El Supremo de EE.UU. limita el poder de los jueces federales, en una nueva victoria para Trump

WashingtonEl tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado este viernes, seis a tres, que los jueces federales que bloquearon a nivel nacional la orden ejecutiva de Donald Trump que anulaba el derecho de ciudadanía por nacimiento se extralimitaron en sus poderes. El alto tribunal ha establecido un precedente que limita la capacidad de los magistrados para emitir resoluciones que afecten a todo el país y ha concedido así una nueva victoria al gobierno de Trump. En su guerra contra la judicatura, Trump buscaba recortar la capacidad de alcance de los dictámenes de los jueces federales, que se habían convertido en la principal línea de defensa contra sus aspiraciones absolutistas. En cuanto al derecho de ciudadanía por nacimiento, los altos magistrados no se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión y sólo han dicho que la orden puede aplicarse de forma parcial en treinta días.

La nueva restricción implicará que ahora los bloqueos judiciales que emitan los jueces federales sólo actúen dentro de su estado. En otras palabras, para poder frenar los decretos del presidente será necesario que al menos un juez en cada estado emita una resolución cautelar de emergencia. Hasta ahora, bastaba la resolución de un solo magistrado para tener alcance nacional. En consecuencia, Trump tendrá mucha más facilidad para adelantar su agenda en aquellos estados que tengan tribunales más conservadores.

"Esta ha sido una gran decisión, una decisión increíble, y estamos muy contentos de ello. Esta mañana, el Tribunal Supremo ha dado una victoria monumental en la Constitución, en la separación de poderes y en el estado de derecho, al anular el uso excesivo de los poderes de bloqueos a escala nacional que interferían en el funcionamiento prensa que ha convocado pocos minutos después de que el Supremo publicase el veredicto. En una imagen inusual hasta el momento, pero que se está volviendo frecuente bajo este nuevo gobierno, la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, comparecieron también junto al presidente desde la Casa Blanca. Antes de tener ese cargo, Blanche fue uno de los principales abogados defensores del mandatario en el juicio penal de Nueva York por el caso Stormy Daniels.

La comparecencia de hoy recuerda mucho al discurso que Trump hizo desde el departamento de Justicia el pasado mes de marzo en una escenografía que todos sus predecesores habían intentado evitar por no poner en cuestión la imparcialidad del área judicial. Fue en ese discurso que el presidente insistió en su guerra contra los jueces, que ahora aún ve más legitimada con la sentencia del Supremo.

"En los últimos meses, hemos visto a un puñado de jueces de izquierda radical intentando, de forma efectiva, revocar los poderes legítimos del presidente para impedir que el pueblo americano obtenga las políticas por las que votó en cifras récord", ha insistido Trump, reforzando la falacia de que el pueblo falló que el presidente falló recae en el Congreso. En la misma línea, Bondi ha celebrado cómo "los americanos finalmente están obteniendo lo que votaron. Ya no tendremos más jueces rebeldes anulando las políticas del presidente Trump en todo el país".

Más allá de capar el rango de acción de los tribunales, la resolución también retrasa mucho más la capacidad de reacción ante los decretos, ya que para conseguir ahora un bloqueo a nivel nacional será necesario que sea el Supremo quien se pronuncie. Normalmente los tempos del alto magistrado para reaccionar son algo más lentos, aparte de recordar que actualmente está conformado por una mayoría conservadora de seis a tres. La mitad de los jueces conservadores fueron nombrados por Trump durante su anterior presidencia.

Tener que presentar resoluciones en cada uno de los 94 distritos judiciales que existen en el país amenaza con ser una auténtica lucha de desgaste contra los despachos de abogados y organizaciones que intenten hacer frente a los intentos del presidente de extralimitarse en su poder. Los jueces se habían convertido en el principal dique de contención ante las extralimitaciones del ejecutivo, por lo que el presidente les puso en el centro de su diana: desde peticiones deimpeachment contra magistrados en concreto, hasta recursos que cuestionaban sus capacidades de alcance.

En marzo el gobierno Trump presentó un recurso al Supremo que pedía que frenara o archivara tres órdenes judiciales a escala nacional contra su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En el recurso de emergencia se argumenta que los jueces de distrito no tienen autoridad para emitir órdenes generales que bloqueen políticas en todo el país. Ahora el Supremo ha comprado el relato de la administración, alineándose con sus esfuerzos por desplegar su agenda.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento

Una de las primeras órdenes ejecutivas que Trump firmó sólo ser investido presidente en enero fue la anulación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. El decreto rápidamente fue bloqueado por los jueces federales, ya que contradice la enmienda 14 de la Constitución, que dice que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos". La sentencia del Constitucional sobre esta orden era una de las más esperadas de junio –cuando el alto magistrado se pronuncia sobre la mayoría de casos que ha ido recibiendo durante el año judicial–, aunque la resolución de este viernes no se pronuncia sobre si la acción del presidente es inconstitucional o no.

En el texto, redactado por la juez Amy Coney Barrett, solo establece que debe reactivarse temporalmente el decreto del presidente en treinta días, lo que supone que la concesión de la ciudadanía para los hijos de migrantes sin papeles y algunos residentes temporales se frenaría en los 28 estados donde no se frenó. Aunque el Supremo no ha dictado si la suspensión por parte de Trump es constitucional o no, el republicano ha celebrado ya la resolución como si los jueces también le hubieran dado la razón al respecto. El presidente insistió en que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se creó para los hijos de los esclavos y no para "a los miles de personas que ahora entran en nuestro país".

"Gracias a esta decisión, ahora podemos presentar inmediatamente las solicitudes para sacar adelante estas numerosas políticas y aquellas que han sido suspendidas de manera errónea a nivel nacional, incluyendo la ciudadanía por nacimiento, el fin de la financiación a las ciudades refugio, la suspensión del reasentamiento de refugiados, el bloqueo de financiación inneces transgénero y otras muchas prioridades del pueblo americano", ha enumerado Trump. Sobre cuando esperan que el Supremo se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto, la fiscal general dice que será en octubre: "El derecho a la ciudadanía por nacimiento será decidido en octubre, en la próxima sesión del Supremo, a menos que lo anuncien en los próximos minutos".