Es hora de que Ayuso dé la cara por la gestión de la pandemia

Han tardado cinco años, pero un juez finalmente ha admitido a trámite una denuncia de los familiares de víctimas de Covid fallecidas durante la pandemia en residencias de mayores de Madrid debido a un protocolo que establecía que no debían ser trasladados al hospital, y ha imputado a los dos responsables. Recordemos que se trata de 7.291 personas, una cifra que se ha hecho tristemente popular y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha intentado minimizar en más de una ocasión. El juez ha citado a declarar a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo el próximo lunes. El primero fue director de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo madrileño cuando comenzó la crisis sanitaria, y firmó el conocido como el "protocolo de la vergüenza". El segundo –según las organizaciones de víctimas– coordinó el protocolo técnico que complementó al primero y sustituyó a Mur en el cargo a partir de mayo de 2020.

Más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse del caso, parece que los familiares simplemente buscan las respuestas que hasta ahora no han obtenido. Por ejemplo, con qué criterios sanitarios se tomó la decisión de no trasladar pacientes desde residencias de ancianos con algún tipo de dependencia a los hospitales. O por qué no se aplicaron los mismos criterios a las personas mayores que vivían en casa. El objetivo de los familiares es el mismo que el de las víctimas de DANA: quieren que la justicia esclarezca y disuelva responsabilidades; Quieren, en última instancia, entender qué pasó.

Porque al igual que Carlos Mazón aún no se ha reunido con las asociaciones de víctimas de la DANA, Ayuso tampoco se ha encontrado con las entidades de familiares de los fallecidos en las residencias. Es más, rebajó la cifra de 7.291, que considera un "invento", a 4.100. Y ha venido a decir que no se las trasladó porque habrían muerto igual. De las entidades de víctimas ha dicho que están politizadas, y cuando la oposición le ha reclamado una investigación les ha respondido que "están siempre con las mismas mierdas".

Desde el entorno de Ayuso y su corte mediática ahora se intenta desacreditar a la juez con el argumento de que es miembro de Juezas y Jueces por la Democracia y ocupó un cargo en los gobiernos de Zapatero. Es la táctica de siempre del PP. Cuando alguien, por ejemplo los independentistas, critica a los jueces, se está atacando el estado de derecho, pero cuando lo hacen ellos es en defensa de la democracia.

Esperamos que dejen trabajar a la juez para que pueda realizar una investigación exhaustiva. Los familiares tienen derecho a saber por qué sus seres queridos tuvieron que morir en unas condiciones escalofriantes, sin asistencia y aislados de todos. Y Ayuso debe dar la cara de una vez y asumir su responsabilidad, porque la gestión de la sanidad es una competencia autonómica, al igual que la protección civil. Ya está bien en echar siempre las culpas a otras administraciones y en faltar al respeto a las víctimas. Porque una cosa es profesar una ideología determinada, y otra bien distinta, hacer gala de una infinita miseria moral.