BarcelonaIván Zhdánov (Moscú, 1998) dirige desde el 2019 la Fundación Anticorrupción (FBK) de Rusia y es uno de los más estrechos colaboradores de Alekséi Navalni, el principal opositor al presidente Vladímir Putin, que sobrevivió a un intento de envenenamiento el año pasado y fue encarcelado en febrero al volver a Rusia. Con la organización ilegalizada, acusado de tres delitos penales y con una orden de búsqueda y captura internacional, Zhdánov ha tenido que marcharse al exilio. El principal cargo contra él es haber desobedecido la orden judicial de eliminar secuencias de un vídeo en el que denunciaba la corrupción en las altas esferas del Kremlin. Ha visitado Barcelona para contactar con la comunidad rusa y amplificar la movilización contra la vulneración de derechos civiles en su país de origen.
Usted se exilió, pero su padre fue encarcelado. Lleva ya siete meses entre rejas.
— Esta mañana hemos sabido que le han prorrogado la prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2022. Le pueden caer hasta 10 años de prisión, acusado de haber otorgado de manera fraudulenta un piso de alquiler social a una mujer cuando era miembro de un consejo municipal. La mujer necesitaba el piso, nadie dice que haya sacado ningún lucro y es el único miembro del consejo procesado por el caso. Claramente es una venganza contra mí: lo procesaron después de que yo viajara a Bruselas para pedir sanciones personales contra altos cargos involucrados en las normas anticonstitucionales que ha dictado Putin. Son los métodos del régimen, desde los envenenamientos hasta la presión contra los activistas a través de sus familiares. Todos nosotros somos rehenes del sistema de Putin. Mi padre tiene 67 años y todo esto es duro para él, tanto desde el punto de vista físico como emocional, pero es una persona muy racional, doctor en humanidades, y mantiene la moral alta.
¿Cuál es la situación de la FBK desde que fue declarada organización "extremista"?
— Esto nos imposibilita cualquier actividad en territorio ruso. Cuando Navalni se presentó a las presidenciales de 2018, teníamos 40 delegaciones permanentes en diferentes regiones. Eran oficinas donde se hacía política real, donde se organizaban protestas en la calle, que atraían a la gente. Ahora todo esto es imposible. Pero continuamos haciendo investigación desde el exterior: ahora estamos retomando el trabajo. Sabemos que para acabar con la corrupción tenemos que acabar con el régimen de Putin.
¿Teme por su seguridad?
— Cuando vives en Rusia te acostumbras a que siempre te siga alguien, que entren a registrar tu casa, que te detengan. Al final le quitas importancia. Aquí en Europa me siento seguro, pero sabemos que los asesinos de Putin actúan también fuera de Rusia. Somos conscientes de los riesgos, pero no tenemos miedo: porque después del encarcelamiento de mi padre y mi jefe, la lucha se ha vuelto mucho más personal, y también porque estoy convencido de que mi causa es justa. Hacemos lo que tenemos que hacer.
¿Por qué Lituania?
— Nunca decimos dónde estamos. Tenemos varios equipos en varios países.
También se ha generalizado en Rusia la acusación de "agente extranjero". Se ha aplicado contra la FBK, pero también contra medios de comunicación, contra defensores de los derechos humanos, contra prestigiosos centros de investigación como Levada o incluso contra entidades ambientalistas. ¿Qué supone?
— Aparentemente cuando te declaran "agente extranjero", solo tienes que mencionarlo en todas las publicaciones que haces. Incluso si escribes un mensaje en el chat de padres de la clase de tus hijos. En la práctica es mucho más que esto: por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, les impide acceder a publicidad o a que sus periodistas puedan entrar en el Parlamento. Y obliga a hacer muchos trámites burocráticos bajo amenaza de procesamiento penal. La alternativa es emigrar de Rusia o seguir trabajando en el país con muchas limitaciones.
¿Cuándo se comunicó con Navalni por última vez?
— Por carta, la semana pasada. Pero no se puede decir que esto sea comunicación: no le podemos escribir directamente, todo tiene que pasar por su abogado y con él solo puede hablar de temas jurídicos. Sabemos que todo el día lo cargan de actividades inútiles para que no tenga tiempo para pensar ni para preparar una estrategia: ejercicios físicos, ver la televisión, entrevistas con funcionarios, escuchar el himno... no tiene ni un minuto libre.
¿Tiene alguna esperanza de que la justicia rusa pueda resolver esta situación?
— No nos hacemos ilusiones. Los dos primeros puntos del programa electoral de Navalni en 2018 eran la reforma del sistema judicial y de la ley de orden público. Centenares de personas fueron a la prisión solo por manifestarse pacíficamente. Estas demandas siguen plenamente vigentes, igual que las medidas sociales que reclamaba. Ahora que acaban de decretar un nuevo confinamiento se hace evidente que era necesario, como reivindicaron en la primera fase de la pandemia, medidas de apoyo a los parados, a las empresas. Ayudamos a mucha gente que se había quedado sin ingresos.
¿Cómo explica la capacidad de Putin de perpetuarse en el poder?
— Él consiguió crear un sistema de poder basado en la falsificación y el engaño, capacidades que desarrolló en su carrera profesional [en los servicios secretos] y poco a poco fue concentrando el poder, manipulando, poniendo a sus amigos en los círculos de poder político y económico. Diputado a diputado, los que no se avenían a colaborar con la administración eran perseguidos.
