Un tribunal da un mes a Bélgica para que dé base legal a las restricciones o las retire

BruselasBélgica es uno de los países europeos que están viviendo un confinamiento más estricto. Desde finales de octubre, bares y restaurantes están cerrados, solo una sola persona puede visitar los hogares, las tiendas no esenciales solo pudieron abrir desde Navidad hasta marzo y hay un toque de queda estricto –en Bruselas, a las 22 horas–. Pero todo ello no se sustenta legalmente. O así lo ha interpretado un tribunal de primera instancia de Bélgica, que este miércoles ha dado 30 días al gobierno federal para que dé una base jurídica sólida al confinamiento o bien retire todas las medidas excepcionales. Si lo incumple, tendrá que pagar 5.000 euros por cada día de retraso.

Al ser un tribunal de primera instancia, sin embargo, el gobierno que encabeza Alexander de Croo puede recurrir la decisión. La sentencia, que recoge Le Soir, pone de relieve que Bélgica todavía no ha conseguido tramitar la llamada "ley pandemia", que le serviría para fijar un marco legislativo adecuado para estas medidas de confinamiento, que hoy por hoy se sostienen a golpe de decreto. Tanto el toque de queda como las prohibiciones de reuniones sociales y las restricciones de movimiento se basan actualmente en una legislación del 2007 de protección civil adoptada para tomar medidas de evacuación en Ghislenghien, donde una explosión de una cañería de gas provocó 24 muertos y 132 heridos. Pero mientras el gobierno belga mantiene uno de los confinamientos más estrictos de Europa se han ido incrementando las voces que ponen en entredicho que esta ley del 2007 sea capaz de sostenerlo.

Por eso el tribunal de primera instancia ha dado la razón a la Liga de Derechos Humanos (LDH), que hace tres semanas pidió medidas cautelares porque el gobierno decidió el 6 de febrero prorrogar las medidas hasta el 1 de abril "sin que realmente se produjera una comunicación al respecto". Los demandantes consideran que las medidas atentan contra las libertades fundamentales y que ninguna de las tres leyes invocadas por el estado belga para restringir las libertades de la ciudadanía sirven de base. El decreto ministerial, dicen, "viola el principio de subsidiariedad del derecho penal, la obligación de consultar al consejo de estado y el principio de seguridad jurídica".

Así, el tribunal defiende que ni el cierre de establecimientos, ni la suspensión de las escuelas ni la restricciones de reuniones y de circulación tienen nada que ver con la cobertura de la ley del 2007 para casos relacionados con "evacuaciones". Por lo tanto, el gobierno federal de Bélgica tiene que reaccionar: o bien tramitando en menos de 30 días la ley necesaria que sustente todas las medidas o bien presentando un recurso que sea estimado a tiempo para no tener que cumplir estos plazos.

Hace una semana centenares de personas protestaron en uno de los parques más grandes de Bruselas en contra de las medidas de confinamiento, que consideraban "antidemocráticas", pero antes también se había manifestado el sector hostelero, obligado a tener las puertas cerradas desde finales de octubre.