Rehenes del caos de infraestructuras
Catalunya ha vivido por segundo día consecutivo una situación de parálisis ferroviaria y caos circulatorio producto del corte de la AP-7 que no es propio de una economía avanzada y deja muy tocada la credibilidad de los sucesivos gobiernos, que han anunciado grandes inversiones que después no se han ejecutado. El accidente de Gelida puede atribuirse puntualmente al episodio de lluvias, pero la causa de fondo no es ésta: es el estado lamentable en el que se encuentra toda la red de Cercanías desde hace décadas, al que ningún gobierno español ha sido capaz de remediar. Mientras España presume en el extranjero de ser una potencia en alta velocidad, los usuarios catalanes de Cercanías viven un endémico infierno cotidiano hecho de incidencias, retrasos y carencia de información.
Para colmo de males, este jueves los ciudadanos se han encontrado con que, en contra de lo que les había dicho su propio Gobierno, no ha habido servicio de Cercanías. Por eso, la indignación generalizada que se ha vivido hoy está completamente justificada, y el gobierno catalán ha quedado en evidencia. Por un lado, porque ayer se apresuró a anunciar el restablecimiento del servicio cuando el malestar de los maquinistas obligaba a ser más prudente, y por otro porque se ha visto que en la práctica carece de herramientas de presión efectiva porque el servicio está en manos de la operadora estatal Renfe. De hecho, ya por la noche, ha sido la compañía quien ha anunciado la reanudación inmediata –y escasa por las horas– del servicio en la R2 Nord, y que este viernes ya funcionarán casi todas las líneas.
La Generalitat tenía pistas suficientes para saber –y su obligación era ser consciente de ello– que los maquinistas no acudirían a su puesto de trabajo, tal y como ha ocurrido. El mismo comunicado que emitió Renfe el miércoles por la tarde ya lo avisaba y los propios sindicatos afirman que advirtieron a la Generalitat, aunque el Gobierno lo niega. En paralelo, Adif y Renfe han demostrado su mala relación y la operadora, además, su carencia de control de los maquinistas. Sea como fuere, el resultado ha sido lamentable.
Por otra parte, puede entenderse que un déficit inversor acumulado de décadas no se resuelve en dos días y que un traspaso de esa complejidad necesita tiempo, pero es incomprensible que desde 2010 sólo se haya invertido la mitad de lo anunciado. Todas las fuerzas presentes en el Parlament y en el Congreso con representación catalana deberían plantarse ante esta situación y exigir un cambio radical en el funcionamiento de los ministerios implicados. Sea con el consorcio de inversiones pactado por ERC o con los compromisos del gobierno español con Junts, hay que encontrar un desarreglo de forma urgente.
La desinversión ferroviaria también puede extenderse a otros ámbitos clave de la movilidad, como la AP-7. El corte de la circulación en dirección sur está provocando un efecto en cadena en toda la red viaria. Esta autopista es la columna vertebral que concentra la mayor parte del transporte de mercancías que atraviesa Cataluña. Cortar esta vía equivale a asfixiar a una arteria económica de primera magnitud que ya sufre, en su día a día, una situación límite.
Esperamos que la crisis actual sirva para tener claras estas prioridades y para salir de ella con un plan de acción y un calendario claro que dé un horizonte de esperanza a los ciudadanos que hoy, y desde hace demasiado tiempo, sufren este desbarajuste.
