La justicia europea desautoriza de nuevo a los gobiernos de Polonia y Hungría
El TJUE declara ilegales la ley húngara que criminaliza el apoyo al asilo y la polaca que da al ministro de Justicia potestad de nombrar jueces a ciertos tribunales
BruselasNuevo capítulo en la pugna que mantiene la Unión Europea contra la deriva autoritaria de Hungría y Polonia. Este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado contrarias al marco legal europeo dos leyes de estos dos socios comunitarios. Por un lado, el tribunal con sede en Luxemburgo considera ilegal la potestad del ministro de Justicia polaco, que es al mismo tiempo fiscal, de nombrar y retirar a jueces en los tribunales superiores del país. Por el otro, el TJUE también considera ilegal la normativa húngara que criminalizó las organizaciones que ayudaban a los solicitantes de asilo a presentar sus peticiones en el país.
Así pues, la justicia comunitaria constata de nuevo que las políticas impulsadas por los gobiernos de Viktor Orbán en Hungría y de Mateusz Morawiecki en Polonia son contrarias a la ley europea, porque vulneran el derecho a protección internacional de las personas en el primer caso y el principio de independencia judicial en el segundo. Fue la Comisión Europea la que llevó la normativa de Orbán a los tribunales en el verano de 2019, después de numerosos avisos y amenazas.
Nuevo golpe a la reforma judicial polaca
En el caso de Polonia, el gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) ha tomado el control político del poder judicial del país a través de una reforma que tiene diferentes vertientes y que Bruselas ha llevado a los tribunales a través de diferentes recursos. Se creó una cámara disciplinaria para castigar a los jueces del Tribunal Supremo en función de sus sentencias e impedirles presentar cuestiones prejudiciales al TJUE, y también se aprobó la jubilación anticipada de los jueces para aumentar el control político con jueces en activo favorables al gobierno. Pero, además, también se otorgó al ministro de Justicia del país, que al mismo tiempo es fiscal, la potestad de asignar o revocar servicios a jueces en tribunales superiores del país, cosa que el TJUE considera inadmisible.
El TJUE considera que "para evitar la arbitrariedad y el riesgo de manipulación", la decisión por la cual se otorga o se retira un caso a un juez se tiene que hacer siguiendo "criterios conocidos". Luxemburgo también pone en cuestión el hecho de que el ministro de Justicia sea al mismo tiempo fiscal, porque, en una determinada causa penal, puede haber "dudas legítimas" sobre la imparcialidad de los jueces. Todo ello, considera el TJUE, vulnera la exigencia de independencia judicial porque provoca que el ministro de Justicia del país tenga, "basándose en criterios desconocidos", la facultad de asignar y poner fin a esta asignación a jueces en tribunales superiores, "sin tener que motivar su decisión". Por lo tanto, concluye el tribunal europeo, "no están las garantías de independencia de las cuales cualquier juez tendría que disfrutar normalmente en un estado de derecho".
Esta es, pues, una nueva ramificación en la pugna entre el TJUE y las instituciones europeas contra la reforma judicial del gobierno polaco, y la vulneración a primeros del estado de derecho que hay que respetar en el conjunto de la Unión Europea. El pulso llegó hasta el punto en el que el Tribunal Constitucional del país, considerado también parcial e ilegítimo por el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), desafió directamente la arquitectura jurídica de la UE y dijo que la Constitución del país prevalece ante la ley europea, precisamente para evitar tener que cumplir con ciertas sentencias del TJUE, que, de momento, ha impuesto una sanción millonaria a Polonia. La Comisión Europea, guardiana de los tratados, está ultimando la activación del mecanismo que permite retirar o congelar la concesión de fondos europeos a los países que vulneren estos principios.
La criminalización de la migración en Hungría
De hecho, según la agencia Bloomberg, Bruselas podría activar estas represalias económicas contra Polonia y también contra Hungría esta misma semana. A pesar de que los últimos meses quien ha liderado el pulso contra la UE ha sido Polonia, Bruselas también tiene un enfrentamiento permanente contra Budapest y este martes el TJUE ha vuelto a espetar un golpe al gobierno de Orbán, que en 2018 modificó una ley sobre "immigración irregular" para criminalizar las organizaciones o entidades que ayudaran a las personas migrantes a tramitar peticiones de asilo en el país. Bruselas llevó la normativa al Tribunal de Luxemburgo, que este martes ha sentenciado que es incompatible con la ley europea. "Esta normativa restringe, por un lado, los derechos a tener acceso a las personas que quieren solicitar protección internacional y de ponerse en contacto y, de la otra, la efectividad del derecho garantizado al solicitante de asilo, de poder consultar a un asesor jurídico o consejero", dice el TJUE. Por lo tanto, el tribunal europeo considera que entidades y organizaciones tienen derecho a apoyar a personas que buscan solicitar asilo y que no hacerlo vulnera, en la práctica, el derecho de una persona a pedir asilo libremente o a asesorarse para hacerlo.
