La UE y el Reino Unido salvan el Brexit con un acuerdo en el tiempo de descuento

Barcelona / LondresYa se lo puede bautizar como el acuerdo de Nochebuena. Se han estirado plazos al máximo y se han saltado todas las fechas límite que se habían autoimpuesto, pero finalmente el Reino Unido y la Unión Europea (UE) han pactado las líneas maestras que tienen que regir su nueva relación (sobre todo comercial y también en cuanto a la seguridad) después del 31 de diciembre, cuando el Reino Unido dejará de compartir paraguas legal con la Unión después de casi medio siglo. Para conseguirlo, los negociadores han pasado otra noche en blanco regateando pequeños porcentajes de los derechos de pesca de especies concretas, que han culminado justo a tiempo para cenar tranquilos este 24 de diciembre y dando algo más de épica –si era necesario– a una agónica negociación.

"Ya podemos dejar atrás el Brexit", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se ha confesado aligerada: "Normalmente, al final de una larga negociación, siento alegría. Pero hoy solo siento una cierta satisfacción y también, francamente, un alivio". En la misma línea se ha pronunciado el negociador europeo, Michel Barnier, que ha detallado que el acuerdo ha construido cuatro pilares para la relación futura en términos comerciales, de seguridad, clima, pesca y ciudadanía. Pero ha recordado una de las consecuencias más tangibles para muchos jóvenes europeos: el Reino Unido deja de formar parte del programa Erasmus.

Poco después de que haya acabado la conferencia de prensa en Bruselas, en Downing Street ha aparecido Boris Jonhson para repetir las ideas habituales detrás del Brexit. "Desde el 1 de enero nos encontraremos fuera de la unión aduanera y del mercado único. Las leyes británicas serán elaboradas únicamente por el Parlamento británico, interpretadas por los jueces británicos que se encuentren en los tribunales británicos y la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo acabará". Como también, por ejemplo, acabará la participación británica en el programa Eramus de intercambio de estudiantes, uno de los elementos más incomprensibles del pacto, opción de Londres, que Barnier, ciertamente, ha lamentado.

Otro de los argumentos exhibidos por Johnson, muy simbólico, y que ha provocado el retraso en el anuncio del acuerdo, ha sido la pesca. No en balde ha recordado: "Por primera vez, desde 1973, seremos un estado costero independiente, con pleno control sobre nuestras aguas".

Después de dar por resueltas las disputas en competencia empresarial y el arbitraje de futuras disputas, la pesca ha sido el último gran obstáculo para superar el acuerdo a pesar de que solo supone el 0,1% del PIB británico y el 1% del europeo. Que los negociadores hayan llegado casi a la vigilia de Navidad sin dormir por pequeñas especies de pescado es una ironía más de un complicado proceso que empezó hace ya más de cuatro años y medio con el referéndum convocado por David Cameron. No es tanto cuestión de dinero como de soberanía (y casi de orgullo), como ha sido todo el lío del Brexit.

Para los que (más que comprensiblemente) se hubieran perdido en este laberinto: sí, el Reino Unido ya se había ido de la Unión Europea, pero fue una salida que se podría simplificar como simbólica. El acuerdo de finales de noviembre de 2019, ratificado a principios de este año, pactaba las condiciones de la salida y abría un periodo de transición durante el cual el Reino Unido todavía ha estado legalmente bajo el marco comunitario y que servía para negociar la relación futura. Es decir, los principios que regirán entre un Reino Unido y una UE que ya serán dos entidades completamente independientes.

Las negociaciones se habían envenenado desde el primer día. Johnson había acusado a la UE de intentar retener al Reino Unido bajo la soberanía europea mientras en Bruselas se acusaba al Reino Unido de querer disfrutar de los beneficios del mercado único sin cumplir sus normas, con miedo a que se acabara convirtiendo en un Singapur en Europa y con Francia y Dinamarca especialmente preocupadas por la pérdida de acceso a las aguas británicas para pescar.

Aun así, a medida que se acercaba el absimo, Johnson veía la dureza que tendría el golpe. En los últimos días se han acumulado colas de camiones para cruzar el canal de la Mancha (antes de las provocadas por las restricciones de movilidad debido a la nueva cepa del coronavirus) y aumentaban los nervios sobre las posibilidades de faltas de suministro si una relación comercial fluida –especialmente desde la entrada del Reino Unido en el entonces Mercado Común Europeo– se veía de repente regulada por las normas de la Organización Mundial del Comercio y, por lo tanto, se tenían que empezar a aplicar aranceles y cuotas que no se habían aplicado el último medio siglo.

Esta parte del acuerdo se ha resuelto sin aranceles (la gran victoria que vende Johnson, junto con la recuperación sobre el control de las leyes y las aguas territoriales) pero con la creación de un mecanismo de control que supervisará los negocios entre dos lados. Así, las empresas británicas podrán disfrutar de los beneficios de acceder al mercado único –a pesar de que el Reino Unido sale– pero bajo la lupa de un nuevo mecanismo que garantizará la libre competencia y donde se podrán elevar quejas y aplicar represalias si se detectan incumplimientos. Además, está el compromiso británico de no recular en los estándares europeos medioambientales o laborales. Esta ha sido la solución tanto en la cuestión de competencia como de arbitraje.

Y el último punto era la pesca. La Unión reclamaba garantías para poder dar estabilidad a sus pescadores y en cambio el Reino Unido mantenía su voluntad de recuperar la plena soberanía de las aguas. Finalmente, la UE habría conseguido rebajar a entre el 25% y el 35% el recorte sobre la cuota de pesca que el Reino Unido quiere aplicar a las flotas comunitarias, cuando Londres pretendía reducirlas el 80%. El acuerdo también implica una prórroga de poco más de cinco años bajo estas condiciones que después habría que renegociar.

La ratificación de 2.000 páginas

Ahora, sin embargo, hay que ver si hay tiempo para llevar a cabo todos los trámites necesarios para que este acuerdo entre en vigor el 1 de enero. Hace falta que se lo estudie el Consejo Europeo (para que los gobiernos den el visto bueno) y también los Parlamentos. La Eurocámara ya había fruncido el ceño porque ratificar un texto lleno de legalismos de hasta 2.000 páginas, incluyendo los anexos, que se tiene que traducir a todas las lenguas oficiales de la UE, habitualmente puede tardar hasta un mes. Pretender hacerlo en menos tiempo es ver al Parlamento como una simple cámara ratificadora cuando tendría que tener tiempo para analizar el texto y manifestar sus dudas u opiniones. Pero en este caso la urgencia puede forzar una ratificación provisional que implicaría acabar el proceso en enero, por ejemplo. Que acabe el proceso de ratificación no querrá decir acabar con los quebraderos de cabeza que ha provocado la separación entre el Reino Unido y la Unión Europea: quedan muchas cuestiones por resolver, y las que todavía no han surgido.

Ahora cada lado del canal de la Mancha venderá el acuerdo todo lo bien que pueda. Johnson tiene que convencer a los conservadores más duros de que no ha reculado mucho y Bruselas de que no ha dado al Reino Unido manga ancha para disfrutar de los beneficios de la Unión sin formar parte de ella. Y así, con un pacto comercial que, a diferencia de lo que es habitual, se ha hecho para divergir y no converger, empieza una nueva etapa en la agridulce relación entre el Reino Unido y la Unión Europea.