Infraestructuras

La campaña revive el debate de los peajes en España

Bruselas ratifica que el Plan de Recuperación contempla el pago en 2024, pero el desenlace dependerá del próximo gobierno español

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Cataluña, saturada de peajes

MADRIDLa campaña electoral ha reavivado el histórico debate de los peajes en España. Todo empezó con el frente a frente entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones generales de este 23-J. Feijóo le preguntaba a Sánchez si "cobraría en todas las autovías de España" en el 2024 y el todavía presidente le contestó que no. Sin embargo, desde entonces la pregunta de si el año que viene estas carreteras tendrán o no peajes no ha parado de llenar titulares e, incluso, ha sido comentado por la Comisión Europea.

Estas son las claves de cómo se ha llegado hasta aquí:

¿El Estado ha estudiado poner peajes?

Sí. El gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en reiteradas ocasiones "un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad". Lo defendía el exministro de Transportes José Luis Ábalos y lo ha defendido su sucesora, la actual ministra Raquel Sánchez. Ambos siempre han apelado por un sistema consensuado. No sólo con sectores como el del transporte: Ábalos llegó a defender un "consenso político". Se trata de una medida que, en general, tiene poca aceptación social.

¿Qué significa "pago por uso"?

Durante meses se trabajó en posibles opciones para establecer este sistema de pago por uso de las autovías. Como explicaba el ARA, se estudió aplicar una viñeta al estilo suizo, con la intención de evolucionar unos años después hacia un modelo automático (con cámaras y sin las tradicionales barreras) que cobre peaje a los coches en función de los kilómetros que hayan recorrido.

Los estudios, sin embargo, no llegaron a buen puerto, hasta el punto de que en junio de 2022 la ministra Sánchez dejó en vía muerta la generalización de los peajes en toda España. "Ahora no se dan las bases", dijo. Y en plena campaña, Sánchez ha vuelto a desmentir este jueves que "el gobierno de España intente [aplicar] un sistema de pago por el uso [de las autovías]".

El hecho de dar marcha atrás también tuvo consecuencias en la ley que, a priori, debía incorporar la medida (la ley de movilidad y financiación del transporte). Cuando esta norma dio el salto al Congreso de Diputados a finales del año pasado, ya no incorporaba ningún artículo en el que se previera un sistema de pago por el uso de estas infraestructuras.

¿Existe un compromiso con Bruselas?

Sí. El compromiso se tomó en el 2021 en el marco del Plan de Recuperación español vinculado a los fondos europeos antipandemia. Para ser precisos, el componente 1 del Plan recoge que la ley de movilidad y financiación del transporte "prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implementarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político". Una portavoz de la Comisión Europea ha ratificado este jueves que este es el compromiso asumido.

Y ahora, ¿qué?

El desenlace depende ya del próximo gobierno que llegue a la Moncloa. A priori, el Plan de Recuperación mantiene este compromiso para el 2024, pero fuentes del ministerio de Transportes explican al ARA que se estaba renegociando la fecha con Bruselas. De hecho, la opción de poder modificar el plan es viable. En cualquier caso, la propia Comisión Europea ha explicado este jueves que la medida forma parte de los hitos vinculados al quinto desembolso de los fondos y que será entonces cuando "se discutirá". Además, fruto del adelanto electoral, la ley ha quedado en el limbo y deberá volver a tramitarse.

¿Qué decía el PP?

Pese a que el PP ha criticado el planteamiento del pago por uso y ha dicho que está "en contra", lo cierto es que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) también estudió la idea. En 2018, antes de la moción de censura, el entonces gobierno de Rajoy pidió diferentes estudios a la empresa estatal Ineco sobre el pago por el uso de carreteras y la posibilidad de aplicarlo a partir de 2021.

Sea como fuere, la conservación de las carreteras de alta capacidad (unos 12.000 quilómetros en toda España) supone un coste económico que España, pero también Europa (los estados miembros se han decantado por diferentes modelos), debe afrontar, y de ahí la recurrencia del debate.

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