A Meloni se le acumulan las batallas con la justicia
La justicia italiana investiga a la primera ministra ya dos ministros por la liberación de un presunto torturador libio
RomaSilvio Berlusconi solía referirse a los jueces que le investigaron durante su larga carrera política como "togas rojas". Desde el punto de vista del entonces primer ministro, la magistratura estaba monopolizada por una corriente comunista hostil en su gobierno, a la que hacían oposición desde los tribunales. El presunto complot se convirtió en un mantra para el líder de Fuerza Italia, que llegó a utilizarlo como eslogan de muchas de sus campañas electorales. Ahora es Giorgia Meloni, heredera del ex Cavaliere, quien ha convertido a los jueces italianos en el objetivo de sus ataques.
En un vídeo publicado este martes en las redes sociales, la primera ministra de Italia anunció que es investigada por la Fiscalía por la liberación del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Junto a Meloni, acusada de malversación de fondos y complicidad, también son investigados el ministro de Justicia, Carlo Nordio; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario de gabinete para asuntos de inteligencia, Alfredo Mantovano.
La investigación se abrió tras la denuncia de un abogado, Luigi Li Gotti, lo que obligó a la Fiscalía a proceder de oficio. En el fondo de la cuestión está la liberación de Osama al Masri, detenido el 19 de enero en virtud de una orden de arresto emitida por el TPI el día anterior por crímenes contra la humanidad.
La versión oficial asegura que la liberación de Al Masri, que fue recibida con gritos de alegría al regresar a Libia, se debió a un error de procedimiento, ya que el Tribunal de Apelación de Roma no validó su detención porque no recibió una comunicación del ministerio de Justicia italiano. Este presunto error creó un gran malestar en La Haya, sede del TPI, que emitió un comunicado en el que recordó a Italia que está obligada a "cooperar plenamente" con sus procesos judiciales y exigió aclarar qué había sucedido exactamente. Sin embargo, hay más dudas que certezas en esta historia.
Al Masri fue detenido tras asistir a un partido de fútbol. La operación se inició después de una orden de la Interpol que le localizó en un hotel de Turín. Según el procedimiento habitual, el ministro de Justicia debería haber recibido primero la solicitud de arresto y después haberla transmitido a través de la Fiscalía General al Tribunal de Apelación, pero no lo hizo. El martes por la tarde, el mismo día de la liberación, el ministro comunicó que estaba "evaluando la transmisión de los documentos a la Fiscalía General de Roma". Sin embargo, a esa misma hora el avión de la aeronáutica militar italiana que llevaría al Masri de vuelta a Libia ya estaba en Turín después de haber despegado esa misma mañana desde Roma, lo que permite imaginar que la decisión de liberar al presunto torturador libio estaba planificada al menos desde el día anterior.
El ministro del Interior aseguró la semana pasada en el Parlamento que la liberación se produjo por motivos de "seguridad nacional". Sin embargo, según denuncia la oposición italiana y sospecha el abogado que interpuso la denuncia contra Meloni y sus ministros, su repatriación exprés se justifica por el perfil del sospechoso. Al Masri es un hombre fuerte del gobierno de Trípoli –el que está reconocido por la ONU y por Italia, y que recibe financiación de la Unión Europea para limitar la llegada de inmigrantes irregulares–, a quien se le habría hecho un favor permitiendo su liberación.
El jefe de la policía judicial libia, al frente de las Fuerzas Especiales de Disuasión –un grupo paramilitar que opera en la región este de Trípoli responsable de las cárceles donde hay detenidos yihadistas–, está acusado por el Tribunal Penal Internacional de asesinato, tortura y violencia sexual contra hombres, mujeres y niños durante el tiempo en el que estuvo a cargo de algunas prisiones del país.
Ataque a la justicia
La denuncia contra Meloni, sin embargo, podría acabar beneficiando a la primera ministra y su gobierno. Varios miembros del ejecutivo, como la titular de Turismo, están imputados en procesos judiciales, y podrían relacionar estos casos con una presunta oposición política de la magistratura, al más puro estilo berlusconiano.
En el vídeo con el que anunció la apertura de la investigación, la mandataria italiana aprovechó para cargar contra los jueces que se oponen a la reforma de la justicia actualmente en tramitación, muy criticada por las asociaciones de magistrados, puesto que, entre otras cosas, modifica delitos como el de tráfico de influencias y limita las escuchas telefónicas a las investigaciones. "No voy a permitir que me extorsionen ni me dejaré intimidar. Es posible que, por todo ello, sea atacada por quienes no quieren que Italia cambie y mejore. Pero pretendo seguir adelante en defensa de los italianos con la cabeza alta y sin miedo", va. concluir Meloni.
