Germán Velásquez: "El principal interés de la industria farmacéutica son los accionistas, antes que la salud pública"

BarcelonaGermán Velásquez (Colombia, 1948) trabajó durante más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud, fue el director del Programa de Medicamentos. Su defensa del derecho de los países pobres a acceder a todos los medicamentos lo enfrentó a la industria farmacéutica, en un combate desigual que lo obligó incluso a viajar por el mundo con escolta de la ONU. Doctor honoris causa por varias universidades, ahora es asesor especial del Centro Sur, una organización con sede en Ginebra formada por 54 países del sur. Responde a las preguntas del ARA unos días antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), este enero, para discutir la propuesta para suspender las patentes de las vacunas, tratamientos y tests del covid-19 mientras dure la pandemia.

¿Qué pasaría si las vacunas contra el covid-19 que han sido autorizadas y las que se están desarrollando no tuvieran patentes?

Se aumentaría sustancialmente el acceso a estos medicamentos para los países en vías de desarrollo, que representan tres cuartas partes de la población mundial. Y quizás la investigación también sería más rápida, porque se habrían compartido resultados en lugar de invertir sumas astronómicas de dinero público en las fases iniciales de los diferentes proyectos.

¿Las patentes son, pues, una barrera al acceso a los medicamentos?

Sí. Y no es un problema nuevo. A principios de los años 2000, en Suráfrica los tratamientos antirretrovirales para el VIH costaban 12.000 dólares y eran inaccesibles para la mayoría de la población, y desde que se levantaron las patentes cuestan menos de 100 dólares y se han podido hacer llegar a todo el mundo que los necesita. Hay muchos más ejemplos: hace cinco años, la farmacéutica norteamericana Gilead desarrolló Sovaldi, un medicamento que cura la hepatitis C: el precio inicial era de 84.000 dólares por un tratamiento de tres meses, cuando sabemos que el coste es de menos de 100 dólares. Hoy, en Egipto, que es el país con la incidencia más alta de esta enfermedad, todo el mundo tiene acceso porque las autoridades decidieron rechazar la patente y una industria local lo pudo fabricar. La farmacéutica Vertex puso en el mercado en 2015 un medicamento contra la fibrosis quística en niños que cuesta 133.000 dólares. Kymriah, un medicamento de Novartis contra la leucemia, cuesta unos 320.000 euros por tratamiento y el mismo laboratorio suizo ha desarrollado el que se considera el medicamento más caro de la historia, un tratamiento contra la atrofia muscular en bebés que cuesta 2,1 millones de dólares. Y todo esto pasa porque son medicamentos patentados.

¿Cómo se fija el precio de los medicamentos?

Hace cien años, cuando se empezó a desarrollar la industria farmacéutica, se fijaba en relación al precio de coste, que incluye la inversión en investigación, la materia prima y la mano de obra. Hace veinte años se introdujeron las patentes y esto cambió. Pero hace cuatro años que hubo un cambio de paradigma especialmente grave: ahora la industria argumenta que el precio no se tiene que basar en el coste, sino en el valor del medicamento. Y esto es tan subjetivo como el valor de una vida. La OMS y los gobiernos lo aceptan, cuando esto no se le permite a ninguna otra industria. Al final, fijan los precios en función de lo que está dispuesto a pagar cada país.

Las farmacéuticas argumentan que sin patentes no habría innovación: que tienen que rentabilizar la inversión que han hecho en investigación.

Nunca en la historia de la medicina había habido una inyección tan masiva de dinero público como la que se ha hecho ahora para desarrollar tratamientos y vacunas contra el covid-19. Y gracias a esto se han podido acortar los plazos: normalmente se tarda diez años en tener una vacuna y ahora se ha hecho en diez meses. Esto es muy bueno, pero también hay elementos críticos: no hay trazabilidad de esta inversión pública. El sistema de patentes es para facilitar que se invierta dinero privado en investigación. Pero las vacunas las estamos pagando dos veces: se pusieron miles de millones de dinero público para desarrollarlas y ahora la ciudadanía tiene que pagarlas a través de las compras que hacen los gobiernos a las farmacéuticas, a las cuales se permite una patente para que recuperen una inversión que ellos no han hecho. Hay que ver hasta qué punto es legítimo que a una empresa patente un producto del cual no ha sido el principal financiador. Y ahora es el momento de hacerlo.

¿La patente sirve también para asegurar la calidad de los medicamentos? Ya vimos qué pasó con los tests y las mascarillas en la primera oleada de la pandemia: eran de mala calidad y se tuvieron que retirar lotes enteros.

La patente no tiene nada que ver con la calidad. Hay miles de medicamentos en el mercado que son genéricos, sin patente. Y tienen que pasar los mismos controles de calidad que establecen las autoridades reguladoras.

Los países ricos están acaparando la producción de vacunas, existentes y futuras. ¿Qué impacto tiene esto en el acceso global?

Que tres cuartas partes de la población mundial tardará meses y probablemente años en tener acceso a la vacuna. Simplemente porque los países ricos han hecho el contrario de lo que se comprometieron a hacer ante la OMS: el proyecto Covax, que tenía que asegurar que todos los países tendrían vacunas inicialmente para cubrir al menos el 20% de su población. Se está haciendo el contrario. Y esto, desde un punto de vista ético, es una vergüenza, además de un error desde el punto de vista sanitario, porque sabemos que es importante vacunar a toda la población mundial a la vez. También es un mal cálculo desde la perspectiva económica, porque si el mundo en desarrollo no puede producir y consumir, la economía mundial no se puede restablecer.

