El análisis de Antoni Bassas: 'Sale a dos euros y medio por cabeza'

Al final, a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas los avalará el Institut Català de Finances. Mientras tanto, el Govern continúa buscando un avalador entre algún banco extranjero, porque los bancos españoles no quieren saber nada.

De forma que ahora todo el mundo está pendiente de saber qué hará el Tribunal de Cuentas cuando lleguen los avales, si los aceptará o no. Y a juzgar por lo que publican hoy varios medios, es difícil que los acabe aceptando, basándose en la idea de que no acepta dinero público para reparar mal uso de dinero público, y menos si es dinero que viene precisamente de la administración perjudicada, que es la Generalitat, y que aceptarlo sería un fraude de ley. 

En este punto, hay que insistir: usar dinero público para la acción exterior de Catalunya, organizar debates o pronunciar conferencias es perfectamente legal. Y, por eso, el gobierno de la Generalitat ya ha dicho que no se siente perjudicado por la acción exterior de los ejecutivos de Mas y Puigdemont entre 2011 y 2017. Estamos ante la acción del Estado para arruinar literalmente la vida de una treintena de personas y que el resto del país se lo mire, trague saliva y escarmiente pensando qué le podría pasar a su patrimonio o a su pensión de jubilación o a sus ahorros si hace política defendiendo la independencia de Catalunya. Es un caso de crueldad institucional y no encontrarán ni un gramo de justicia.

Algunas fuentes dicen que quizás el tribunal habría aceptado el contraaval del Institut Català de Finances si hubiera llegado con el aval de un banco, pero ya se lo comentamos ayer: determinadas instituciones del Estado, donde la mayoría es conservadora, quieren que todo el mundo, también los bancos españoles, tengan miedo. 

Por eso el conseller Giró dijo el martes que no quería poner en un compromiso a los funcionarios del ICF y, en cambio, ayer dijo que al final sería posible. 

Tanto da que ayer socialistas y Esquerra cambiaran cromos: el PSC apoyó los avales del ICF y Esquerra salvó al gobierno de Pedro Sánchez de perder por un voto la ley sobre hacer fijos a los interinos en la función pública. Tanto da que el gobierno español vea con buenos ojos el aval del ICF, o que la Abogacía del Estado no se meta con el argumento de que la parte afectada no es la administración central del Estado. Todo esto da igual, porque el nacionalismo español siempre encuentra un organismo del Estado para llegar allá donde no llega con los votos, que es Catalunya.

Me constan casos concretos de afectación personal, quiero decir física y psíquica, en los perseguidos por el Tribunal de Cuentas. Todo ello es un abuso de poder y la negación de la política.

Por todo ello, cuando recordemos que más de dos millones de personas votaron el 9-N y el 1 de Octubre, apelamos a la voluntad individual de cada cual de contribuir desde la Caixa de Solidaritat a evitar que el Estado arruine (más) a aquellos que hicieron posible la consulta y el referéndum. 

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.