La vivienda, un derecho ciudadano y un reto estructural

Los retos que afronta Cataluña hoy en día en materia de vivienda son complejos y estructurales. Actualmente, existen 271 municipios declarados zona de mercado tensado –territorios donde el precio de la vivienda se ha encarecido de forma significativa–. Ante este contexto, desde marzo de 2024 la Generalidad de Cataluña ha decidido limitar los precios del alquiler en estas zonas, donde vive más del 90% de la población catalana.

Esta medida se enmarca en un debate más amplio sobre cómo garantizar el acceso a una vivienda digna, equilibrar el mercado, fomentar el parque asequible y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y económicas. El ARA, en colaboración con la Generalitat de Catalunya, organizó el viernes 7 de noviembre un primer encuentro con expertos para hablar de las diferentes soluciones para abordar la situación actual de la vivienda en Catalunya. La mesa redonda, moderada por la periodista del ARA Paula Pujol, contó con la participación del director general de vivienda de la Generalidad de Cataluña, Jordi Mas y Herrero, y el catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda, Juli Ponce Solé.

Contener los precios, invertir más y planificar a largo plazo

Durante el debate, los expertos coincidieron en que Catalunya vive un punto de inflexión en las políticas de vivienda, con la limitación de los precios del alquiler como primer paso dentro de una estrategia más amplia. "La limitación del precio del alquiler es una medida temporal que debe ir acompañada de otras muchas acciones estructurales", aseguraron. Y defendieron que es necesario consolidar la vivienda como un derecho social y de servicio público estable, no como un bien especulativo. "Históricamente, la vivienda en Cataluña y en España se ha visto como una cuestión propia de mercado", empezó explicando Juli Ponce Solé. Ahora bien, "esto está cambiando", añadió: "Estamos en un proceso de cambio de mentalidad global en el que la vivienda no es sólo mercado –que lo es– sino también un derecho constitucional y estatuario".

La contención de rentas es una pieza más del rompecabezas, pero no la solución única ni definitiva. Es necesario, dijeron, una mayor intervención pública, con mayor inversión y planificación a largo plazo. Ponce Solé advirtió de que "no se pueden solucionar en tres años los problemas acumulados durante más de treinta".

Las ayudas de la Generalitat: 180 millones de euros y el préstamo de emancipación

Mas detalló que la Generalitat gestiona un parque público de 25.000 viviendas y destina 180 millones de euros anuales en ayudas al alquiler que benefician a 90.000 familias –unas 200.000 personas–. "Estas ayudas son, sobre todo, para personas en situación de vulnerabilidad", puntualizó el director general de vivienda de la Generalitat.

Otra de las novedades más destacadas es el préstamo de emancipación, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieren acceder a la propiedad. Esta ayuda permite financiar la entrada de la vivienda hasta el 20% del importe de compraventa con un límite de 50.000 euros, que no debe devolverse hasta que la hipoteca con el banco esté pagada. "Lo que pedimos a cambio es que la vivienda se convierta en vivienda protegida", explicó Jordi Mas. "El objetivo es que el precio quede ligado al precio inicial al que se compra la vivienda, dado el IPC a futuro y las obras de rehabilitación necesarias en los primeros dos años". De esta forma, ayudan a los jóvenes a emanciparse y contribuyen a frenar la especulación de precios.

Hacia una infraestructura pública estable de vivienda asequible

Respecto a la creación de nuevo parque asequible, Mas explicó que ya está en marcha la primera fase del plan para construir las 50.000 nuevas viviendas públicas antes de 2030. La primera llamada de solares ha recibido 670 propuestas con un potencial de 20.000 viviendas, de las que 10.000 ya tienen promotor. La Generalitat también ha firmado un acuerdo con CEPES para incorporar 13.000 viviendas de la Sareb que puedan convertirse en viviendas protegidas destinadas al alquiler y un potencial de otras 10.000.

Juli Ponce remarcó que "la vivienda asequible debe ser una pieza estructural y estable del sistema, como los hospitales o las escuelas, y no una política temporal". Y añadió que "la vivienda es un servicio público esencial". Por su parte, Mas acabó asegurando que trabajan con la visión de "generar una infraestructura pública de vivienda que responda a los retos del país" porque la vivienda no puede ser un activo de mercado ni de inversión, sino que es un derecho y es necesario garantizar un acceso digno. Y por eso, ambos coincidieron con que es necesaria una colaboración colectiva entre la administración pública y las instituciones privadas.