España encabeza la presión para poder espiar los mensajes de WhatsApp

El conflicto en el mundo digital entre la privacidad de los ciudadanos y la voluntad de intromisión de las autoridades, que en los EE.UU. hace años que es muy vivo, ha atravesado finalmente el Atlántico y acaba de desembarcar en Europa. La Unión Europea, hasta ahora valedera de los derechos digitales personales ante los excesos corporativos norteamericanos y los estatales chinos, ha iniciado un proceso legislativo que amenaza con hacer ilegal el xifratge de las comunicaciones electrónicas, el último reducto de intimidad que nos queda.

El argumento formal es la protección de los menores. Ylva Johansson, la comisaria de Interior europea, planteó hace pocas semanas las dificultades que las policías europeas tienen para detectar contenido de pornografía infantil (children sexual abuso material o CSAM, en inglés), evitar la difusión y enchironar los responsables, en un entorno donde las transmisiones de datos tienden a ser cifradas de extremo a extremo .

Recordamos que este xifratge (o encriptación) consiste al codificar los mensajes, conversas y ficheros antes de que salgan del dispositivo del remitente de forma que sólo pueda descodificarlos el destinatario cuando los recibe a su aparato. Sea a petición de las autoridades o bien por iniciativa propia, los operadores de telefonía y los prestamistas de servicios de mensajería pueden interceptar los mensajes, pero no acceder al contenido. Con el correo electrónico, la operación de xifratge ya era posible, pero laboriosa; en cambio, con los chats de móvil se hace de manera transparente. Servicios tan populares como Whatsapp y Signal aplican por defecto el xifratge punto a punto y otros como Telegram lo ofrecen como opción.

La Unión Europea, dividida

Lunes supimos que esta privacidad que damos por hecho está amenazada: un documento interno del Consejo de la Unión Europea propone que la legislación comunitaria obligue las empresas tecnológicas a debilitar la privacidad de los servicios de mensajería. El documento del grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre cuerpos de seguridad, obtenido y publicado por la revista Wired, recoge la posición de veinte estados miembros sobre las posibles medidas para evitar la difusión de pornografía infantil. La nueva directiva obligaría los proveedores de servicios digitales que trabajan a la Unión a examinar los datos que circulan por sus plataformas buscando el mencionado CSAM. Pero como los operadores de plataformas no pueden acceder al contenido de las comunicaciones si están cifradas, quince de los veinte estados consultados proponen que se declare ilegal aplicar el xifratge punto a punto de los mensajes. Y uno de los estados más entusiastas de la propuesta es España.

El documento refleja que democracias como Alemania, Italia, Estonia y Finlandia se oponen a prohibir el xifratge. Los alemanes incluso piden que la directiva descarte explícitamente esta posibilidad. En cambio, Xipre, Hungría y España están especialmente favorables. De hecho, el artículo de Wired destaca que el español es el estado que mantiene una posición más "extrema" a favor, con frases como "és imperativo que tengamos acceso a los datos". También menciona declaraciones previas del ministro de Interior –y exmagistrat– Grande-Marlaska lamentando las complicaciones que el xifratge de las comunicaciones representan para los cuerpos de seguridad.

Además de contravenir el artículo 18 de la Constitución española ("Es garantiza el secreto de las comunicaciones y especialmente de las postales, telegráficas y telefónicas"), es muy significativo que quién pide vulnerar la privacidad digital de los ciudadanos sea precisamente España, en el punto de mira de organismos internacionales por el ciberespionaje a políticos y activistas independentistas, presumiblemente practicado por las autoridades del Estado , a pesar de que lo niegan. Tengamos presente que en estos casos se usó software –el famoso Pegasus– que permite espiar las llamadas y los mensajes dentro del mismo teléfono, antes de que sean cifrados para transmitirlos al destinatario. Si se prohibiera el xifratge, ya no habría que recurrir a ningún Pegasus para espiar alguien.

La polémica está servida y el gobierno español ya ha empezado a hacer llamadas a medios insistiendo que su motivación para querer debilitar la privacidad es combatir la pornografía infantil. Justo es decir que nadie, a excepción de los pederastas, se puede oponer al hecho que las autoridades busquen maneras de detectar y erradicar este tipo de contenidos tan despreciables. Pero es muy sabido que cuando se abren determinadas puertas por motivos lícitos, resulta muy tentador entrar por otras que no lo son tanto. Nombrosos académicos y activistas por los derechos digitales ya han avisado de las consecuencias negativas que la directiva propuesta tendría para la privacidad de los ciudadanos europeos.

En todo caso, el conflicto entro en questa privacidad y la obligación de las autoridades de perseguir las actividades ilegales es recurrente. En regímenes autoritarios ya han pasado de pantalla: el Daily Telegraph informaba hace pocos días que el gobierno chino ha invitado las familias a denunciar sus propios hijos si los encuentran al móvil alguna aplicación de mensajería cifrada, que se consideran herramientas subversivas porque sirven para convocar protestas.

Sabre las posibilidades de perseguir pederastas a pesar del xifratge, algunos de los estados que han participado en la consulta también lo reclaman. Y aquí tenemos que recordar que Apple planteó hace unos meses activar al sistema operativo iOS un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar la presencia de pornografía infantil dentro de un iPhone, a pesar de que su contenido está cifrado. Lo hacía comparando patrones con bases de datos acreditadas de contenido ilegal. Pero, de acuerdo con el ajetreo que levantó, la empresa renunció. Potser ha llegado el momento de rescatar aquella propuesta.