Editorial

¿Qué tipo de país somos con un 36% de pobreza infantil?

Unicef propone una ayuda por hijo para reducir la pobreza infantil
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Los buenos datos macroeconómicos de los últimos años, con crecimientos del PIB muy por encima de la media europea y bajadas importantes del paro, no acaban de tener un impacto relevante en la reducción de la pobreza en Cataluña, que actualmente se sitúa en torno al 25%. Y si hablamos de la pobreza infantil, es decir, de la de los menores de entre 0 y 16 años, este porcentaje crece hasta el 36%, según los últimos datos del Idescat. Se rompe así con una tímida tendencia bajista que se había iniciado con la pandemia y se confirman las sospechas de las entidades del tercer sector, que llevan tiempo alertando de la creciente demanda de sus servicios por parte de personas que incluso tienen trabajo. La pobreza general subió 0,8 puntos, y la infantil, 1,3.

El umbral de la pobreza se fija en ingresos inferiores a 13.800 euros para una sola persona ya 29.100 para dos adultos y dos criaturas. Solo viendo lo que cuesta hoy la vivienda ya puede verse que una persona con estos ingresos está condenada a malvivir con privaciones materiales severas. La palabra pobre, que tanto miedo da a algunos, es aquí a la perfección. Es aquél que no puede garantizar sus necesidades básicas (vivienda, ropa, energía, agua y alimentación) con un mínimo de dignidad.

El hecho de que debería preocuparnos es doble. Por un lado, como puede que un país con un 8,2% de tasa de paro tenga un 25% de pobres. Y qué impacto tendrá en el futuro ese 36% de niños que ahora viven en condiciones de miseria. El país que sale retratado es un lugar donde los sueldos son insuficientes, lo que obliga a replantear una vez más el modelo económico, y donde la acción de las políticas sociales no es capaz de mitigar el impacto de las desigualdades. Cuando las entidades sociales se quejan de algo tan razonable como que es necesario aprobar presupuestos, los partidos deberían tomar nota, olvidarse de sus batallitas partidistas y actuar con mayor responsabilidad.

En este sentido, sería deseable que la anunciada regularización de los migrantes sin papeles que llevan aquí más de cinco meses ayude a mejorar también las condiciones de vida de personas que hoy se ven obligadas a trabajar en negro ya vivir en un régimen de semiclandestinidad. Hacer aflorar esta actividad económica debe servir también para proporcionar más recursos estas políticas sociales. Lo importante es dar un horizonte de vida digna y garantizar la igualdad de oportunidades a todos estos niños que hoy forman parte de esta dramática estadística.

Lo que no se puede hacer de ninguna manera es cerrar los ojos ante esta realidad y hacer como ese consejero de la Comunidad de Madrid que negaba que en la capital madrileña hubiera tantos pobres. Por el contrario, reducir la pobreza infantil debe ser un objetivo de país, un imperativo moral, pero también una medida con sentido económico y social, ya que lo que hacemos para rebajar esta cifra es lo que nos acabará definiendo como país.

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