Próximo Oriente

Human Rights Watch acusa a Israel de "crímenes de apartheid" contra los palestinos

El organismo reclama en un informe sin precedentes una investigación del Tribunal Penal Internacional

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Soldats israelíes en una protesta por el cierre de la mezquita de A el-Aqsa durante el Ramadan, este sábado.

BarcelonaIsrael ha establecido un régimen de apartheid y persecución contra los palestinos que viven en los territorios ocupados, denuncia un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que documenta cómo sus leyes privilegian a los judíos israelíes. Para el organismo, referente mundial en materia de derechos humanos, estas políticas han "pasado de la raya" y suponen un crimen de apartheid, que en derecho internacional se refiere a una discriminación institucional severa y una opresión sistemática de un grupo sobre otro.

"Nos basamos en una política global del gobierno israelí para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos y en los graves abusos que se han cometido contra los palestinos que viven en los territorios ocupados y en Jerusalén este", apunta HRW en un comunicado. El informe, de 213 páginas, recoge documentos, estudios de casos, declaraciones de responsables políticos y otras fuentes y documentos oficiales. "Negar a millones de palestinos sus derechos fundamentales no es simplemente una ocupación abusiva. Voces destacadas han alertado durante años de que se estaba muy cerca de cometer crímenes contra la humanidad por razón de apartheid y persecución y esta raya se ha cruzado", asegura Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW. El ministerio de Exteriores israelí ha despachado el informe tildándolo de panfleto "de propaganda" y acusando a la organización de tener una "agenda antiisraeliana".

El informe pone negro sobre blanco el sistema legal de dominación que vertebra el estado israelí, recuerda que en 2018 el Parlamento israelí aprobó una ley con rango constitucional que afirma que Israel es "el estado nación del pueblo judío", donde el derecho de autodeterminación es "exclusivo del pueblo judío", y que considera "el asentamiento judío" un valor nacional. "Para mantener el control judío israelí, las autoridades israelíes han adoptado políticas para mitigar lo que abiertamente describen como la «amenaza» demográfica de los palestinos", dice el documento. HRW también alerta de la política de "judeización" del territorio, que busca "concentrar a la mayoría de palestinos que viven fuera de las principales ciudades judías en enclaves densamente poblados, carecidos de servicios, con un acceso limitado al suelo y a las viviendas mientras se alimenta el crecimiento de comunidades judías próximas". Y cita el ejemplo de Jerusalén, donde "el plan del gobierno, incluido el oeste y las partes ocupadas del este de la ciudad, establece el objetivo de «mantener una sólida mayoría judía» e incluso especifica las ratios demográficas que espera mantener".

Discriminación étnica

También recoge los ejemplos de discriminación étnica, como la ley marcial "draconiana", que prohíbe a los palestinos entrar en los asentamientos judíos, el bloqueo de la franja de Gaza, que impide la libertad de movimientos y la entrada de mercancías, o el estatuto de la población palestina de Jerusalén Este, que ve limitado su derecho a residencia. Todo ello constituye lo que HRW considera una "opresión sistemática". Y recuerda que los palestinos ciudadanos de Israel "viven bajo leyes que permiten a centenares de pequeños municipios judíos excluirlos, y presupuestos que reservan solo una pequeña parte de recursos a las escuelas palestinas en comparación con las destinadas a niños judíos israelíes". El tribunal militar israelí, que solo procesa a palestinos, ha reconocido una tasa de condenas del 99,7%.

HRW documenta también una serie de actos inhumanos en los territorios ocupados palestinos, como las limitaciones al movimiento de los 4,7 millones de palestinos que viven ahí, la confiscación de buena parte de su tierra, la denegación "categórica de los permisos de construcción que ha obligado a miles de palestinos a marcharse de su casa en condiciones que llegan al traslado forzoso" o la suspensión de "derechos civiles básicos como la libertad de reunión y asociación o negar a los palestinos la oportunidad de tener voz en una larga lista de temas que afectan a su vida diaria y a su futuro". HRW considera que "no hay ninguna proporción entre las preocupaciones de seguridad y estos abusos".

El gobierno de Tel Aviv ha respondido al documento considerándolo "una parte más de la campaña de esta organización, liderada por un conocido defensor de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que no tiene nada que ver con la realidad sobre el terreno", y considera las acusaciones "ridículas y falsas".

En enero B'Tselem, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en Israel, también dio el paso de considerarlo un estado de apartheid y rompió el consenso también en la izquierda del país de que se trata de un régimen democrático que ejerce temporalmente una ocupación. Mientras que oficialmente las autoridades hablan de un proceso de paz y de una ocupación temporal, "la continua expansión de los asentamientos exclusivos para israelíes en Cisjordania, la significativa inversión en infraestructura para conectar estos asentamientos con Israel, la aprobación de la ley del estado nación judío y las declaraciones que hablan formalmente de anexionarse partes de Cisjordania han dejado muy claro el intento de Israel de mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos en el futuro próximo, si no de manera permanente", explica al ARA desde Londres Yasmine Ahmed, de HRW. "Cuando unes los puntos te das cuenta de la realidad subyacente: una realidad en la que un gobierno manda sobre el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo donde viven dos grupos, metódicamente privilegiando a los judíos israelíes y oprimiendo sistemáticamente a los palestinos". HRW reclama al Tribunal Penal Internacional que investigue a los responsables del sistema de apartheid israelí.

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