25% en castellano: ¿y ahora, qué?

BarcelonaQue la sentencia que impone un 25% de clases en castellano a todos los centros educativos catalanes era firme ya se sabía, pero el viernes, después de la notificación oficial, empezó a correr el plazo de dos meses que tiene ahora la Generalitat para decir cómo lo ejecutará y quién es el responsable de hacerla cumplir. Se abre, pues, un periodo decisivo, con muchos más interrogantes que certezas.

¿Qué margen jurídico tiene el Govern?

Sin recurso posible, la duda es saber cuándo y cómo se aplicará la sentencia

La sentencia ya no admite recurso y, por lo tanto, se tendrá que aplicar. Ahora las preguntas son cuando y, sobre todo, cómo. El artículo 104 de la ley de la jurisdicción contenciosa da un plazo de dos meses para que la Generalitat lo ejecute de manera voluntaria, es decir, que durante este tiempo el Govern podría ordenar a las escuelas que cambien sus proyectos lingüísticos y hagan el 25% del horario en castellano (hacer castellano y una asignatura troncal más en esta lengua). Pero la Generalitat ya ha dicho que no lo hará: "El catalán no se toca", insistía el viernes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Si pasados los dos meses no se ha ejecutado la sentencia, quién empezó el procedimiento judicial, el gobierno español (entonces liderado por el PP y ahora en manos del PSOE y Podemos), puede pedir al TSJC que obligue a la Generalitat a cumplirla, lo que se denomina ejecución forzosa. Según Educación, el gobierno español no lo hará, pero la presión de la triple derecha a Pedro Sánchez será durísima.

Incluso si el gobierno español decide no hacer ningún paso, lo más probable es que la sentencia se acabe ejecutando, porque la ley también prevé que un tercero pueda pedir la ejecución forzosa si acredita un "interés legítimo" en el caso. Y aquí irán a todas las entidades antiinmersión, como AMPA Total, Asamblea por una Escuela Bilingüe o Escuela de Todos - Escola de Tothom, que ya avisan que "utilitzaran todos los medios al alcance" para hacer cumplir la sentencia. Jurídicamente, pues, el Govern tiene muy poco margen para esquivarla.

¿Qué puede hacer el Govern durante estos dos meses?

Intentar regular el aprendizaje de las lenguas o cambiar la LEC

El Gobierno puede plantar batalla en el cómo. Uno de los primeros pasos que podrían hacer los servicios jurídicos es pedir al TSJC una aclaración para saber si el cambio de marco normativo afecta la sentencia. Este no es un tema menor: mientras el caso del 25% seguía el curso judicial, la ley de educación estatal ha cambiado. Algunas voces –sobre todo de ERC, Podemos y el PSOE– consideran que la nueva ley blinda el modelo de escuela catalana porque se ha eliminado la referencia de que el castellano es también vehicular. En cambio, otras opiniones avisan que la frase que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano" reprime a la Generalitat, en cuanto que es administración educativa. El TSJC ya ha dicho que la ley Celaá "no cambia las cosas" porque la obligación de que el castellano sea vehicular "deriva directamente de la Constitución", según recogieron dos sentencias que anulaban el proyecto lingüístico de dos escuelas en Barcelona y Abrera.

Paralelamente, y para impedir que sean los jueces quienes deciden qué se hace en la escuela, la Generalitat podría mover pieza y regular por iniciativa propia cómo tiene que ser el aprendizaje del castellano en Catalunya. Es decir, desplegar un nuevo marco normativo porque las lenguas no queden en manos del TSJC. Aquí hará falta imaginación e inventiva para emitir algún reglamento o decreto que sea difícil de tumbar y que marque el peso del catalán y del castellano, pero sin porcentajes. Por ejemplo, se podría condicionar la enseñanza de las lenguas en función de la etapa escolar de los alumnos o la zona o comarca de Catalunya donde se encuentre el centro y los datos de usos lingüísticos de que disponga el departamento. También se podría modificar el redactado de la ley de educación de Catalunya (LEC), que solo dice que al acabar la ESO los alumnos tienen que haber adquirido "el pleno dominio de las lenguas oficiales catalana y castellana". Y en caso de que el TSJC, el gobierno español o cualquier entidad no lo vean bien, lo podrían denunciar y abrir un nuevo frente a los juzgados.

¿Se tocará el modelo lingüístico actual?

Se podría actualizar, pero hará falta mucho consenso político

Lo que parece difícil es que las cosas sigan como ahora. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ya dijo en una entrevista al ARA que el Govern quiere "actualitzar el modelo lingüístico" y hacerlo "sin porcentajes", y el viernes Aragonès explicó que el Govern trabaja en el "despliegue normativo para afianzar el modelo de escuela catalana", pero no concretó nada más. Desde hace un año, el Govern ha ido publicando varios estudios que contradicen que el castellano es "residual" en las aulas de Catalunya como apuntaba el TSJC en la sentencia: entre otras cosas , se ha constatado que menos de la mitad de profesores hablan en catalán a sus alumnos y que el uso social del catalán ha pasado del 68% al 21% entre los alumnos en 15 años.

A pesar de todo, lo cierto es que actualizar el modelo lingüístico es abrir la caja de los truenos, porque hay el riesgo de romper uno de los grandes consensos del país. Voces de diferentes entornos políticos consideran que hay que readaptar la enseñanza de las lenguas a la nueva realidad sociolingüística que hay en Catalunya, pero esto no quiere decir que haya acuerdo sobre cómo hacerlo. Hará falta mucho diálogo para llegar a acuerdos y afianzar la unidad política y social.

Ahora bien, es improbable que se decida cambiar radicalmente de modelo e implantar, por ejemplo, el que se aplica en el País Vasco. Allí las familias eligen el peso del euskera y el castellano a partir de cuatro opciones, y el 82,4% de las familias opta por el euskera como lengua vehicular, cosa que ha permitido triplicar el número de jóvenes vascohablantes en 30 años. Con todo, sin embargo, varias voces consideran que este modelo no es adecuado porque separa a los alumnos por razón de lengua.

¿Qué alternativas hay?

Desobedecer puede comportar consecuencias judiciales

Algunas entidades y partidos han propuesto que el Govern desacate o ignore la sentencia. Hacer explícita esta desobediencia podría comportar consecuencias judiciales para los responsables del departamento de Educación, a quien va dirigida la sentencia, y no es descabellado pensar que también podrían salir salpicados funcionarios como los directores de centros o inspectores de educación en caso de que sean denunciados. Las 14 entidades españolistas agrupadas en la asociación Escuela de Todos - Escola de Tothom ya han avisado de que actuarán si "se entorpece" la ejecución de la sentencia. "La Inspección tiene que garantizar el cumplimiento de las instrucciones", sostiene la entidad, que también alerta de la "gravedad que tendría cualquier instrucción o actuación dirigida a impedir la eficacia de la sentencia firme". Parece claro que, a pesar de que la sentencia ya no se puede recurrir más, la batalla judicial por las lenguas en la escuela no se ha terminado.