Hoy algunos diarios informan de que el juez Manuel García-Castellón –que salvó a Dolores de Cospedal de sentarse en el banquillo de los acusados pese a los audios filtrados en los que se podía deducir que la política estaba en el caso de la caja B de Bárcenas; que fue beligerante contra una clínica de abortos siendo hermano del presidente de Provida; que fue tesorero de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura; que rechazó citar a declarar al torturador Adolfo Silingo por su relación con las desapariciones masivas en Argentina; que cultivó una buena relación con José María Aznar y fue nombrado poco después magistrado de enlace en París pese a tener un nivel de francés más que discutible según se ha publicado; que después fue enviado a Roma, ya en tiempos de Rajoy (en ambos casos, con sueldos de seis cifras); que aparecía mencionado en varias grabaciones entre Eduardo Zaplana e Ignacio González (investigados en el caso Lezo) porque querían llevarlo de vuelta a España al considerar que esto los beneficiaría; que exoneró a Esperanza Aguirre del caso Púnica; que facilitó la salida de prisión del expresidente madrileño Ignacio González al rebajarle sustancialmente la fianza impuesta por el magistrado anterior; que archivó una de las investigaciones contra el rey emérito; que archivó la causa contra el presidente de Murcia del PP Pedro Antonio Sánchez en dos ocasiones, ya que su primera resolución recibió críticas de la Audiencia Nacional por incoherencias y que también rechazó investigar los oscurísimos vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda– lleva ya a Puigdemont al Supremo. Ya me perdonarán esa monstruosidad de contexto ciertamente poco digerible, pero es que algunas cabeceras lo olvidan.
Son las mismas cabeceras que llenan decenas de artículos sobre los políticos que cometen la osadía de romper la separación de poderes. ¿Dónde se ha visto esta injerencia?