Hasta que no demuestren lo contrario, es periodista

Se han cumplido dos años desde que Polonia arrestó a Pablo González, al que consideran que ha ejercido de espía al servicio de Rusia. No hay cargos concretos contra él, ni delitos de los que pueda defenderse, por lo que su penosa realidad es la reclusión en un centro penitenciario, siguiendo un estricto régimen de aislamiento que le mantiene 23 horas al día encerrado en su cielo ·la. El reportero, que tiene doble nacionalidad española y rusa, está cumpliendo ya una condena y es escandaloso que lo haga no ya sin haber tenido un juicio, sino que ni siquiera existe una acusación formal.

Yo no tengo ni idea si González ha efectuado labores de inteligencia para Putin. Pero si no hay un escrito en el que se detallen las presuntas actividades ilícitas, este ciudadano de la UE es una persona libre que ejerce una actividad protegida como es el periodismo. Desde el ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que los contactos entre embajadas son frecuentes, pero es obvio que no están dando ningún fruto. Y sorprende mucho que una UE que aprobó una Carta de Derechos Fundamentales donde en el artículo 48 se habla de la presunción de inocencia permita que el gobierno polaco ejerza sin represalia ese castigo ejemplar. Una vez más, se hace evidente que los tribunales comunitarios sólo pueden aspirar a una reparación moral que suele llegar demasiado tarde. Cierto que Bruselas impuso una multa de medio millón de euros diarios en Polonia en verano por el perro y resbala que es la justicia en el país. Pero ha sido un castigo nada efectivo: quizás tan sólo un gesto de cara a la galería, por lo que dirán. Mientras, el espionaje está castigado en Polonia con penas de hasta diez años de cárcel y González ha purgado ya un 20% de la eventual condena. Debería ser un mayúsculo escándalo, pero quedará en un recordatorio estéril.