La ley de amnistía de Irlanda del Norte contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos

LondresEl Tribunal Superior de Justicia de Irlanda del Norte, en Belfast, ha desmontado este miércoles por la tarde la piedra angular de la llamada Legacy act (una especie de amnistía sobre los delitos de sangre no resueltos cometidos en Irlanda del Norte). Con este articulado el gobierno británico quería poner punto final a los procesos por crímenes cometidos durante el período de los Troubles (1965-1998), a causa de la violencia sectaria entre republicanos y unionistas.

Una ley, básicamente, diseñada para evitar que soldados británicos tuvieran que enfrentarse a los tribunales después, a veces, de más de cincuenta años de los hechos. Como el caso de un militar (el soldado F) que será procesado por el asesinato de Patrick McVeigh, de 44 años, cometido en el sur de Belfast en mayo de 1972. El mismo soldado se enfrenta al procesamiento por el intento de asesinato de otras cuatro víctimas, heridas en el mismo incidente.

El juez Adrian Colton ha sentenciado que el elemento más sustancial de la ley, aprobada el pasado año, contraviene los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El texto legal facultaba a los funcionarios de Interior para otorgar inmunidad a los sospechosos de haber cometido delitos de sangre a cambio de información sobre sus mismos crímenes o sobre otros de los que tuvieran conocimiento. Pero la sentencia asegura que "no hay pruebas de que la concesión de la inmunidad en virtud de la ley contribuya en modo alguno a la reconciliación en Irlanda del Norte". "De hecho, las pruebas indican todo lo contrario", dice. El recurso de las familias también ha contado con el apoyo y asesoramiento legal de Amnistía Internacional.

Con todo, Colton asegura que la nueva Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información (ICRIR), creada ad hoc y que debía empezar sus trabajos el 1 de mayo, sí que era capaz de llevar a cabo investigaciones efectivas y no infringía la citada Convención Europea de Derechos Humanos. En la práctica, pues, y de acuerdo con la sentencia, la Legacy Act niega el derecho a la justicia, presuntamente, a cambio de una verdad que nunca podría quedar demostrada judicialmente.

Al recurso de las familias se sumó, el pasado diciembre, otro del gobierno de Dublín, por los mismos motivos. El Partido Laborista ha prometido que si llega al poder en las elecciones generales que tendrán lugar con toda seguridad en otoño, derogaría la ley. Sin embargo, muy probablemente antes el gobierno conservador presentará recurso ante la corte de apelación. El caso podría llegar incluso al Supremo y alargarse años en los tribunales antes de una sentencia definitiva.