Los mexicanos elegirán a los jueces del país: el polémico rediseño del poder judicial de López Obrador se convierte en ley

Ciudad de MéxicoMéxico promulgó el domingo una enmienda constitucional por la que se reestructura todo el poder judicial, lo que supone la revisión más profunda del sistema judicial de un país jamás hecha por una gran democracia. Los resultados demuestran la excepcional influencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien defendió la ley. La victoria de sus aliados en las elecciones del mes de junio les ha proporcionado importantes mayorías legislativas para sacar adelante la polémica propuesta en las últimas semanas de mandato del mandatario. En vísperas del Día de la Independencia de México, la medida se publicó en el boletín oficial del gobierno y se convirtió en ley.

La ley cambia el poder judicial de un sistema basado en nombramientos, en gran medida centrado en la formación y las calificaciones, a uno nuevo en el que los votantes eligen a los jueces y hay menos requisitos para presentarse, cosa que sitúa a México en un rumbo que no se ha probado y cuyas consecuencias son difíciles de prever.

“Ahora es diferente”, dijo López Obrador en un vídeo publicado en las redes sociales el domingo por la noche, en el que su sucesora, Claudia Sheinbaum, estaba sentada a su lado. "Ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide". Con el nuevo sistema, aproximadamente 7.000 jueces, desde quien ocupa la presidencia del Tribunal Supremo hasta los de los juzgados locales, tendrán que presentarse en las elecciones. Los cambios se aplicarán gradualmente: gran parte del poder judicial se elegirá en 2025 y el resto en 2027.

El gobierno ha argumentado que el rediseño es necesario para modernizar los tribunales e infundir confianza en un sistema lleno de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha apoyado total el plan.

Sin embargo, la propuesta se ha encontrado con la feroz resistencia de trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, jueces, estudiantes, legisladores de la oposición y otros críticos. La promesa de López Obrador de impulsarla mantuvo en vilo a los mercados financieros y provocó un enfrentamiento diplomático con los embajadores de Estados Unidos y Canadá.

López Obrador presentó por primera vez la idea de modificar el poder judicial el año pasado. Enfadado con el Tribunal Supremo por bloquear algunos de los planes de su gobierno –como debilitar al organismo de vigilancia electoral de México o poner a la Guardia Nacional bajo el control de los militares–, prometió que los jueces y magistrados serían elegidos por votación popular , una medida que algunos analistas consideran una represalia.

“El poder judicial no tiene remedio, está podrido”, dijo entonces a los periodistas, y pidió a sus partidarios que dieran a su movimiento político una mayoría amplia en el Congreso en las elecciones, para poder aprobar la propuesta y cambiar la Constitución.

Pese a las protestas y huelgas de varios grupos, entre los que más de 50.000 jueces y trabajadores de los tribunales, la propuesta fue aprobada sin problemas por la Cámara de Diputados del Congreso, en la que el partido del presidente, Morena, tiene mayoría absoluta. El pasado miércoles, el Senado la aprobó por un margen estrecho, pese a un retraso causado por los manifestantes que forzaron la entrada en el edificio. Y el jueves el proyecto había sido aprobado por la mayoría de las 32 asambleas legislativas estatales, el último requisito antes de su publicación como ley. "Misión cumplida", dijo el viernes Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, cuando anunció que la medida había sido enviada a López Obrador para su publicación.

Corrupción y nepotismo

Muchos mexicanos expresaron su apoyo a la medida y afirmaron que les dará influencia en un sistema judicial en el que pocos confían. Según las encuestas del gobierno, el 66% de los mexicanos consideran que los jueces son corruptos, y los analistas afirman que el nepotismo sigue estando muy extendido. Una reciente evaluación reveló que alrededor del 37% de los funcionarios judiciales tienen al menos un familiar trabajando en los tribunales.

Ahora viene lo más complicado. El Senado deberá emitir una convocatoria para los candidatos a los miles de magistraturas que existen en todo el país. Y el organismo electoral de México tendrá que empezar a organizar las elecciones judiciales. En algún momento, las legislaturas estatales van a modificar las constituciones locales.

El plan es que los votantes elijan el próximo mes de junio a todos los magistrados del Tribunal Supremo (se reducirán a 9), los miembros del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y cerca de la mitad de los 7.000 jueces del país. El resto serán elegidos en el 2027. Un ciudadano mexicano medio podría tener que elegir entre cientos y miles de candidatos a la hora de votar.