El rechazo a las vacunas, la última prueba política de la pandemia

BarcelonaMiércoles el presidente Emmanuel Macron interpuso una denuncia contra Michel-Ange Flori, un ciudadano residiendo en el sur de Francia. Flori, conocido en las redes sociales por sus críticas al gobierno y a la policía, había colgado dos carteles enormes en las localidades de Toulon y La Seyne-sur-Mer, en Provenza, en que aparecía el mandatario francés caracterizado como Adolf Hitler: con bigote rectangular y uniforme nazi. Junto a la foto, y en letras muy grandes, una frase: “Obedece, vacúnate”. 

No es la única pancarta de este tipo que ha aparecido en las últimas semanas en Francia. En las protestas convocadas en las principales ciudades galas durante los tres últimos sábados –también este– contra el certificado que restringe los movimientos de los franceses no vacunados contra el covid-19, se han visto manifestantes “marcados” con estrellas de David –como las que los nazis obligaban a llevar a los judíos– con la inscripción “No vacunado”. También carteles que equiparaban las esvásticas con el pasaporte sanitario y denunciaban “la dictadura de las vacunas”. Y no ha sido solo en Francia. Movilizaciones similares, al grito de “¡Libertad, libertad!” e igualmente multitudinarias, han tenido lugar en Italia o Grecia, dos países donde el gobierno también apuesta por prohibir el acceso a determinados establecimientos o actividades a las personas que no se quieran inmunizar. Y en Alemania, Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos el debate es especialmente intenso. 

Y es que los países ricos –aquellos que, después de una carrera frenética, ya tienen todas las dosis o casi para inmunizar a la población– han entrado en una nueva fase política de la pandemia: cómo gestionar aquella parte de la sociedad que no quiere administrarse la vacuna contra el covid-19. Con la variante delta consolidada en buena parte del mundo y con una inmunidad de grupo que ahora los expertos cifran en un 90% de la población –y no en el 70%, como se decía al principio–, cada vez son más los ejecutivos que, impacientes para volver a una cierta normalidad sanitaria y económica, presionan a los ciudadanos para que se pongan la dosis. A pesar de que, de momento, en la mayoría de estados la opción de obligar a todo el país a vacunarse no se está estudiando, se opta por estrategias más indirectas: principalmente, recortando las libertades de las personas que no se han querido inmunizar y, en algunos casos, incluso obligando –aquí sí– a algunos sectores de la población, como los funcionarios, a vacunarse. A raíz de estas posturas surgen las manifestaciones y la polémica.

El ejemplo de Francia

Probablemente, el caso más ilustrativo es el de Francia, donde el movimiento antivacunas viene de antes del covid-19 y, históricamente, ha tenido cierta fuerza. Antes de que se iniciara la campaña de vacunación, diferentes sondeos decían que un 40% de los franceses eran escépticos con la vacuna. A pesar de que esta cifra ha ido disminuyendo con los meses, hay otros que continúan preocupando: hasta hace dos semanas, cerca del 50% de las enfermeras todavía no se habían inmunizado. Para Emmanuel Macron, que hace meses que tiene la mirada en las presidenciales de abril que viene, revertir este panorama ha pasado a ser una de sus prioridades. Como consecuencia, medidas de choque: desde el 21 de julio está prohibido entrar sin el certificado sanitario –que acredita la vacunación o el resultado negativo de un test realizado durante las 48 horas previas– a cualquier acontecimiento cultural y deportivo en que se concentren más de 50 personas; por ejemplo, museos, teatros o partidos de fútbol. Esto se ampliará a partir del 9 de agosto, cuando sin este pasaporte no se podrá viajar ni en avión ni en tren, ni se podrá acceder a bares y restaurantes. Además, París forzará a vacunar el personal sanitario a riesgo de quedarse sin sueldo a partir de septiembre si no lo hacen. No descarta hacer lo mismo con profesores, bomberos o militares. 

Las protestas de los críticos con estas medidas, de momento minoritarias, han hecho revivir en el Elíseo el miedo a que se vuelva a activar una protesta social como la de los chalecos amarillos, que fueron un auténtico dolor de cabeza para la popularidad de Macron y que ya se han dejado ver en algunas de las manifestaciones recientes contra el certificado covid. A pesar de esto, el presidente no afloja y esta semana, durante su visita en la Polinesia francesa, habló en plata: “¿Cuánto vale tu libertad si me dices que no te quieres vacunar? Si mañana contagias a tu padre o a tu madre o a mí, yo seré víctima de tu libertad. Esto no es libertad, esto se llama irresponsabilidad, egoísmo”. El político nacido en Amiens contestaba a una de las críticas recurrentes hacia el certificado: que es un ataque a las libertades. 

Mientras tanto, la realidad que se vive en Italia es muy similar a la francesa. El gobierno de Mario Draghi también ha presentado un certificado covid sin el que pronto no se podrá acceder a varios establecimientos: desde bares y restaurantes hasta teatros y gimnasios. Grecia, en cambio, ha optado por hacer obligatoria la vacuna entre los trabajadores de la sanidad y las residencias, y ha anunciado que solo tendrán acceso a las universidades las personas vacunadas o que hayan superado el covid. Y en Alemania, donde el movimiento contrario a inmunizarse también tiene cierta presencia, la obligatoriedad o no de vacunar a la población ha desencadenado una crisis política después de que el ministro de la cancillería, Helge Brau, dijera que “los vacunados tendrán más libertades que los no vacunados”. 

Inmunidad política

Los motivos de esta oposición a las vacunas son muchos y diversos. Desde la influencia del movimiento antivacunas o de las teorías negacionistas hasta –y sobre todo– una actitud de desidia, desinformación y desconfianza por parte de personas que, a menudo, se sienten fuera del sistema. También hay una parte que tiene miedo y que prefiere esperar a que sean el resto los que se inmunicen primero. Obviamente, hay países europeos donde la reticencia a las vacunas es tan baja que este debate, directamente, no ha cogido mucha fuerza. Es el caso de Bélgica, Portugal o incluso España. 

En cambio, lejos de fronteras europeas, los Estados Unidos viven una tormenta política a raíz de esta cuestión. Joe Biden presiona para que el ritmo de inmunización, ahora estancado, vuelva a coger velocidad: desde recompensas de 100 euros a los ciudadanos que se pongan la punzada hasta anuncios mucho más contundentes, como que los trabajadores federales tendrán que escoger entre vacunarse o someterse a pruebas frecuentes y utilizar mascarilla. El demócrata también ha optado por un discurso político claro y duro: “Si no estáis vacunados, no sois ni mucho menos tan listos como creía”.

El historiador alemán Malte Thiessen recordaba esta semana en el portal DW que “la vacunación siempre ha sido una cuestión altamente política”. El covid-19 no ha hecho más que corroborarlo. Y en la carrera de desgaste que la pandemia ha sido para la mayoría de ejecutivos, el hito de conseguir la inmunidad total es ahora la enésima prueba. Al menos para los gobiernos ricos, que se aseguraron bien pronto todas las dosis –y más– para proteger a su población. Para los gobiernos de los países del sur global, la gran prueba continúa siendo conseguir suficientes vacunas para llegar a un mínimo de inmunidad.