Aumentan las ejecuciones para mirar películas extranjeras en Corea del Norte

BarcelonaSentarse a mirar tu película favorita o compartirla con tu entorno puede ser un delito castigado con la muerte en Corea del Norte. Es una de las conclusiones de un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que explica que el gobierno norcoreano aplica cada vez con más frecuencia la pena de muerte contra ciudadanos acusados ​​de mirar y compartir contenido audiovisual extranjero.

Es sólo una de las formas que toma la represión desmedida en esta dictadura, que, según confirma el informe, es la más restrictiva del mundo. "Ninguna otra población está bajo estas restricciones en el mundo actual", concluye. El informe abarca el período desde 2014 hasta mayo de 2025 y se basa en más de 300 entrevistas a testigos y víctimas que han huido del país por la erosión de las libertades. Durante este período la dictadura ha reforzado el control sobre "todos los aspectos de la vida de los ciudadanos".

Las nuevas tecnologías han hecho que el control se haya vuelto más exhaustivo y generalizado. La vigilancia tecnológica permite inspecciones en las casas sin aviso, al tiempo que las leyes se han vuelto más punitivas para castigar a los delitos. La persecución se realiza a través de una fuerza especial, el Grupo 109, que revisa y incauta ordenadores, teléfonos y televisores en busca de "materiales antisocialistas".

Bajo la demonización de la cultura, el régimen de Kim Jong-un ha promulgado leyes como la del rechazo al pensamiento y la cultura reaccionaria (2020), que criminalizan el acceso y difusión de medios extranjeros: libros, música, películas, series de televisión e incluso expresiones lingüísticas que no encajen con la ideología socialista de Corea del Norte. Estas leyes prevén penas muy severas, incluida la pena de muerte.

De hecho, la aplicación de la pena de muerte se ha ampliado de forma generalizada en todo tipo de delitos desde 2015, tipificados en al menos seis leyes. Muchas de las ejecuciones se hacen en público para sembrar el miedo y disuadir a la tentación de consumir contenidos externos, y suelen ser por fusilamiento tras juicios sumarios sin garantías procesales.

Trabajos forzados y presos políticos

Otro punto que destaca el informe es el tema de los campos de prisioneros políticos y trabajos forzados. Cientos de miles de personas siguen desaparecidas y no se sabe lo que se ha hecho, incluidos ciudadanos extranjeros secuestrados de Corea del Sur, Japón y otros países. Según el informe, el trabajo forzado es un mecanismo institucionalizado que afecta a varios grupos de la población, como los presos, pero también a colectivos de jóvenes pobres y criaturas. A menudo se les obliga a realizar tareas físicas extremas -como pavimentar carreteras, cortar árboles, cultivar los campos o trabajar en fábricas- en condiciones insalubres y con problemas de malnutrición. Los niños, especialmente los huérfanos, son a menudo enviados a trabajar en minas de carbón y otros entornos altamente peligrosos. Todo esto sirve para impulsar la economía de este régimen aislado a la vez que incrementa el control de la población.

Paralelamente, la ONU constata la existencia de campos de prisioneros, aunque el régimen siga negándolo. Se envían personas acusadas de delitos políticos, como leer medios extranjeros o practicar religiones prohibidas. E incluso pueden enviarse los familiares de personas que han sido acusadas de algún delito. Sobre las condiciones, los testimonios que aparecen en el informe hablan de hambre masiva, ejecuciones sumarias, trabajos extenuantes y constantes muertes.