El gobierno italiano, dividido ante la obligatoriedad de la vacuna

MilàLa vacunación obligatoria para los mayores de 50 años, la medida que anunció el miércoles al atardecer el ejecutivo italiano, ha abierto una brecha en el gobierno y en la política italiana, cada vez más dividida por el endurecimiento de las restricciones que apuntan a la población que no se quiere vacunar. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, defendía el miércoles la norma –que entrará en vigor en febrero–, porque los no inmunizados son "los que provocan la saturación de los sistemas hospitalarios": "Dos tercios de los hospitalizados en las UCI y el 50% de los pacientes en salas ordinarias no están vacunados”, advirtió. Italia ha registrado un nuevo récord de positivos desde el inicio de la pandemia, con 219.000 casos nuevos en las últimas 24 horas. La variante ómicron hace crecer los casos de manera exponencial.

Pero el decreto aprobado el miércoles por la noche, después de un largo consejo de ministros, es menos severo de lo que se esperaba debido al rechazo del Movimiento Cinco Estrellas y de la Liga a la vacuna obligatoria para toda la población –y no solo para los mayores de 50– que proponía el Partido Democrático. Las tres formaciones sostienen al gobierno de unidad encabezado por el primer ministro, Mario Draghi, pero cada partido ha mantenido posiciones diferentes en los últimos meses respecto a la gestión de la crisis sanitaria, un tema bastante espinoso en el país transalpino.

Durante las largas negociaciones se discutió la posibilidad de rebajar hasta los 40 años la edad a partir de la cual imponer la vacuna obligatoria, pero la Liga se negó y propuso levantarla hasta los 60 años, aunque al final se consiguió llegar a un compromiso. Draghi quería extender la obligación del llamado certificado sanitario reforzado –que solo obtienen los ciudadanos vacunados o que han pasado recientemente la enfermedad y no aquellos que muestran un test diagnóstico negativo– para entrar en una sucursal bancaria, en un centro comercial, en la peluquería y, sobre todo, en el trabajo. Aún así, el primer ministro tuvo que dar marcha atrás para evitar el veto de la Liga del xenófobo Matteo Salvini.

El líder ultraderechista no solo no ha cedido ante Draghi y el resto de partidos de la coalición heterogénea que sostiene al economista al frente del ejecutivo, también tiene que luchar contra la oposición de una parte de su partido –sobre todo la que representan los presidentes de las regiones del norte, muy afectadas por la pandemia–, favorable a extender la obligatoriedad de la vacuna a la mayor parte posible de la población. “La ambigüedad de mi partido y de mi secretario general sobre las vacunas me está poniendo en una situación difícil desde hace tiempo”, reconoció el eurodiputado Gianantonio Da Re en una entrevista al Corriere della Sera.

El certificado reforzado

El país transalpino ha convertido el certificado covid reforzado en una especie de salvoconducto imprescindible para hacer cualquier actividad social como ir al cine, entrar en un museo o cenar en un restaurante. Desde hace unos meses, este documento es imprescindible también para viajar en avión, en trenes de larga distancia y en barcos. Y a partir del 10 de enero será necesario para entrar en hoteles o acceder al transporte público local.

Como en otros estados de Europa y para intentar convencer a los que rechazan inyectarse la vacuna, el gobierno ha ido extendiendo la obligatoriedad de las dosis a los trabajadores en función de su categoría: primero fueron los médicos y el personal sanitario, después los profesores y más tarde fue el turno de militares y policías. Finalmente, la obligatoriedad alcanzó a todos los empleados de la administración pública y trabajadores del sector privado, que, en alternativa a la vacuna, se pueden someter a un test diagnóstico con resultado negativo para entrar en su puesto de trabajo.

Y mientras tanto el virus no da tregua. Italia ha registrado la última semana una explosión de nuevos casos que representa un aumento del 153% respecto a los siete días precedentes. Según la Federación Italiana de centros sanitarios y hospitales (FIASO), las hospitalizaciones por coronavirus han aumentado un 25% y los ingresos en UCI un 13%.