Los gobiernos occidentales contra las 'fake news': pocas recetas y mucha impotencia

Londres / Washington / París / Barcelona / WashingtonLas manipulaciones informativas tienen una tradición tan larga como el propio periodismo, pero la velocidad de propagación y alcance que proporciona internet han situado el concepto genérico de fake news como una de las amenazas más serias contra las democracias de todo el planeta. Pedro Sánchez incluía el saneamiento de esta práctica dentro de su etéreo de "regeneración democrática", pero no hizo ninguna propuesta concreta. ¿Quién está legitimado para decidir qué es verdad y qué no? ¿Cómo se evitan los daños de las mentiras sin afectar a la libertad de expresión? Éstos son algunos de los interrogantes que diferentes países occidentales resuelven de formas dispares y no siempre satisfactorias.

Reino Unido lo fía a la autorregulación

El Parlamento británico aprobó en octubre del 2023 una ley de seguridad online que obliga a las plataformas de internet a disponer de sistemas de prevención de contenidos nocivos: pornografía al alcance de los menores o material ilegal de cualquier tipo, o lesivo, o incitador del odio o el suicidio. Pero no existe ninguna norma específica ni regulación exigible para controlar o restringir la difusión de noticias falsas en internet. Y tampoco se plantea. A raíz de diferentes escándalos informativos protagonizados por los tabloides, en 2014 se creó la Independent Press Standards Organisation (IPSO). Es un órgano autorregulador nacido para poner freno a los abusos de los medios de comunicación. Pero no tiene gran relevancia, y periódicos reputados como The Financial Times o The Guardian no forman parte.

Otro aspecto que puede distorsionar el mostrador de juego es el reparto opaco o arbitrario de la publicidad institucional. En Reino Unido cualquier campaña superior a las 100.000 libras (117.000 euros) debe superar tres filtros diferentes: en última instancia, es el Tesoro quien da la luz verde para el gasto, pero sin entrar en criterios de contenidos y sin tener en cuenta número de lectores, oyentes o televidentes, lo que abre la puerta a la discrecionalidad. Y esto es aún más acentuado con las campañas de menos de 100.000 libras, que obedecen a criterios opacos. La prueba es que la cadena de televisión GB News –ultraconservadora y ultranacionalista, alineada con el sector más a la derecha de los tories– ha recibido más de un millón de libras en casi 10.500 anuncios desde el lanzamiento del canal en verano de 2021, para un canal que tiene un share de tan sólo el 0,45%. Y los paquetes de anuncios contratados nunca han superado la cantidad umbral por la que el control es más duro.

La 'Tele Meloni' de Italia

Aunque los gobernantes se ponen las manos en la cabeza con las torsiones de la prensa que le es hostil, a menudo las teles públicas están en el punto de mira por el control editorial que sufren por parte del poder político. En Italia, por ejemplo, este debate sobre la regulación de las mentiras en la prensa y en la información institucional del gobierno está más de actualidad que nunca después de que la comisión parlamentaria que supervisa la actividad de la televisión pública RAI aprobara una modificación del funcionamiento de las normas que garantiza el acceso igualitario a los medios de comunicación de los partidos políticos. La enmienda cancela la limitación de tiempo en los programas informativos de los líderes políticos, siempre que sus intervenciones se refieran a su actividad institucional, lo que favorece a los políticos que forman parte de la mayoría parlamentaria que serán candidatos a las próximas elecciones europeas, entre ellos la primera ministra, Giorgia Meloni. La reforma ha sido muy criticada por la oposición, que acusa a la líder de Hermanos de Italia de querer transformar la televisión pública en Tele Meloni.

Por otra parte, el Senado está actualmente examinando una reforma que prevé hasta cuatro años y medio de cárcel para los periodistas condenados por difamación. Meloni ya ganó una querella contra el escritor Roberto Saviano y recientemente ha llevado a juicio al historiador Luciano Canfora, al que exige una indemnización de 20.000 euros por haberla tachado de “neonazi de corazón”.

Un organismo específico en Francia

Mientras, Francia se sitúa en vanguardia en este campo, ya que cuenta, desde 2022, con una herramienta para frenar las informaciones falsas: la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Numérica (Arcom), un organismo público e independiente que supervisa los medios audiovisuales y de internet, incluidas las redes sociales. Arcom lanza advertencias cuando detecta fake news y puede multar en los casos más flagrantes. En lo que va de año, las dos cadenas de televisión del grupo Bolloré, CNews y C8 –ideológicamente cercanas a la extrema derecha–, han recibido 42 toques de atención y sanciones económicas. CNews, por ejemplo, recibió en enero una multa de 50.000 euros por haber presentado como información veraz que París era la ciudad más peligrosa de Francia, cuando la clasificación surgía simplemente de una encuesta ciudadana. El mismo mes, C8 recibió una advertencia por establecer un vínculo directo entre las chinches y la inmigración.

Francia también tiene desde 2018 una ley contra las informaciones falsas durante los períodos electorales. Pese a estas dos herramientas, el país tampoco es inmune a las fake news, que a menudo también afectan al presidente de la República, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. De ella se ha llegado a publicar, sobre todo en las redes sociales y en webs de extrema derecha, que es una mujer transexual. El rumor se había expandido tanto que el presidente Macron llegó a desmentirlo en una entrevista y tachó de “humillantes” este tipo de fake news.

La IA entra en campaña en Estados Unidos

En Estados Unidos la cuestión está muy viva, y los vídeos falsos y las imágenes generadas por IA amenazan con enfangar aún más la campaña de las presidenciales. De hecho, ya lo están consiguiendo: días antes de las votaciones en las primarias de New Hampshire, muchos ciudadanos recibieron una llamada automática en la que la voz del presidente Joe Biden les pedía no acudir a votar. La grabación estaba hecha con IA. Lo mismo también ocurrió con una foto generada con IA en la que el expresidente Donald Trump aparecía rodeado de chicos negros para despertar la simpatía entre este grupo de votantes.

Cómo regular y controlar la propagación de este contenido sin violar la sagrada Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, es el quid de la cuestión que ocupa los legisladores. El debate se centra en hasta qué punto puede exigirse a las plataformas como X (antes Twitter) o Facebook que eliminen contenido que pueda ser etiquetado como desinformación. Los republicanos defienden que existe una propagación de la cultura de la censura alimentada por los demócratas para perjudicarlos. En Texas y California han promulgado unas leyes que prohíben que las plataformas puedan eliminar publicaciones políticas para evitar que se discrimine el punto de vista de los conservadores. Durante la pandemia, por ejemplo, Twitter suspendió la cuenta de la republicana Marjorie Taylor Greene (gran aliada de Trump) por haber afirmado que la vacuna de la cóvid-19 no funcionaba.