Nueva crisis en Downing Street debido a los 'vuelos de la vergüenza' en Ruanda

LondresNueva crisis en el gobierno británico, ahora a raíz de los llamados vuelos de la vergüenza en Ruanda: la política de deportación en el país centroafricano de los solicitantes de asilo, llegados sin papeles básicamente a través del canal de la Mancha. El responsable del programa, el secretario de estado de Inmigración, Robert Jenrick, ha dimitido este miércoles por la noche, prácticamente al tiempo que su jefe directo, el ministro del Interior, James Cleverly, presentaba a los Comunes una nueva ley de emergencia con el objetivo de superar las trabas que puso el Tribunal Supremo.

A mediados de noviembre, por unanimidad de los cinco miembros, el más alto tribunal del Reino Unido va declarar ilegal la deportación porque consideraba que había muchas posibilidades de que un refugiado enviado a Ruanda sin billete de vuelta pudiera terminar en su país de origen, donde su vida estaba amenazada. Esto, decía el Tribunal, contravenía una serie de leyes británicas y también los tratados internacionales firmados por Londres, como la Convención Europea de Derechos Humanos. El ministro Cleverly viajó este pasado lunes a Ruanda para renegociar el tratado con el objetivo de superar a la oposición del Supremo. El gobierno cree que lo ha logrado, y el sector de ultraderecha de los conservadores considera que no.

En conferencia de prensa este jueves, y antes de que la situación derive en una crisis mucho más profunda, el primer ministro Sunak ha defendido la viabilidad del proyecto, ha rechazado el parecer de Jenrick y de otros diputados, y en la práctica ha hecho de la votación que tendrá lugar el próximo martes en los Comunes sobre el texto de la conocida como ley de Ruanda una cuestión de confianza. Aunque deja libertad de voto a sus parlamentarios, una derrota supondría un golpe fatal a su reputación y autoridad dentro del partido, muy cuestionada por el ala más extremista en lo que se refiere, específicamente, al tema de la inmigración. Asimismo, intenta que el laborismo quede retratado ante el electorado, sobre si apoya o no. Una vez más, los inmigrantes en Reino Unido se convierten en uno de los grandes campos de batalla entre el gobierno y la oposición. Esta mañana el laborismo ha anunciado que se opondrá.

Como parte de los cinco compromisos electorales básicos, el premier Rishi Sunak adquirió a principios de este año el "detener las pateras" con migrantes sin papeles. La deportación a Ruanda, iniciativa promovida por Boris Johnson en abril del 2022, cuando era primer ministro, es vista por los tories como clave para cumplir la promesa como medida de disuasión y, también, como buque insignia de su acción de gobierno para presentarse con alguna esperanza en las elecciones generales del próximo año. Por el momento, los laboristas les quitan veinte puntos de ventaja en las encuestas.

La apuesta de Sunak, sin embargo, fue dinamitada ayer miércoles doblemente. Por un lado, por la exministra del Interior Suella Braverman, que abogó desde la Cámara de los Comunes por una acción más decisiva contra los migrantes y las leyes internacionales que los protegen; por otro, por la repentina dimisión de Jenrick, que aseguraba en su carta de renuncia, uniendo así sus argumentos a los de Braverman y decenas de diputados conservadores, que la nueva ley no permitirá al ejecutivo anular tratados internacionales –por ejemplo, la citada Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)– que hasta ahora han impedido que el gobierno deporte a los migrantes a África.

En la conferencia de prensa celebrada esta mañana en Downing Street, Sunak ha intentado rebatir la idea, pero admitió que sólo habría un pequeño resquicio para recorrer la deportación. En todo caso, aseguró que con la nueva ley "se acabará el carrusel de recursos legales" que hasta ahora han impedido la deportación de migrantes.

De hecho, en junio del pasado año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo el primer vuelo, con seis migrantes a bordo, a menos de media hora para que despegara. Este jueves por la mañana, en una entrevista en la BBC, Braverman también ha expresado que el proyecto de ley presentado el miércoles por el gobierno no funcionará.

Cuestión de confianza

La iniciativa del ya ex secretario de estado es una tormenta más dentro del Partido Conservador, que libra una nueva batalla interna, una de tantas desde el referendo del Brexit. Por un lado, los partidarios de asegurar que Reino Unido pueda actuar unilateralmente, sin tener en cuenta leyes ni tratados internacionales, y enviar vuelos a Kigali; por otro, el sector más centrista de los tories, que no quieren que Londres abandone la CEDH.

Tobias Ellwood, uno de los diputados del ala moderada del partido, ya ha anunciado este jueves que no apoyará la ley de Ruanda si existe "alguna perspectiva" que infrinja el derecho internacional. Élwood aseguró que la cuestión puede acabar en una "escisión" de los conservadores. Ruanda está "partiendo nuestro partido por la mitad, exponiendo las diferencias ideológicas que normalmente puede gestionar".

La inmigración es uno más de los talones de Aquiles del gobierno. En el 2010, cuando los conservadores llegaron al poder, David Cameron prometió reducirla a decenas de miles de personas al año. El Brexit se vio cómo la bala de plata para acabar con el libre movimiento de ciudadanos comunitarios. Pero hace dos semanas se dieron a conocer las cifras de inmigrantes legales alcanzados en el 2022. En total, 745.000 personas, tres veces más que en el año del referéndum del Brexit (2016).

Antes de la conferencia de prensa, Sunak ha anunciado que sustituye a Robert Jenrick por dos ministros: uno que velará por el cumplimiento de las normas relativas a la inmigración ilegal y otro sobre las de la legal, que han sido reformadas esta misma semana.