Deniegan el tratamiento psiquiátrico a una paciente porque lo pidió en catalán

BarcelonaTras sufrir una crisis suicida, en febrero del 2024 una paciente fue derivada de la sanidad pública en el Hospital de Día del pasaje Córcega de Barcelona, ​​que gestiona la Fundación CPB, para seguir su tratamiento. En la primera sesión, pidió hacer las sesiones de terapia en catalán, pero se encontró que al cabo de dos días el enfermero que le atendía lo hacía en castellano y decía que no se sentía "cómodo" cambiante de lengua.

Ante la queja de la enferma, la psiquiatra le dijo que ella no podía pedir a los trabajadores del centro que hablaran en catalán y, por tanto, no le podían garantizar el tratamiento íntegro en catalán. Le dijo que pensara si era "capaz de priorizar el tratamiento antes que eso [en referencia al catalán]; si no, debemos detener el proceso", añadió. Incluso comparó la voluntad de ser atendida en catalán con conductas problemáticas y no admitidas para seguir el tratamiento, como drogarse o autolesionarse.

Como la paciente no aceptó renunciar al catalán, el centro le denegó la atención sanitaria vistiéndolo de renuncia voluntaria: "La paciente toma la decisión de no iniciar el tratamiento". No la derivaron a ningún otro centro y le dejaron sin la atención médica que le había sido prescrita. "Es un chantaje", le dijo ella a la doctora. "Es un baño de realidad", respondió la psiquiatra. La conversación se refleja en audios que grabó la enferma.

3.000 euros de sanción

Plataforma por la Lengua, que ha hecho el acompañamiento legal a la paciente durante un año y medio, afirma que cuando la joven presentó una reclamación, el director médico de la fundación la presionó para que lo dejara estar y la abucheó por haber grabado las conversaciones.

Por primera vez, la Plataforma ha conseguido que el Departamento de Salud reconozca la discriminación y la denegación del tratamiento y ha sancionado al centro médico con 3.006 euros por infracción grave de la ley general de sanidad. La paciente ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Catalán de la Salud y solicita una indemnización de 30.000 euros. También reclama que el Colegio de Médicos de Barcelona actúe contra los profesionales implicados. Según la Plataforma, el Colegio considera que el centro hizo una "buena praxis médica". En la respuesta a reclamación, el centro reconoce el derecho de opción lingüística pero atribuido tanto a médico como a paciente, no priorizando la lengua del paciente. Afirman que todo el personal entiende el catalán, pero no todo es apto para hablarlo, aunque les invitan a realizar formaciones de catalán gratuitas.

Plataforma por la Lengua también reclama a la Generalidad de Cataluña que actúe contra las discriminaciones lingüísticas en el ámbito sanitario. En 2025 han registrado 330.