Mientras la alta judicatura boicotea la aplicación de la ley de amnistía, el Estado ha decidido precisamente jugar la carta de esa ley para blindarse en el juicio en Estrasburgo, donde está acusado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH) de haber vulnerado derechos fundamentales en la causa del 1-O. Pese a negar la mayor, y seguir afirmando que los procedimientos judiciales en el Tribunal Supremo cumplieron con todas las garantías, por si los abogados del Estado han presentado alegaciones remitiéndose a los indultos aprobados en 2021, en eleliminación de la sedición y la reforma de la malversación de 2022y por primera vez en la ley deamnistía de este 2024.
Esta tríada es el escudo jurídico-político en el que basa su defensa el gobierno español, el cual, sin embargo, sigue rechazando de lleno que se condenara a los políticos independentistas por su ideología: los abogados del Estado reiteran que, a en su opinión, no hubo vulneración de la libertad de expresión y de asociación, ni de la libertad, ni de la defensa. Pero si se ponen la tirita antes de la herida, por algo será. Es decir, juegan todas sus cartas. Y en este juego de balanzas existe un cierto reconocimiento implícito de duda jurídica.
En todo caso, ahora las defensas de los nueve presos políticos que interpusieron la denuncia en el TEDH tendrán la oportunidad de explicar que la amnistía se ha aprobado, sí, pero que en muchos casos no se está aplicando. Y de nuevo, ante esto la previsible respuesta del Estado será que los condenados, en función de las sentencias, deberían haber cumplido entre nueve y quince años de cárcel y que, en cambio, fueron liberados al cabo de tres años y medio en el peor de los casos. Es paradójico, por no decir kafkiano, que sea gracias al diálogo político y la subsiguiente acción legislativa boicoteada por los magistrados de que España encuentre argumentos para defender en Europa la supuesta ecuanimidad de su estado de derecho.
La justicia europea, a la que se puede acceder una vez ya se han agotado las instancias estatales, suele llegar tarde y, por tanto, a tener efectos políticos limitados. Pero es importante que, aunque sea así, eventualmente se haga justicia poniendo en evidencia la injusticia. Pero todo es muy lento. El post-proceso se está haciendo largo. Y, sin embargo, hasta que no se acabe la represión, hasta que no vuelvan en libertad todos los exiliados, en especial el expresidente Puigdemont, no se podrá hablar de normalidad política plena y seguirá pesando la sospecha de parcialidad y lawfare sobre los tribunales españoles. El combate jurídico elevado en Estrasburgo debe interpretarse en este contexto. Los independentistas afectados aspiran muy legítimamente a recibir un trato que les compense del sufrimiento personal y del agravio político. El Estado, por su parte, busca básicamente no salir perjudicado en su imagen. Y en cuanto a los magistrados del Supremo, espoleados por la derecha y la extrema derecha, van a la suya; es decir, acuden al choque contra la amnistía y contra cualquier elemento de distensión. Todo esto es lo que ahora está en liza en el TEDH, con la amnistía capada en el centro de la partida.
