El Supremo de los EE.UU. permite que Texas active la ley antiabortista más radical

BarcelonaNi la violación ni el incesto son excusa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha permitido, finalmente, que entre en vigor la ley de Texas -la más restrictiva sobre el aborto en los Estados Unidos- que veta el ejercicio de este derecho a partir de las seis semanas de embarazo, o desde el momento en el que se detectan los latidos del corazón del feto, un periodo en el que, en muchos casos, ni siquiera se sabe si se ha iniciado con éxito la gestación de un embrión.

La entrada en vigor de la ley, que fue aprobada el mayo pasado, dependía de una decisión del Supremo sobre las solicitudes de cautelarísimas de emergencia que habían presentado varias clínicas y proveedores de estos servicios sanitarios, con el argumento de que la nueva regulación “reducirá inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas”, y obligará a cerrar muchos centros. La corte, de mayoría conservadora después de los últimos nombramientos hechos por Donald Trump, ha votado esta madrugada, por un ajustado 5-4, denegando una última apelación de emergencia para suspender la ley del estado.

La nueva legislación faculta a cualquier ciudadano para presentar una demanda civil contra las clínicas que hagan abortos, así como contra cualquier particular que “ayude” a una mujer a llevarlo a cabo, incluidos aquellos que ofrezcan viajar a una clínica o presten ayuda económica para hacerlo. El estado proveerá de hasta 10.000 dólares a los litigantes para empezar a cubrir los gastos del proceso judicial. En la práctica, la ley permite a los antiabortistas campañas contra profesionales o contra centros especializados.

El presidente Joe Biden, católico practicante, mostró ayer el rechazo de la Casa Blanca a la ley a través de un comunicado oficial, en el que afirmaba que es “extrema” y “viola flagrantemente el derecho constitucional establecido bajo el Roe contra Wade”, la decisión del Tribunal Supremo que en 1973 despenalizó el aborto. Biden remarcó que el acceso a un servicio sanitario básico como este es especialmente clave para las “comunidades de color e individuos de ingresos bajos”. Entre otras razones porque estos colectivos no podrían viajar a otros estados del país a practicar un aborto.

Una ley emblemática desde 1973

A pesar de que otros estados han intentado implantar leyes similares antes, las heartbeat bans (prohibición de interrumpir el embarazo desde el momento en el que se detecta el latido de corazón del feto) siempre han sido desafiadas por grupos de derechos humanos y, finalmente, bloqueadas por los tribunales federales. El Tribunal Supremo dictó la despenalización del aborto en 1973, con la resolución del mencionado histórico caso Roe contra Wade, con el que se acordó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para elegir tener un aborto, y que los estados no pueden restringir este derecho durante el primer trimestre de gestación.

A pesar de esto, el paso de Donald Trump por la presidencia y las modificaciones de último momento en la composición del Tribunal Supremo han dejado un órgano constituido por un mayoría de jueces considerados conservadores -seis, ante los tres jueces progresistas-, que han permitido que una medida tan restrictiva como esta entre en vigor.

Este año ya son varios los estados que han querido impulsar leyes de aborto más estrictas, y Oklahoma, Idaho y Carolina del Sur también tratan de prohibir el procedimiento médico al inicio de un latido fetal. Georgia, Ohio, Kentucky, Misisipí, Tennessee y Luisiana buscan implementar leyes similares a la texana, y en Misuri, al cabo de ocho semanas de gestación. Todas estas leyes y otras, sin embargo, todavía no han entrado en vigor por las cautelarísimas pedidas.