Chile: ¿un país demasiado conservador para una Constitución progresista?

Buenos AiresEste 11 de septiembre, día en que se conmemoran 49 años del golpe de estado que dio pie a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), habría podido ser el primero sin la sombra de la Constitución del dictador. Pero el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, en el que una amplia mayoría rechazó la propuesta de nueva carta magna, ha perpetuado –al menos por un año más– el legado de la dictadura.

La opción del “Rechazo” se impuso por el 61% –más de 20 puntos– a “Apruebo”, que se quedó con el 38%. Distritos populares de la Región Metropolitana se decantaron, contra todo pronóstico, a favor del rechazo de forma contundente. La resaca electoral ha sido intensa para los partidarios del cambio, que han pasado la semana entre análisis y evaluaciones para explicar las causas de sus malos resultados. Ni las encuestas más favorables al rechazo habían previsto este desastre para los simpatizantes del nuevo texto.

“Moderación y gradualidad”

El redactado en el que la Convención Constitucional trabajó durante un año incluía 388 artículos que ampliaban de forma considerable los derechos sociales de los chilenos, con una regulación ambiental y de género pioneras y con normativas y cuotas de poder reservadas para representantes de pueblos indígenas. Todo ello, convertía la nueva Constitución en una de las más progresistas del mundo. “Chile no es un país especialmente conservador, pero históricamente ha sido un país que valora la moderación y la gradualidad”, dice el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Robert Funk.

La coalición de derecha Chile Vamos y la extrema derecha criticaron desde el inicio el contenido de la propuesta. Argumentaron que se trataba de un texto “maximalista”, demasiado ambicioso y difícil de traducir en leyes orgánicas. Desde el centroizquierda también surgieron objeciones y algunos sectores se posicionaron en contra con campañas como “Una [Constitución] que nos una”, que sedujeron a los votantes más indecisos. Los partidos de gobierno se comprometieron a reformar los aspectos más polémicos del texto en caso de ganar el "Apruebo". Pero aun así, aspectos controvertidos como el carácter plurinacional del país o la sustitución del Senado por una Cámara de las Regiones descentralizada no estaban en la lista.

Las causas del rechazo

Analistas y expertos mencionan dos factores entre los que han tenido más peso en el resultado. Por un lado, la difusión de noticias falsas y la desinformación sobre un tema que por sí mismo es complejo, como lo es una normativa de casi 400 artículos. Un reportaje del medio de investigación Ciper Chile ha concluido que la opción del rechazo “desarrolló una exitosa campaña de cinco meses, tres de ellos fuera del periodo legal para hacer propaganda”. Según el digital, “al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron 116,7 millones de pesos –más de 130.000 euros– en Facebook e Instagram para difundir que se pondrían en riesgo los fondos privados de pensiones –base del sistema de previsión social chileno–, la propiedad de la vivienda, las escuelas privadas subvencionadas y la atención a la salud”.

Otra causa ha sido la misma Convención Constitucional. “Hubo una mala evaluación desde el inicio de su tarea”, indica Funk. “Fue incapaz de ilusionar a la ciudadanía y cayó en la misma crisis de representación que las otras instituciones del país”, añade la politóloga de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao. Según ella, esta percepción se creó “por errores propios, errores forzados y su amplificación por parte de la prensa, así como actitudes contrarias a generar un clima de confianza”. El caso más evidente fue el escándalo que protagonizó uno de los miembros de la izquierda al reconocer que había fingido sufrir un cáncer durante la campaña para escoger a los miembros de la Convención.

En cuanto al contenido, Funk considera que el texto “se concentraba en temas que no tenían que ver con las preocupaciones concretas y reales del electorado”. En cambio, aspectos más vinculados a la agenda de los últimos meses, como la seguridad pública o las bases de un nuevo sistema económico para superar la pospandemia, quedaron en un segundo plano. Para Suárez-Cao, otro punto que considerar es el voto contra el statu quo: “Los más desafectos con la política guiaron el voto por la situación que viven en el momento actual, que claramente es mala porque estamos en un contexto de crisis y altas tasas de inflación”.

Un nuevo itinerario

Justo antes del plebiscito, el presidente Gabriel Boric había expresado que si ganaba el rechazo quería convocar una nueva convención constitucional para continuar con el proceso. El domingo, después de los resultados, se reafirmó e hizo un llamamiento a la unidad para hacerlo posible. El protagonismo, ahora, recaerá en el Congreso. 

El pasado miércoles, por primera vez, todos los partidos del arco parlamentario, incluida la extrema derecha, empezaron las conversaciones para definir una nueva hoja de ruta. “El primer consenso es que avanzaremos juntos, sin prisa pero sin pausa”, dijo Raúl Soto, presidente de la Cámara de los Diputados. Si se cumple lo que planifican los parlamentarios, el año que viene volverá a ser un año constituyente. Esperan que en septiembre del 2023, cuando se conmemoren los 50 años del golpe de estado de Pinochet, el país pueda cerrar un ciclo con una nueva Constitución redactada.