¿Cree que Covax está amenazado?

La Unión Europea, los Estados Unidos, el Canadá, Australia y el Japón ya han violado el acuerdo en el momento en que han comprado toda la producción mundial. Covax ya no tiene sentido. Nació muy debilitado desde el principio porque nadie tenía fuerza para obligar a los estados a aplicar el plan.

Pero los países ricos dicen que darán las dosis sobrantes.

Es lo que siempre han dicho. Pero Francia y España ha dicho que vacunarán primero a toda su población y de aquí unos años darán limosna a los países pobres.

Si todo el mundo está de acuerdo en que hay que vacunar a la población mundial a la vez empezando por los más vulnerables para combatir la pandemia, ¿esto quiere decir que la situación no mejorará?

Como se ha reducido el tiempo de desarrollo de la vacuna quizás saldrán nuevas muy pronto y más baratas y los países del Sur podrán acceder a ellas. Esto siempre que los países industrializados no se lancen a comprar también las nuevas vacunas que se aprueben para tener, así, un stock de seguridad.

¿Los países del Sur tienen capacidad para vacunar masivamente?

Históricamente se han hecho campañas de vacunación con resultados excelentes incluso en los países más pobres. Otra cosa es que las vacunas que necesitan la cadena de frío tienen una logística muy difícil, incluso para el Norte, y casi imposible para el Sur.

Usted fue el autor del 'libro rojo' que hace 20 años dejó claro que había excepciones legales en el sistema de patentes en el caso de los medicamentos.

Cuando se creó la OMC se generalizó la aplicación de patentes para un periodo de 20 años para los productos farmacéuticos. Pero hay una serie de derechos totalmente legales de los países, unos mecanismos de protección de la salud pública, las llamadas flexibilidades, como las licencias obligatorias. Todos los estados tienen derecho a retirar la patente a su propietario por motivos de salud pública o de prácticas anti-competencia. Y a autorizar que otros produzcan, lo que bajará los costes. El propietario de la patente recibe una regalía de la mano de los que produzcan el genérico. Y el país que ha hecho más licencias así son los Estados Unidos. Esto lo podría hacer cualquier país ahora con las vacunas contra el covid-19.

¿Y por qué no se hace?

Ahora se está dando un paso atrás y se están poniendo en cuestión estos mecanismos. En la asamblea de la OMS de octubre se debatió sobre el acceso a los tratamientos y las vacunas. Algunos jefes de gobierno como Macron, Merkel o el mismo Pedro Sánchez declararon solemnemente que los medicamentos o las vacunas para una pandemia eran bienes públicos mundiales. Y un bien público no se puede patentar. Pero mientras ellos hacían estos pomposos discursos, sus mismas delegaciones estaban negociando una resolución en la que no se habla de retirar las patentes. La fundación Bill y Melinda Gates dijo que la propiedad intelectual no se podía tocar porque se ponía en cuestión el futuro de la innovación, cosa que es totalmente falsa. Justamente ahora es cuando se tiene que considerar que lo que pueda salvar la humanidad de este desafío tiene que ser considerado un bien público de acceso universal.

¿Lo podría hacer cualquier país?

Sí. Hoy la mayoría de países del mundo ya lo incluyen en sus legislaciones nacionales. Solo falta que un país lo haga, y lo más fácil sería que fuera alguno con capacidad de producción de vacunas, como la India, Suráfrica o Brasil. Pero no creo que esto pase, porque en las negociaciones de la OMC los países industrializados han dejado claro que no lo permitirán, y los Estados Unidos o la UE tienen tanta capacidad de presión que no creo que ningún país lo consiga. No se olvide que cuando hace diez años Tailandia lo intentó con un medicamento contra el cáncer, los EE.UU. amenazaron con un bloqueo comercial. Mi país, Colombia, durante dos años intentó hacer una licencia obligatoria de un medicamento de Novartis y acabó renunciando por presiones del gobierno suizo y de los Estados Unidos.

La carrera por las vacunas tiene mucha política.

En los últimos 20-30 años ha habido tensión entre dos actores: el comercial y el sanitario. El dilema era si es más importante el beneficio de unas compañías privadas que se están enriqueciendo o el de los ciudadanos. Ahora se añade un nuevo actor, que es el político. Los gobiernos están protagonizando un auténtico nacionalismo de las vacunas para mostrar a su población que hacen todo lo que se puede y por eso acaparan vacunas incluso con finalidades electoralistas.

Pero ninguna industria puede fabricar vacunas para los 8.000 millones de personas. Y, en cambio, no dejan que otros lo hagan.

La capacidad mundial de producción de vacunas es de 2.500 millones de dosis al año. Con la capacidad actual, tardaríamos tres o cuatro años, y las compañías prefieren mantener precios caros, aunque esto quiera decir que solo compran los países ricos. Esto nos demuestra que el principal interés de la industria farmacéutica mundial no es la salud pública, sino lo que pasa en las bolsas de Nueva York y de Londres, y cómo remuneran a sus accionistas.