentar recuperar una parte del dinero perdido.
Se puede discutir la existencia misma de este impuesto, solo faltaría, pero mientras exista las comunidades autónomas deberían hacer un uso responsable y que no fuera perjudicial para el vecino. En cualquier caso, lo que no se puede hacer es renunciar a la capacidad recaudatoria y después, de forma hipócrita, pedir recursos al Estado para que te cuadren las cuentas. Ni Europa ni España pueden permitirse la existencia de paraísos fiscales internos que distorsionan la realidad económica, debilitan las arcas públicas y benefician especialmente a los más ricos.
