Portugal

El presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas tras la dimisión de Costa

El país afronta los segundos comicios anticipados en menos de dos años después de la renuncia del primer ministro, investigado por corrupción

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El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro dimisionario, António Costa, durante la reunión del Consejo de Estado.

BarcelonaEl presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado que disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 10 de marzo. Es la consecuencia inmediata de la repentina dimisión del primer ministro, el socialista António Costa, este martes, después de que se supiera que está siendo investigado por un presunto caso de corrupción, prevaricación y tráfico de influencia, junto con otros miembros de su gobierno.

Rebelo de Sousa compareció públicamente tras una reunión del Consejo de Estado, un órgano consultivo que puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque la última palabra la tiene siempre el presidente. Entre los 18 consejeros que lo forman se encuentra también el primer ministro dimisionario, António Costa. El jefe de Estado también se reunió este miércoles con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria. En su mensaje a la nación, elogió el "gesto elevado" de Costa y confió en que el tiempo "permita aclarar lo ocurrido y salvaguardar el buen nombre".

El presidente ha optado por la salida más previsible y más popular. Una encuesta realizada horas después de la renuncia de Costa y publicada este jueves indica que la convocatoria de elecciones anticipadas era la solución preferida por la gran mayoría de los portugueses. Casi un 68% de los encuestados defendió esta opción, mientras que un 25,7% prefería la elección de un nuevo primer ministro socialista y mantener la actual mayoría absoluta de este partido. Esta salida, claro, era la que también defendían los socialistas, aunque carecían de apoyo de los partidos de la oposición, y Rebelo de Sousa consideró que habría sido una solución "débil".

Portugal ya tuvo que celebrar elecciones anticipadas en enero del año pasado, después de quelos socios de izquierdas giraran la espalda a Costay rechazaran su propuesta de presupuestos. En ese momento, el movimiento fue beneficioso para los socialistas, que apostaron fuerte por la carta del espantajo de la ultraderecha, y los resultados permitieron a Costa empezar su tercera legislatura sin tener que depender de ninguna otra formación. Este jueves, en plena crisis, el gobierno portugués ha aprobado una de sus promesas estrella, el aumento del salario mínimo en cerca de un 8%, hasta los 820 euros mensuales. comicios, teniendo en cuenta que en la investigación abierta están involucradas varias figuras destacadas del partido, como el propio primer ministro, que ya ha dejado claro que cierra esta etapa política, aunque niega haber cometido delito alguno. Pedro Nuno Santos, ex ministro de Infraestructuras y Vivienda, será con toda probabilidad quien le sustituirá al frente del Partido Socialista, según CNN Portugal.

Operación 'Influencer'

El caso de supuesta corrupción, que se ha bautizado con el nombre de operación Influencer, se centra en la adjudicación de contratos en negocios energéticos. En concreto, se investiga las concesiones de exploración de litio en las minas de Montalegre y Boticas, en el norte del país; un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno en Sines –que nunca se materializó–, y otro proyecto en esta misma ciudad para la construcción de un centro de datos por parte de la empresa Start Campus. António Costa dimitió al saberse que es objeto de una investigación independiente del ministerio público en una investigación abierta en el Tribunal Supremo, después de que algunos de los investigados hicieran referencia a su nombre y aseguraran que había intervenido para desbloquear trámites en estos negocios.

De momento hay cinco detenidos, que este jueves están citados a comparecer ante el juez, entre ellos el jefe de gabinete de António Costa, Vitor Escária –cesado hoy–, que la prensa portuguesa describe como uno de los hombres clave en el ejecutivo. También está arrestado el abogado Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo del primer ministro, así como el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, y Alfonso Salema y Rui Neves, ejecutivos de la empresa Start Campus, con sede en esta ciudad del sur de Lisboa. Según la CNN, Mascarenhas supuestamente pidió un trato de favor para Start Campus a cambio de que la empresa patrocinara un festival de música y apoyara el club de fútbol y proyectos sociales del municipio.

Además, están imputados el ministro de Infraestructuras, João Galamba; el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA), Nuno Lacasta, y el abogado y exportavoz del Partido Socialista João Tiago Silveira.

En la cuarentena de registros que la policía hizo, junto con la Fiscalía y 'Agencia Tributaria, se encontraron, entre otros, más de 75.000 euros en la oficina del jefe de gabinete de Costa, en la residencia oficial del primer ministro, que estaban guardados en varios sobres y escondidos dentro de libros y cajas de vino , según detallaron medios locales. El abogado de Escária ha defendido que ese dinero "no tiene nada que ver" con la investigación, sino que está relacionado con "la actividad profesional anterior a las funciones que ahora ejercía". Según Público y la CNN, también se hallaron pequeñas cantidades de droga en casa del ministro de Infraestructuras, aunque se considera hachís de autoconsumo.

El diario Observador ha publicado este jueves que hay más de 20 escuchas telefónicas desde noviembre de 2020 hasta la actualidad que conectan al primer ministro con los hechos investigados, que ya se han derivado en el Tribunal Supremo. El mismo medio afirma que en algunas de las llamadas intervenidas aparecen también el presidente de Portugal y el jefe del Parlamento, Augusto Santos Silva. Además, según la agencia de noticias Lusa, la Fiscalía considera que António Costa intervino en la aprobación de un diploma favorable a los intereses de la empresa Start Campus. Se trata de un acuerdo aprobado por el consejo de ministros el pasado julio que regula las subastas para la asignación de capacidad de conexión a la red de instalaciones de consumo eléctrico en zonas de gran demanda. Según el escrito de acusación, esto supuso "el establecimiento de un procedimiento excepcional" para Sines.

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