Los errores de comunicación y los retrasos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía son un mayúsculo escándalo de mala gestión administrativa y son un drama humano para muchas familias. Cada día salen más mujeres afectadas por este desastre médico: muchas recibieron un diagnóstico y un tratamiento tardío después de que no se les informara de que el programa de detección precoz no daba resultados concluyentes, es decir, que el resultado que habían recibido podía estar equivocado. Realmente es muy grande. Y, sin embargo, de entrada desde la conselleria andaluza de Salut se minimizó el problema. Finalmente, ante la evidencia de un escándalo que ha ido creciendo en volumen de afectadas, el gobierno andaluz de Moreno Bonilla admitió esta chapuza de consecuencias potencialmente terribles y acabó estimando en 2.000 las posibles afectadas. Al ritmo que vamos, es posible que lleguen a ser más. Los abogados están desbordados: cada día les llegan nuevos casos a decenas.
Estamos ante un desastre en toda regla: se ha jugado literalmente con la vida de muchas personas –en su mayoría mujeres– que confiaban en el sistema público de salud, que es lo que te salva cuando las cosas van mal dadas. En ese caso, no ha sido así. Ha habido una formidable negligencia. Por supuesto, la credibilidad del ejecutivo popular de Moreno Bonilla ha quedado tocada, sobre todo cuando se trata de un presidente que ha hecho bandera de la buena gestión y que, finalmente, se ha visto empujado a dimitir a su consejera, Rocío Hernández. Pero más allá de una derivada política que podría acabar costando la reelección a Moreno Bonilla, también existe la pérdida de confianza en el sistema de salud, que es aún un asunto más grave.
En una sociedad avanzada, con un estado del bienestar solvente, los ciudadanos saben que tienen las necesidades básicas cubiertas: en el caso que nos ocupa, confían en que si padecen alguna enfermedad grave habrá una sanidad pública que velará por ellos. Cuando esto falla, falla todo. ¿Cómo podrán confiar a partir de ahora estas mujeres en la administración médica y, más concretamente, en el Servicio Andaluz de Salud? De hecho, este servicio ya ha recibido denuncias incluso por homicidio. Claramente hay muertes que pudieron evitarse.
Ahora mismo la Fiscalía andaluza tiene tres denuncias sobre la mesa, y espera recibir otras que ya se han anunciado públicamente para unirlas y valorar cómo actuar. En cualquier caso, seguro que el ministerio público deberá abrir una investigación sobre los hechos. De hecho, todavía no se sabe –o no se ha querido decir– dónde se ha producido el error del sistema. La opacidad no hace más que generar más dudas y reforzar la legítima indignación social. Además, no se ha activado ningún plan concreto y detallado para que no vuelva a ocurrir algo similar. Y después, más allá de la investigación y de la prevención para evitar repetir el desastre, será necesario que las afectadas reciban al menos algún tipo de indemnización económica. Tiene que haber responsables identificados, y la administración debe asumir el coste de indemnizar a las víctimas.
