La revuelta de los campesinos pone a prueba a la Unión Europea

BarcelonaMontañas de estiércol y paja quemaron en las calles de Bruselas el pasado febrero. Les habían llevado hasta allí campesinos belgas que con cientos de tractores han inundado la capital europea al menos tres veces en los últimos meses, para dejar claro su enfado. Una indignación que recorre todo el campo europeo y que desembocado en las protestas más masivas del campesinado por toda Europa, desde Bruselas a Rumanía, pasando por París, Berlín, Madrid o Barcelona. El descontento de los agricultores con las políticas europeas es patente y se ha convertido en uno de los caballos de batalla que la extrema derecha intenta capitalizar para irrumpir con más fuerza que nunca en la Eurocámara en estas elecciones.

Los agricultores europeos han visto cómo la inflación ha aumentado sus costes de producción, mientras los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea permiten la entrada en el mercado de alimentos mucho más baratos procedentes de terceros países. A esto se suma no sólo el impacto de la crisis climática –con sequías como la que sufren los campesinos catalanes, que les reduce la producción–, sino también el aumento de la burocracia que les impone Bruselas para cumplir con los requisitos medioambientales del Pacto Verde y de la nueva política agraria común (PAC).

El estallido de los campesinos ha llevado a la Comisión Europea deUrsula Von der Leyen a dar marcha atrás de algunas partes del Pacto Verde, como la que pretendía reducir un 50% el uso de los plaguicidas químicos y acabar con los más peligrosos en 2030. También llevó a los ministros de Agricultura de los 27 a aprobar una revisión de urgencia de la PAC, a finales de marzo, que exime a las explotaciones pequeñas (menos de 10 hectáreas) de algunos condicionantes (y sanciones) medioambientales que se les exigían para tener derecho a las ayudas de la PAC. La exención afectará al 65% de los beneficiarios de la PAC, que representan al 10% de las tierras cultivadas de la UE. Unos retrocesos que han sido criticados duramente por organizaciones como Greenpeace, que denuncian que la UE "desmantele" una política que se había tardado años en consensuar mientras al mismo tiempo "se alimenta la falsa narrativa" que agricultura y protección del medio ambiente son antagónicos.

En las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, pues, está en juego seguir por el camino de este desmantelamiento o reforzar una política medioambiental y de lucha contra la crisis climática que también debe beneficiar al campo, siempre que se aplique teniendo en cuenta las dificultades del pequeño y medio campesinado.

Un diálogo pendiente para después de las elecciones

El peso de la PAC en el presupuesto europeo ha ido descendiendo a medida que cambiaban las prioridades de la Unión. Si en 1981 el 65,5% del presupuesto europeo se destinaba a la PAC, en 2022 ya fue sólo el 23,5%. Esto no quiere decir que el dinero destinado haya bajado tanto –sigue alrededor de los 55.000 millones anuales, aunque los campesinos se quejan de que no se han adaptado a la inflación (el pico fue en el 2020 con más de 59.000 millones)– , sino que el presupuesto global de la UE se ha ido incrementando. Alrededor de un 70% del dinero de la PAC son ayudas directas a los agricultores. Lo que sí se ha ido reduciendo es la parte de estas ayudas que venían sin ningún condicionante medioambiental. No se ha arreglado, en cambio, la mala distribución de los fondos: dado que priorizan el área cultivada, el 20% de los beneficiarios (instalaciones grandes) se llevan el 80% de las ayudas.

La reforma de la PAC que se aprobó en 2021, entró en vigor el 1 de enero de 2023 y está vigente hasta 2027, se centró precisamente en fomentar la sostenibilidad ecológica y la digitalización del sector. A esto se añadió el programa De la granja a la mesa, que está dentro del Pacto Verde y que busca reducir la huella ecológica de todo el sistema alimenticio, incluida la distribución.

Algunos representantes de los agricultores europeos denuncian que todo esto pone demasiado peso sobre la espalda del campesino. Otros remarcan que el mayor problema del sector son los bajos precios y "la competencia desleal" de los productos de fuera de la UE. Para tratar de resolver el problema, Von der Leyen anunció, en enero, un "diálogo estratégico para el futuro de la agricultura en la UE", en el que quería sentar en la misma mesa agricultores, ecologistas, consumidores, empresas y otros sectores implicados. Pero lo que salga de este diálogo se decidirá ya en la próxima legislatura, después de las elecciones.