La absolución del expresidente valenciano Francisco Camps en la última causa que seguía viva contra él simplemente demuestra la dificultad para condenar penalmente a los responsables políticos en los casos de corrupción, pero no niega, ni mucho menos, que durante su mandato la Generalitat Valenciana y su partido protagonizaran numerosos escándalos que, a lo largo de los años, han provocado decenas de condenas. Eso sí, ninguna contra quien estaba en lo alto de toda la estructura. En realidad, de la decena de casos que salpicaban a Camps, solo llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por dos, y los dos eran mucho menores en comparación con el volumen de dinero irregular que se llevó la trama Gürtel. El primero fue el famoso caso de los trajes, en el que un jurado popular le absolvió de un delito de cohecho por haber recibido regalos de la trama. Y el segundo, del que ha sido absuelto este miércoles por la Audiencia Nacional, hacía referencia a un contrato en la empresa Orange Market para organizar el stand del País Valenciano en Fitur, por el que se le pedía un año de cárcel y seis meses de inhabilitación. Éste y otros contratos que finalmente han prescrito sirvieron para pagar en la trama el cerca de un millón de euros que el PP le debía de organizar actos electorales. Aunque muchos testigos declararon que la orden de contratar a Orange Market, la empresa de Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes, venía de Camps, los jueces consideran que para condenarle necesitaban una prueba directa, escrita o grabación telefónica, que no existe.
La cuestión es que aunque Camps haya eludido la acción de la justicia en su caso particular, él es el principal responsable político de todo el caso, por acción o por omisión. Lo cierto es que mientras él fue presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP, afloraron numerosos casos de corrupción, no sólo la llamada rama valenciana del caso Gürtel. La lista es interminable: el caso Mesa, el caso Emarsa, el caso Erial, el caso Cooperación, el caso Brugal... En total se calcula que ha habido 135 condenas, entre ellas a una exconsejera y presidenta de las Corts como Milagrosa Martínez, que ingresó en prisión; al exconseller Rafael Blasco; al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra... Algunos otros, como el expresidente de las Corts Juan Cotino o la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, murieron antes de que se dictara sentencia. El expresidente Eduardo Zaplana está ahora en pleno juicio por blanqueo de capital, y otro expresidente, el efímero José Luis Olivas, fue condenado por su gestión al frente de Bancaja.
Con este historial, Francisco Camps no puede presentarse ahora como una víctima, como alguien impoluto que vivía en un barro de corrupción sin darse cuenta de nada. Su obligación como presidente era acabar con la corrupción y no cargar la responsabilidad en sus subordinados, como ha hecho todos estos años. Su pretensión de volver a la política es ridícula y provoca vergüenza, incluso dentro del PP, para el que Camps se ha convertido ahora en un problema grande.
