Ecocidio: los crímenes contra la naturaleza llaman a la puerta de la Haya

BarcelonaLos horrores de la Segunda Guerra Mundial hicieron acuñar un nuevo término jurídico, el genocidio, que desde entonces ha quedado fijado en el imaginario colectivo como el peor crimen posible contra la humanidad. Hoy el mundo vive un momento similar, en el que las crecientes y devastadoras evidencias sobre la grave destrucción causada por el ser humano en la naturaleza hacen emerger otro término que permitiría juzgar los peores crímenes contra el medio ambiente: el ecocidio.

Fue John litchi, embajador del pequeño estado de Vanuatu, una isla que va camino de desaparecer bajo el mar debido a la crisis climática, quien propuso a la asamblea de la Corte Penal Internacional (CPI), en diciembre de 2019, " una reforma del Estatuto de Roma [documento fundacional de la CPI] para criminalizar los actos que constituyen un ecocidio". La propuesta de Vanuatu tiene detrás un potente movimiento internacional impulsado en 2016 por la activista escocesa Polly Higgins, que había muerto unos meses antes, en abril de 2019, víctima de un cáncer. Su colega Jojo Mehta le cogió el relevo al frente de Stop Ecocide, la campaña mundial que quiere hacer del ecocidio el quinto crimen susceptible de ser juzgado por la CPI, y el primero que no sería antropocéntrico.

Por encargo de dos partidos del Parlamento de Suecia, la organización ha creado un grupo de juristas internacionales que el 22 de junio publicará una definición jurídica de ecocidio. "Para que la definición pueda ser asumida por la CPI debe ser un crimen muy grave, porque si es un acto fácil de cometer los estados no lo firmarán", explica por Skype desde el Reino Unido Jojo Mehta. Para reformar el Estatuto de Roma es necesario el voto favorable de dos tercios de los estados firmantes y luego cada estado debe ratificarlo para que se pueda aplicar en su territorio. Mehta admite que el proceso será largo y complicado, pero cada vez hay más países que se manifiestan dispuestos a ello, como Francia, que ya trabaja para incluir el ecocidio en su propio sistema jurídico, pero también Bélgica, Canadá, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

A pesar de la lentitud e incluso la inoperancia demostrada hasta ahora por la estructura de la Haya, Mehta defiende la opción de llevar el ecocidio a este alto tribunal "porque es un mecanismo global que accede directamente a los sistemas legislativos de los estados: si el crimen es aceptado en la CPI implica que los estados firmantes lo deberán incorporar a sus Códigos Penales".

Directivos y criminales de guerra

Otro de los motivos es el efecto "disuasorio" que tendría. "El ecocidio es un crimen mayoritariamente empresarial y ningún CEO querrá sentarse en el mismo banquillo que un criminal de guerra", apunta Mehta. La CPI, de hecho, no tiene potestad para juzgar a empresas o gobiernos, solo individuos, que a menudo serían directivos empresariales. El impacto también se notaría en la cobertura de las aseguradoras, que no estarían tan dispuestas a asumir riesgos ambientales que puedan conllevar altas sanciones penales.

Pero no solo se juzgaría a empresarios. También a miembros de gobiernos ecocidas podrían pasar por la CPI, incluso antes de que se consiga reformar el Estatuto de Roma para incluir el ecocidio. Y es que la CPI técnicamente ya puede juzgar crímenes medioambientales, siempre que estén vinculados a contextos de guerra o tengan efectos violentos sobre las personas. La propia CPI publicó en 2016 una directriz que defendía poner más el foco en los crímenes ambientales, lo que dio esperanza a la querella presentada dos años antes contra el gobierno de Camboya por deforestación y acaparamiento de tierras. Pero el caso aún está pendiente de respuesta. "La fiscal general de la CPI, Fatou Bensuda, termina el mandato este mes y dijo que tomaría una decisión sobre el caso antes de irse", explica por teléfono Patrick Alley, director de Global Witness, una ONG que aportó pruebas documentales para la querella. "Aceptar el caso podría ser el legado de Bensuda, establecería un precedente clave y sería un gran elemento de disuasión para futuros crímenes", dice Alley, al tiempo que daría fuerza a la campaña por el reconocimiento del ecocidio.

Pero en la definición que buscan los juristas, el crimen "no necesitaría incluir un perjuicio a los humanos", explica Antoni Pigrau, catedrático del Centro de Estudios Medioambientales de Tarragona (Cedat). El primero que acuñó el término, dice, fue el científico Arthur Galston al principio de los 70. Y en 1972 el político sueco Olof Palme ya lo mencionó en un discurso en la Conferencia de Medio Ambiente de la ONU. "El ecocidio sería la variante más grave de daños medioambientales, por la extensión del daño y por la duración o capacidad del ecosistema para regenerarse", añade. Pigrau cree que "se buscará una definición pragmática y es posible que se incluya la intencionalidad, pero también la negligencia, como puede ser ahorrar en medidas de seguridad que habrían evitado problemas".

Iniciativa europea

Pero mucho antes de que la CPI se espera que el ecocidio aterrice en los Códigos Penales estatales, como el de Francia, y también a escala de la Unión Europea. "Estamos intentando llegar a una directiva europea en materia penal, basada en el crimen del ecocidio pero no necesariamente solo con esta gravedad, sino que incluiría varios tipos de crímenes contra el medio ambiente", explica por teléfono Fausto Pocar, líder del Grupo de Trabajo sobre ecocidio del Instituto Europeo de Derecho (ELI). Este grupo de juristas se reunirá pronto con representantes de la UE para debatir la posible nueva directiva. "La Comisión de Ursula von der Leyen es muy favorable", dice Pocar, y la Eurocámara aprobó hace algunos días una resolución para reconocer el ecocidio, lo que lo lleva a ser optimista. "Es un tema urgente y no puede esperar", dice el jurista, que cree que "es impotente tener una legislación más global, porque el crimen de ecocidio solo sería para unos pocos casos, los más graves".

"Deberíamos ser conscientes de que nos enfrentamos a un colapso ecológico muy fuerte y deberíamos revisar todas nuestras acciones con cambios radicales", dice Anna Mulà, abogada de la Fundación Franz Weber, que denuncia la "impunidad" actual de las empresas que explotan los recursos naturales ya sea "de manera ilegal o legal, pero absolutamente insostenible".

Para Jojo Mehta, además, una victoria de su campaña por el reconocimiento del ecocidio significaría también "un cambio cultural", porque "cuando algo pasa a ser un crimen se deja claro que es moralmente inaceptable".

¿Qué podría considerarse un ecocidio?