Los juicios por corrupción de Netanyahu entran en una fase clave

JerusalénCuando faltan pocos meses para las elecciones, el juicio contra Benjamin Netanyahu ha entrado en una nueva fase. El primer ministro israelí terminó, a finales de junio, su declaración ante el tribunal después de 98 sesiones que se han alargado un año y medio. Pero el proceso aún está lejos de acabarse: quedan pendientes testimonios de la defensa, los informes finales de las partes y la deliberación de los jueces antes de un veredicto. ¿Qué futuro le espera a un caso que ha marcado la política israelí de los últimos años y que marcará la precampaña electoral del país?El proceso que comenzó en 2020 ha avanzado entre declaraciones maratonianas, aplazamientos por motivos políticos y de seguridad, cambios constantes de calendario por las diferentes guerras que ha vivido Israel en estos años, y una confrontación cada vez más abierta entre el primer ministro y el sistema judicial del país. Se trata de un episodio sin precedentes en la historia judicial israelí: es la primera vez que un primer ministro en el cargo se enfrenta a un juicio penal y que declara durante tanto tiempo ante un tribunal. Fiel a la estrategia que mantiene desde el inicio, Netanyahu ha negado todas las acusaciones y ha vuelto a presentar el caso como una persecución política.El procedimiento judicial se centra en tres causas abiertas, conocidas como los casos 1000, 2000 y 4000, en las que la fiscalía sostiene que hay indicios de soborno, fraude y abuso de poder. El caso 1000 investiga la recepción de regalos valorados en unos 260.000 euros por parte de empresarios como Arnon Milchan y James Packer, a cambio de posibles favores políticos. Hoy por hoy, Netanyahu ha admitido que eran amigos, pero defiende que los regalos formaban parte de una relación personal y no de un intercambio de favores.El caso 2000 analiza las conversaciones mantenidas con Arnon Mozes, editor del diario israelí Yediot Aharonot, sobre una posible mejora de la cobertura mediática a cambio de limitar la influencia del diario rival Israel Hayom. La discusión jurídica ahora se centra en si aquellas conversaciones constituían una negociación real o una maniobra política sin intención de materializarse.El caso 4000, el más grave, se centra en la presunta concesión de favores regulatorios al empresario Shaul Elovitch a cambio de una cobertura favorable en el portal Walla. Es la única causa en la que Netanyahu está acusado de soborno, pero donde los magistrados han reiterado que tienen dificultades para ver dónde está este delito. La fiscalía mantiene la acusación.

Un final jurídico todavía incierto

El calendario del proceso continúa siendo difícil de prever. Los expertos consideran poco probable que haya una sentencia antes de 2027, teniendo en cuenta la dimensión del sumario y los años de investigación acumulados.“Si Netanyahu es condenado por delitos graves, y actualmente parece probable, se le prohibirá ocupar cargos políticos durante siete años después de haber cumplido la pena de prisión. Esto significaría, por tanto, el final de su carrera política”, explica a l’ARA Barak Medina, profesor de derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Uno de los escenarios posibles es que Netanyahu, si pierde las elecciones o prevé que las perderá, opte por negociar un acuerdo con la fiscalía que le permita abandonar la política a cambio de evitar una condena de prisión”, añade.Más allá del resultado jurídico, el juicio ya ha tenido un impacto profundo sobre la sociedad israelí. Para sus partidarios, Netanyahu es víctima de un sistema politizado que intenta anular la voluntad de los votantes. Para sus críticos, el proceso es un ejemplo de que los líderes políticos también están sometidos a la ley. Esta división no solo se refleja en el debate político, sino también en la confianza en las instituciones. Los ataques constantes del gobierno contra el Tribunal Supremo y contra la fiscalía han contribuido a erosionar la confianza pública en el sistema judicial. “El resultado es que la confianza en el Supremo se ha polarizado según la opinión que cada uno tiene respecto a Netanyahu –describe Medina–. Muchos de los partidarios de Netanyahu consideran que el tribunal está sesgado políticamente”.Sin embargo, el experto defiende que la continuidad del proceso, a pesar de los diferentes intentos del gobierno por apartar a la fiscal general o buscar una salida política a través de un indulto presidencial, demuestra la capacidad de resistencia de las instituciones israelíes. “Que el juicio continúe adelante, a pesar del poder político sin precedentes de Netanyahu, es un indicador de que Israel sigue siendo un estado de derecho”, concluye Medina.La tensión entre el gobierno de Netanyahu y el poder judicial ha sido una de las constantes de su legislatura actual. De hecho, esta misma semana, el ejecutivo ha anunciado que usará todas las herramientas legales disponibles para revertir una decisión del Tribunal Supremo relacionada con la autoridad reguladora de los medios audiovisuales. La disputa tiene una dimensión especialmente sensible porque dos de los tres casos de corrupción contra Netanyahu están vinculados precisamente a presuntos favores a propietarios de medios de comunicación.Con unas elecciones previstas antes de finales de octubre, el juicio continuará siendo uno de los grandes ejes de la campaña electoral israelí, un escenario en el que las encuestas apuntan a dificultades para la coalición de Netanyahu, que podría perder la mayoría que le ha permitido gobernar.