Los derechos LGTBIQ+, el último desafío en la Iglesia de Francisco
La Santa Sede teme que la ley que se debate en Italia contra la discriminación por orientación sexual lleve a calificar su doctrina de delictiva
Italia "es un estado laico, no confesional, el Parlamento es libre de discutir y de legislar" y el sistema italiano "es capaz de dar todas las garantías para verificar que nuestras leyes siempre respeten los principios constitucionales y los compromisos internacionales, incluido el Concordado con la Iglesia". Así cerró hace unos días el primer ministro italiano, Mario Draghi, la polémica con el Vaticano después de que la Santa Sede emitiera una petición formal para que el Parlamento modificara un proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se votará pronto en la cámara alta.
El golpe sobre la mesa del primer ministro italiano, formado en los jesuitas y nombrado miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales por el papa Francisco el año pasado, no solo ha servido para reivindicar la independencia de Italia ante el Vaticano, para la alegría del ala más progresista del Parlamento, sino que, además, ha puesto en cuestión la posición de la Iglesia respecto a los derechos civiles de las personas LGTBIQ+.
¿Libertad de pensamiento?
El Vaticano considera que el texto impulsado por el diputado del Partido Demócrata (PD) Alessandro Zan viola algunos puntos del Concordado que regula las relaciones entre los dos estados, firmado por primera vez en 1929 por Benito Mussolini y renovado en 1984. En concreto, la Santa Sede teme que no garantice a los católicos "la libertad de reunión y manifestación de pensamiento" que incluye el acuerdo. La ley introduce como delito de odio la discriminación y violencia por motivos basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad" –como pasa en los casos de racismo– y el Vaticano cree que la normativa podría considerar delictiva y no una opinión más la posición de la Iglesia respecto a estas cuestiones.
La crisis sin precedentes entre Roma y la Santa Sede ha dejado a cuerpo descubierto la aparente contradicción entre las manifestaciones públicas del papa Francisco a favor de los derechos de los homosexuales y la discriminación que este colectivo todavía sufre dentro de la Iglesia.
En 2013 el pontífice hizo temblar el ala más conservadora dentro de la curia vaticana al mostrarse dispuesto a acoger dentro de la Iglesia católica a las personas homosexuales. "Si una persona es gay, busca el Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?", defendió. Dos años más tarde, el Sínodo de los Obispos sobre la Familia abordó la cuestión, a pesar de que el documento final solo incluyó un párrafo que condenaba la "injusta discriminación" en los homosexuales y reiteraba el rechazo de la Iglesia al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La aparente apertura de Francisco sobre los derechos de las personas LGTBIQ +, sin embargo, se ha visto cuestionada después. Las manifestaciones públicas del pontífice han sido a menudo mal interpretadas o directamente manipuladas. Es lo que pasó el año pasado cuando el Papa defendió las uniones entre personas del mismo sexo para que las parejas homosexuales pudieran estar protegidas jurídicamente. Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista para un documental y dieron la vuelta en el mundo en cuestión de minutos. El Vaticano no tardó en reaccionar y emitió un comunicado en el que matizó que las palabras de Francisco habían sido descontextualizadas porque formaban parte de dos respuestas diferentes editadas y publicadas como si fuera una sola, y puntualizó que, en cualquier caso, la doctrina de la Iglesia no cambia.
Un tabú dentro de la Iglesia
Y es así. La homosexualidad sigue siendo un tabú dentro de la Iglesia y los católicos laicos continúan excluidos. En marzo la Congregación para la Doctrina de la Fe, el poderoso ministerio vaticano que se ocupa de cuestiones relacionadas con la doctrina católica, publicó un documento firmado por el Papa en que declaró ilícitas las bendiciones a las parejas del mismo sexo. Después del anuncio, la Iglesia católica alemana desafió el Vaticano. Más de un centenar de parroquias empezaron a bendecir parejas homosexuales y católicas para promover la inclusión, mientras que cerca de 3.000 religiosos firmaron una petición en la que invitaban a ignorar el documento.
La decisión de la Santa Sede dividió incluso a los obispos alemanes, inmersos en un intenso proceso sinodal desde el año pasado –que no cuenta con el visto bueno del Vaticano– en que están debatiendo cuestiones como el celibato, una participación más amplia de las mujeres en las estructuras de poder eclesiásticas o la integración de los homosexuales. Los resultados de esta asamblea de obispos, que se esperan el año que viene, podrían sacudir los fundamentos de Roma o, quizás, establecer las bases para una nueva Iglesia más inclusiva.
En Italia las reformas civiles suelen producirse a cámara lenta. El matrimonio homosexual, por ejemplo, no fue aprobado hasta 2016, una década después que en España. Por este motivo, la aprobación de una normativa específica para luchar contra la discriminación sexual ha provocado un ajetreo entre los partidos italianos. El Senado empezará a debatir la semana que viene una ley contra la homofobia y la transfobia para poner fin a la discriminación por sexo, género, orientación sexual e identidad de género, que modifica el Código Penal integrando la circunstancia agravante. La derecha liderada por Matteo Salvini ha denunciado que la ley ataca el concepto de familia formado por una madre y un padre y ha aplaudido el veto vaticano.
