Salud no ha puesto ninguna multa por no atender en catalán: "Ni tiene la competencia ni hay legislación vigente"

BarcelonaLas reclamaciones por no atender en catalán en el ámbito sanitario no paran de crecer, pero las sanciones por este motivo continúan estancadas: cero. Según ha podido saber el ARA a través de una petición de transparencia, la subdirección general de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas —que depende del departamento de Salud— no ha registrado "ningún expediente sancionador por motivo de vulneración de los derechos lingüísticos" en los últimos cinco años. Esto, a pesar de que desde el 2020 se han disparado las quejas, que se han incrementado un 1.300%. Se ha pasado de las 25 reclamaciones de hace cinco años a las 359 del 2025 por no recibir atención oral, documentación clínica o documentación administrativa en catalán, un récord histórico nunca registrado.

El argumento del departamento de Salud es que la subdirección general de Evaluación e Inspección "no tiene ni la competencia ni hay una legislación vigente" que le dé "capacidad para sancionar" a los centros o los facultativos que vulneran los derechos lingüísticos de los ciudadanos. El mismo organismo admite que entre el 2022 y el 2026 ha tramitado 18 reclamaciones que incluyen la presunta vulneración de los derechos lingüísticos y de aquí han resultado 7 sanciones. Ahora bien, a pesar de que la queja incorpora la lengua, la sanción de Inspección no es por la discriminación lingüística "sino por irregularidades técnicas sanitarias, como por ejemplo porque no se ofreció la atención sanitaria o porque un centro no tenía la autorización pertinente", explican desde Salud.

El diferencial entre las quejas que recibe el departamento por motivo de discriminación lingüística —que se han multiplicado por 15 en cinco años— y las reclamaciones que se investigan desde Inspección se debe a que "solo se actúa en caso de que se sospeche que se ha visto afectada la asistencia sanitaria o que no se ha llevado a cabo", de manera que la lengua no es el motivo para analizar el caso. Política Lingüística confirma que "no ha existido nunca" una regulación específica que permita sancionar por este motivo.

Derechos, pero no multas

Existen diversas normas que garantizan el derecho a elegir la lengua en los servicios públicos y que exigen un requisito lingüístico a los trabajadores públicos en los procesos de selección de personal. Lo avalan leyes como el Estatuto de Autonomía, la ley de política lingüística, además de las leyes del Institut Català de la Salut (ICS) y de la administración pública. Y, en el ámbito privado, el Código de Consumo especifica el derecho a "ser atendido en catalán". La Generalitat incluso dictó una instrucción en 2024 para difundir en los centros sanitarios los derechos lingüísticos de los pacientes, dentro del Plan para garantizar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema público de salud. A pesar de que el entonces conseller Manel Balcells dijo a el ARA que su incumplimiento implicaría "penalizaciones económicas" para los hospitales, este plan, como el resto de normas, no especifica sanciones a los centros; tampoco lo hace el Código de Consumo.

El Estatuto Básico del Empleado Público sí que incorpora como "falta disciplinaria muy grave" del trabajador el hecho de no cumplir la Constitución y el Estatuto, y discriminar al usuario por cualquier razón, también específicamente de lengua. En este caso sí que están detalladas consecuencias a título individual, que van de la advertencia a la suspensión de sueldo y empleo o el despido. En cambio, en cuanto al ámbito privado, el Código de Consumo hace depender las sanciones de otras leyes, pero se desprende que si el personal sanitario es empleado por una persona jurídica, esta es la responsable de la vulneración de los derechos lingüísticos, que es quien presta el servicio.

El usuario contra el sistema

Esta situación paradójica, de una gran cobertura de derechos y deberes para los pacientes pero escasa inspección de la administración y nula actividad sancionadora, obliga al usuario a actuar contra las discriminaciones. Por un lado, presentando quejas oficiales y, por otro, con pruebas de las vulneraciones lingüísticas que incluyan defectos en el tratamiento o impacto en la salud.

Es lo que pasó hace dos meses con el caso de una paciente a quien denegaron la atención psicológica después de un intento de suicidio por el hecho de pedirla íntegramente en catalán. La paciente grabó las conversaciones. El departamento de Salud reconoció la "infracción grave de la normativa" pero no por motivo lingüístico sino "porque el centro no garantizó la continuidad del tratamiento". Se sancionó el Hospital de Día Córcega de Barcelona, que gestiona la Fundación CPB, con una multa de 3.006 euros. Plataforma per la Llengua presentó alegaciones porque pedía una indemnización del Servei Català de la Salut (CatSalut) por responsabilidad patrimonial derivada y consecuencias para los sanitarios implicados.

Medidas de acogida lingüística

En los últimos años la administración ha redoblado los esfuerzos en la sensibilización y la acogida lingüística de los profesionales que se incorporan al sistema, que en gran parte provienen de fuera del país y no tienen nociones de catalán. Este año hay 1.655 inscritos para estudiar catalán gratuitamente dentro de la campaña Prescriu-te el Català. Se ha creado un curso específico de 15 horas, T'acollim, para explicar la situación lingüística a los nuevos profesionales. En 2025 se crearon 245 parejas lingüísticas en 55 centros sanitarios y se han elaborado materiales educativos específicos para los médicos.

"Nada de lo que hacemos tiene validez si no hay una obligatoriedad detrás y que, si se salta, tenga consecuencias. La administración esconde la cabeza bajo el ala. No se aplica ni siquiera la legislación vigente, que pide acreditar el nivel C para tener plaza fija. Hay muchas lagunas y hay contradicciones, como defender unos derechos pero poner gente a trabajar sin ningún requisito lingüístico, como los residentes", dice el médico Lluís Mont, presidente de Salut pel Català.

Para Plataforma per la Llengua, "hay que encontrar maneras de asegurar la cobertura de las plazas y, al mismo tiempo, el cumplimiento de la ley". "Esto, en última instancia, depende de los respectivos gobiernos —afirma su presidente, Òscar Escuder—. Es fundamental que se haga en todo el sistema sanitario a la vez. Y es necesario que todo el mundo tenga claro que no saber la lengua del paciente implica no solo un agravio de derechos lingüísticos sino también un problema de seguridad asistencial". Por eso piden "un calendario razonable y creíble" para que la ley se cumpla y el catalán sea "realmente necesario y requerido". En los últimos meses ha habido un intento fallido de incidir en la formación universitaria y de los residentes a través del distrito único universitario, que se tumbó.

Plataforma per la Llengua registró 384 quejas en 2025 por vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña (197 en la pública y 157 en la privada), cuando en 2020 apenas recibió 88. Por su parte, la Generalitat recibió en 2025 477 quejas por motivos lingüísticos y culturales diversos, de las cuales 359 eran por no recibir atención en catalán y 85 por no recibir atención en castellano. Sin embargo, a pesar del incremento de quejas, no se ha anunciado la incorporación de medidas coercitivas ni sancionadoras en caso de incumplimiento de las leyes.