MadridLa elaboración y pacto de la ley de amnistía se está convirtiendo en un proceso muy accidentado, donde el principal protagonismo ya no parece estar en manos de los grupos parlamentarios –fundamentalmente el PSOE y los partidos independentistas–, sino en el abuso de todo tipo de circunstancias paralelas a la negociación política propiamente dicha. Así, el papel estelar de los últimos días lo han tenido jueces y fiscales -en especial el magistrado Manuel García-Castellón- y dirigentes políticos que se han repartido la función de incendiarios o bomberos. Entre los primeros estaría el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, últimamente rodeado de colegas autonómicos del PP, y entre los últimos buena parte de la ejecutiva del PSOE, que salió en tromba a decir al suyo barón que baje el tono de sus críticas a las concesiones que los socialistas están haciendo a sus socios parlamentarios.
El objetivo compartido por los negociadores es que la ley no quede tan rebajada que acabe apareciendo como una operación fracasada. Sin embargo, el entusiasmo del PSOE sobre los últimos pasos –pensados para impedir que prosperen los bastones judiciales en las ruedas de los acuerdos políticos– es perfectamente descriptible. En cualquier caso, las posiciones del juez, por un lado, y las del presidente autonómico socialista, por otro, tienen algunos puntos en común, por su evolución paralela. García-Castellón empezó por encontrar un punto de conexión entre la muerte de un ciudadano francés durante la marcha e intento de ocupación del aeropuerto de Barcelona, tras la sentencia del Supremo sobre el 1 de Octubre, y de momento ha terminado por hacer suposiciones sobre la posibilidad de que los planes de Tsunami Democrático incluyeran una acción contra el rey Felipe VI en el 2020, aprovechando una estancia del monarca en Poblet.
García Page, por su parte, ha colocado a su partido, el PSOE, en el “extrarradio” de la Constitución por el hecho de que esté dispuesto –y así lo han pactado los socialistas– a excluir de la amnistía sólo los hechos que "de forma manifiesta y con intención directa" hayan provocado "violaciones graves de derechos humanos", con especial referencia a los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como al derecho internacional humanitario.
La defensa de Puigdemont ha pedido la nulidad parcial del sumario sobre Tsunami Democrático por las sucesivas prórrogas, que según el abogado Gonzalo Boye se acordaron de forma irregular. No es fácil que este recurso prospere. Pero, pase lo que pase, lo más significativo de la evolución reciente de este procedimiento es que, conocida la mencionada enmienda pactada por el PSOE con Junts, el juez García-Castellón ha dictado una nueva resolución en la que vuelve a suscitar la cuestión de la existencia de presuntos delitos de terrorismo, en concreto por la posible voluntad de actuar con “ánimo homicida” por las graves lesiones recibidas por un policía el 18 de octubre de 2019 –cuatro días después de que se hiciera pública la sentencia de la causa del Proceso–, una actuación que remite a Tsunami Democrático, por su vinculación con las protestas de esos días.
Las resoluciones del juez instructor de estas investigaciones tendrán que ser revisadas en algún momento por la sala penal de la Audiencia Nacional, y ya se verá si se mantienen en pie. Pero permiten darse cuenta de que, una vez terminada la batalla política sobre la ley de amnistía en el Congreso y en el Senado, habrá un capítulo tanto o más largo y complejo en diversas instancias judiciales. También en la sede de la justicia constitucional, que probablemente avalará la ley, pero con no menos de cuatro votos particulares en contra, los que ahora tiene el grupo conservador del órgano de garantías.
Con este panorama, no es de extrañar que las críticas de Emiliano García Page a la ley de amnistía y su negociación con enmiendas al texto hayan terminado provocando la réplica de portavoces del gobierno y de la ejecutiva del PSOE. Los socialistas salieron mucho tocados de las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, pero las recientes imágenes de Page haciendo manitas con presidentes autonómicos del PP no creo que le ayuden mucho. Es verdad que en Castilla-La Mancha existe una cierta tradición en ir por libre y mantener ciertas tensiones con el gobierno, sea del PP o socialista. Recordemos las presidencias de José Bono o José María Barreda, por ejemplo. Ambos presidieron gobiernos autonómicos socialistas y generaron dolores de cabeza a la administración central cuando estaba en manos de su propio partido.
El PSOE, poco sospechoso de ser extraconstitucional
Pero la situación actual es mucho más delicada por la correlación de fuerzas en el Parlamento español. Y no es razonable que García Page coloque a su partido en el “extrarradio” de la Constitución. El texto constitucional carece de periferias difusas. O se está dentro o está fuera. Vuelvo a decir que un partido que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución para suspender una autonomía –la de Catalunya, precisamente– no puede ser sospechoso de planteamientos “extraconstitucionales”.
Page debería ser consciente de que lo que está intentando su partido es, precisamente, encajar en la Constitución una iniciativa política, una ley, que según la derecha judicial del país lesiona principios constitucionales básicos. Las lamentaciones de Page le hacen el juego a la estrategia más radical opuesta a pasar página a las consecuencias del Proceso. Quizás lo ha empezado a entender, porque ha tratado de matizar sus palabras diciendo que lo que quiere es que gobierne el PSOE y que “las cesiones que hacemos a los independentistas sean las menos posibles”.
En paralelo, hemos empezado a tener datos del espionaje a Pere Aragonès, a quien el CNI situaba al frente de los Comités de Defensa de la República (CDR). Una tesis que permite intuir que se intervino su teléfono en el curso de una investigación prospectiva para ver lo que se encontraba en su terminal. Una actuación de este tipo no es demasiado ejemplar. Proporcionaría en todo caso una idea de los palos de ciego que hizo la inteligencia española. Y permanece, entre otros, la pregunta de cómo se intervinieron más de sesenta teléfonos cuando el Supremo sólo autorizó la intervención de dieciocho. Mejor si esperamos la respuesta sentados.
