El régimen iraní refuerza la represión interna tras los ataques de Israel y Estados Unidos

BeirutLa ofensiva aérea lanzada por Israel y Estados Unidos contra objetivos clave en Irán no sólo causó daños materiales. También dejó al descubierto grietas en el sistema de seguridad de la República Islámica. Teherán respondió de inmediato con una campaña interna destinada a recuperar el control y sofocar cualquier signo de disidencia.

Apenas anunciado el alto el fuego, la presencia de fuerzas de seguridad en las calles aumentó visiblemente. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), milicias Basij y policías se han desplegado en ciudades clave. Se han instalado controles en autopistas, entradas de barrios y zonas sensibles. La vigilancia digital también se ha intensificado: se revisan móviles, historiales de navegación y contactos personales. Incluso circularon mensajes oficiales que advertían sobre las consecuencias legales de seguir cuentas consideradas "hostiles" en redes sociales.

Más de 700 personas han sido detenidas en las últimas semanas. Las autoridades les acusan de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo con Israel. Los cargos van desde espionaje hasta "corrupción en la Tierra", un delito que en Irán puede acarrear la pena de muerte. El régimen atribuye estos arrestos a una supuesta red de infiltración que habría facilitado los ataques selectivos.

Pero la ofensiva va más allá de la supuesta conexión con potencias extranjeras. El sistema judicial ha reactivado expedientes contra activistas, disidentes e incluso presos comunes, ahora recatalogados bajo el epígrafe de amenazas a la seguridad nacional. Algunos detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Evin, ya saturada, a centros penitenciarios más restrictivos. Fuentes locales denuncian que no se ha informado a sus familiares y que los acusados ​​no disponen de representación legal. Se han podido confirmar al menos seis ejecuciones después de juicios sin garantías.

Paralelamente, el régimen ha intensificado las expulsiones de inmigrantes afganos. Según datos de ACNUR y organizaciones locales, más de 30.000 personas fueron deportadas en cuestión de días. Muchas habían sido detenidas previamente, bajo sospecha de espionaje. Todo indica que estas medidas responden a una lógica de seguridad preventiva más que a pruebas concretas.

El refuerzo del control no se limita a Teherán. En otras ciudades también se han multiplicado los controles aleatorios. La vigilancia digital se ha convertido en rutinaria. Según algunos testigos, los agentes inspeccionan el contenido de los teléfonos móviles en plena calle, sin orden judicial ni explicaciones.

Restablecer la imagen del régimen

Para algunos analistas, esta ofensiva pretende restablecer la imagen del régimen después del golpe recibido. Diba Mirzaei, del Instituto Alemán GIGA, considera que el mensaje no va dirigido sólo al exterior. También apunta al interior, donde no se tolerará ninguna ambigüedad en la lealtad.

El Parlament ha acompañado este giro represivo con una batería de reformas legales. Se han endurecido las penas por colaborar con "potencias hostiles" e incluso se criminaliza la posesión de drones no autorizados o la difusión de información considerada sensible. El objetivo es blindar el estado frente a nuevas filtraciones, pero también ampliar el margen de criminalización dentro del país.

Mientras tanto, el régimen intenta mantener el relato de unidad. En ciudades como Teherán, Mashhad y Qom se organizaron marchas en apoyo a la supuesta "victoria" iraní tras el alto el fuego. Fueron actos promovidos por el estado, con banderas, cánticos y consignas contra Israel y Estados Unidos. Pero, más allá de esa escenografía oficial, las redes sociales, cuando no están bloqueadas, muestran otra realidad. Testimonios de familiares de detenidos, protestas aisladas en regiones kurdas e intentos de movilización en universidades que no logran consolidarse por la presión policial. Las expresiones de descontento son más débiles, pero siguen activas.

Isa Saharkhiz, periodista y activista, considera que el régimen está aprovechando el contexto bélico para ampliar el control social. "No es nuevo, pero esta vez el alcance es mayor y más rápido", decía recientemente.

Las autoridades mantienen un discurso de unidad y de resistencia para evitar que la crisis externa desgaste su legitimidad interna. Buscan recuperar el control y mostrar fortaleza, pero la amenaza coordinada expone la fragilidad del sistema. La respuesta del régimen es un aumento de la represión, la reducción de garantías y una mayor vigilancia de la población, aunque esta presión podría volver a estallarle en la cara, como ocurrió en el 2022.