Una amnistía que no deje atrás a nadie
Casi desde el primer momento en que se supo que el PSOE estaba dispuesto a aprobar una amnistía para todos los encausados en el marco del Proceso, en muchos despachos empezaron a prepararse estrategias para boicotearla. En las últimas semanas, con los autos del juez Manuel García-Castellón donde se intenta construir una acusación por terrorismo en la causa del Tsunami por la muerte de un turista por un infarto durante la ocupación del aeropuerto de El Prat, se ha visto claramente hasta dónde están dispuestos a llegar algunos con este objetivo. Paradójicamente, ha sido la actitud del juez de la Audiencia Nacional la que ha acabado de convencer al PSOE de que había que ir más allá para acabar de blindar los casos del Tsunami, que afectan a Carles Puigdemont y Marta Rovira, ya los CDR. Las enmiendas transaccionales pactadas por los socialistas con Junts y ERC van en esta línea para asegurar que la amnistía no deja atrás a nadie, ni siquiera a personas que podían estar preparando algún tipo de sabotaje pero que en ningún caso pretendían matar o causar daños personales, que sería la esencia de la actividad terrorista.
Poco a poco, pues, el PSOE ha ido dando pasos hasta acercarse al diagnóstico que hacía el independentismo sobre lo que había sido la respuesta del Estado a los hechos de octubre de 2017. La ilegal con la operación Catalunya, por supuesto, pero también la que se produjo de forma aparentemente legal a través de la actuación de la justicia. Y la única forma de recuperar no tanto la convivencia, como afirma el PSOE, sino la normalidad democrática, es poner el contador de causas judiciales a cero y trasladar el conflicto político a la mesa de negociación.
Resulta curioso que ahora sea la derecha española la que quiera recurrir a Europa para detener la amnistía, cuando ellos mismos han sido los principales críticos con las garantías ofrecidas por las instituciones europeas a los eurodiputados independentistas catalanes, y más cuando la justicia belga , la alemana, la británica o la italiana han tumbado las pretensiones del juez Pablo Llarena. La Unión Europea considera el caso catalán un asunto interno español, y eso que antes desesperaba el independentismo ahora enerva a la derecha española.
La ley de amnistía se aprobará la próxima semana en el Congreso y pasará entonces al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ha introducido cambios en el reglamento para dilatar al máximo la votación. Así pues, asistiremos a dos meses de comparecencias y debates encendidos, pero en última instancia la ley deberá volver al Congreso para ser aprobada de forma definitiva. Guste o no, la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional español, que durante muchos años estuvo controlado por la derecha pero donde ahora hay una mayoría progresista que hace prever que la norma pasará el filtro. Si todo va bien, a la derecha política y judicial sólo le quedará la opción de protestar y rasgarse las vestiduras. Por eso habrá que armarse de paciencia los meses que vienen.
